Los jueces, «preocupados» por la «precipitada» implantación de los Tribunales de Instancia
55 decanos, entre ellos el de Donostia, lamentan «el escaso margen de tiempo» para hacer los cambios, lo que «puede afectar al servicio»
Los decanos de los partidos judiciales integrados en la última fase prevista para la constitución de los Tribunales de Instancia en España, previsto en la ... Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia impulsada por el ministro Félix Bolaños, expresaron ayer su «preocupación» por el estado en el que se encuentra la implantación de los nuevos requerimientos organizativos, que deben entrar en vigor el 31 de diciembre de 2025. El cambio ha sido paulatino y repartido en diferentes fases, pero de todas formas 55 decanos que firmaron una nota remitida ayer a los medios, entre los que se encuentra Santiago Romero, el de San Sebastián, transmitieron que «es imprescindible contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades».
La ley pretende simplificar la estructura judicial transformando 3.900 juzgados en 431 Tribunales de Instancia y creando las Oficinas Judiciales, que darán servicio a diferentes secciones y jueces. En la práctica, los cambios que se van a introducir son sobre todo de denominación de las diferentes secciones y equipos judiciales, aunque el objetivo de esta reforma del modelo es mejorar la eficiencia de la justicia en un momento en el que la mayoría de los juzgados soportan una sobrecarga considerable.
En la queja por tener «escaso margen de tiempo» previsto para la implementación de estos cambios, los decanos lamentan que «nuestras sedes judiciales concentran el mayor volumen de litigiosidad por corresponder a las capitales de provincia y a los partidos judiciales con mayor número de juzgados» y que «a menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo modelo organizativo no contamos ni con todos los medios ni con una suficiente planificación que permita garantizar su eficacia, lo que puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio público en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados».
Denuncian que «a pesar de que desde la entrada en vigor de la ley hemos ofrecido toda nuestra colaboración a las Administraciones para que la activación sea eficaz, no contamos a fecha de hoy ni con el diseño organizativo interno de los Servicios Comunes que integrarán la oficina judicial de cada Tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación».
Desde el departamento de Justicia explicaban hace unos meses que «a efectos prácticos, gran parte de los cambios afectan a la organización interna de los juzgados y a la denominación de sus secciones y equipos, pero las funciones de cada uno serán muy similares». Y el juez decano de San Sebastián, Santiago Romero, aseguraba a este periódico que esta reforma «es un poco un 'gatopardo' judicial. Se cambia todo de nombre, se pone una nomenclatura que parece novedosa, pero prácticamente se queda todo igual».
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