Condenan a una clínica de Donostia a pagar un millón a un joven que tras nacer sufrió una grave lesión cerebral

La Audiencia de Gipuzkoa afirma que las cuatro profesionales que atendieron al recién nacido «no actuaron con toda la diligencia que de ellas era exigible»

Javier Peñalba
JAVIER PEÑALBASAN SEBASTIÁN.

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a la clínica Quirón de San Sebastián a indemnizar con un millón de euros a un donostiarra de 19 años que a los cuatro días de nacer sufrió una grave lesión cerebral como consecuencia de una incorrecta actuación profesional de la ginecóloga y tres pediatras que le atendieron tras el alumbramiento. La Sección Segunda considera que las cuatro médicas «no actuaron con toda la diligencia que de ellas era exigible». Asimismo, concluye que una «irregular e incorrecta manera de funcionar» en el centro dio lugar a que no se produjera una «adecuada transmisión de los datos clínicos» entre las doctoras que intervinieron.

La resolución prácticamente confirma un fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia número 1 de la capital guipuzcoana, que ya sentenció al grupo sanitario a abonar 979.953 euros, suma que ahora el tribunal ha elevado a 1.053.2787. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La cifra

46%
de minusvalía le ha sido reconocido al joven. La lesión que sufrió cuatró días después de su nacimiento le ha dejado secuelas graves, entre ellas una parálisis cerebral que le genera una disminución de la movilidad en las cuatro extremidades así como dificultad para articular sonidos y palabras.

Los acontecimientos que han dado lugar a este proceso judicial tienen su origen en el nacimiento del bebé, en septiembre de 1999, en la clínica, en el parque de Alcolea del barrio de Egia. El niño, que era el segundo hijo del matrimonio, nació con una enfermedad denominada esferocitosis que le había sido transmitida por el padre. Esta patología no fue detectada en el recién nacido por ninguna de las demandadas, aun cuando el progenitor, en el transcurso del embarazo de la primera hija del matrimonio, puso en conocimiento de la ginecóloga que cuando tenía unos cuatro años le diagnosticaron una «anemia hemolítica y que transcurridos unos dos años le extirparon el bazo. Esta circunstancia también fue advertida a una de las pediatras que ya había controlado la salud de la primogénita en sus cinco primeros meses de vida.

El tribunal censura el funcionamiento de la clínica que califica de «irregular»

Tras el nacimiento y posterior periodo de recuperación en la clínica, el niño y su madre regresaron al domicilio familiar. El día del alta el bebé mostraba una coloración de ictericia grado uno, que la pediatra consideró fisiológica y no relacionó en modo alguno con la anemia descrita en su día por el padre.

Dos años antes, la misma médico pediatra ya había detectado idéntica sintomatología en la hija mayor, a la que también atendió, por lo que tampoco concedió mayor relevancia al hecho de que su hermano tuviera la misma reacción.

Pérdida de fuerza y apetito

Transcurridos, sin embargo, dos días desde que llegaron al domicilio, la madre observó que el niño presentaba pérdida de fuerza, así como falta de apetito y somnolencia. Aquella situación hizo que la progenitora llamase por teléfono a la consulta del pediatra habitual, el que llevaba atendiendo a la primera hija a partir de los cinco meses.

El especialista le dio una cita y la misma tarde examinó al paciente. Al observar el intenso grado de ictericia que presentaba el niño, con independencia de cuál fuera la causa del mismo, acordó su inmediato traslado al Hospital Donostia. Una vez en dicho centro, el pequeño fue sometido a pruebas analíticas que revelaron la presencia de un nivel de bilirrubina de 31,4 miligramos.

Aquella situación, según se describe en la sentencia, se debió a que el niño había nacido con una enfermedad denominada esferocitosis que le fue transmitida por su padre. Este supo de su enfermedad en todo caso antes de 1993, pues en tal año se lo manifestó como antecedente personal a un médico donostiarra; pero sin que el padre, profano en medicina, supiera que la enfermedad era hereditaria, pues nadie se lo había dicho.

Esta misma esferocitosis, que sin embargo no había generado ninguna sintomatología en la hija nacida dos años antes, fue la causa de que el pequeño presentara una «anemia hemolítica» y una subida de la bilirrubina hasta una cifra tan alta como la indicada.

Ante el estado del niño, los médicos del hospital donostiarra trataron de atajar la situación, si bien para entonces había padecido ya un grave daño cerebral.

Vía penal

Tras los hechos, la familia emprendió un proceso judicial por vía penal, toda vez que estimaron que las cuatro facultativas que asistieron al niño pudieron haber incurrido en un delito de imprudencia. Tras la oportuna instrucción, el asunto caso llegó hasta el juzgado de lo Penal número 3 de Donostia, cuya titular absolvió en abril de 2011 a la ginecóloga y a las tres pediatras. Esta resolución fue recurrida ante la Sección Primera de la Audiencia que confirmó el fallo exculpatorio.

Tras las dos resoluciones, la familia puso el caso en manos del letrado donostiarra Rubén Múgica que inició un nuevo pleito, esta vez por la jurisdicción civil. El letrado aportó nuevas pruebas tras lo cual dos órganos judiciales le han dado la razón. Primero fue el Juzgado de Primera Instancia numero 1º el que en febrero del pasado año condenó a Quirón a abonar 979.953 euros al joven, y ahora ha sido la Audiencia la que, tras desestimar el recurso del grupo hospitalario, eleva la cuantía indemnizatoria en 73.325 euros, lo que hace un total de 1.053.278.

Diligencia exigible

La Audiencia asegura en su resolución que «resulta de todo punto correcta» la conclusión a la que llegó el juez de Instancia, que apreció que las cuatro profesionales sanitarias «no actuaron con toda la diligencia que de ellas era exigible». Recuerda en este sentido que la ginecóloga conocía la enfermedad del padre, ya que él mismo se lo había transmitido.

Respecto a las pediatras, la sentencia de la Sección Segunda destaca que aun cuando las tres solo disponían del dato de que el padre había sufrido una anemia hemolítica y que si bien ésta no tenía por qué ser congénita -podía haber sido adquirida por otras causas-, «no puede esta Sala obviar el hecho (...) de que esa sola circunstancia ya tenía que haber hecho saltar todas las alarmas en las mencionadas profesionales, quienes, conociendo lo que ello podía implicar, tenían que haber tomado, como medida de precaución, la decisión de hacer al niño un seguimiento inmediato y un control minucioso» y practicarle «los análisis precisos, encaminados a descartar que pudiera padecer una enfermedad hereditaria, que su padre pudiera haberle transmitido». Pero además de todo lo anterior, la Sección Segunda censura el funcionamiento de la clínica que califica de «irregular». Afirma en este sentido, que las pediatras no cumplieron con su obligación de reflejar en la historia clínica del recién nacido todas las decisiones que se adoptaron en relación a él. Y también sostiene que no se llevó a cabo «la adecuada y correcta transmisión de los datos clínicos obrantes que se hallaban en poder de la doctora ginecóloga».

Por todo ello, el tribunal concluye que «esa forma de actuar» de las profesionales que trabajaban en el Centro Quirón, «sin reflejar en la historia clínica todos los datos que el tratamiento del niño conllevó desde su nacimiento y del seguimiento que se le hizo, sin elaborar una historia clínica única en relación a la paciente que reflejase todos los datos y antecedentes a ella, a su marido y a su anterior hija (...)», evidencian unas irregularidades de funcionamiento que no solo imputables a la médicas, sino también al grupo hospitalario.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos