Colectivos sociales tildan de «fracaso» la reforma de la RGI y exigen que se retire

Colectivos sociales tildan de «fracaso» la reforma de la RGI y exigen que se retire

ELA acusa a EH Bildu de dar «la excusa perfecta» a PNV y PSE para posponer el debate en lugar de «tumbarlo»

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN.

El aplazamiento del debate de la nueva RGI y la mano tendida de EH Bildu para negociar con más tiempo la reforma propuesta por PNV y PSE produjeron ayer sus réplicas. Colectivos sociales agrupados en la Red contra la Pobreza de Euskadi calificaron de «fracaso» la falta de apoyos de los socios de gobierno y exigieron que se retirase el texto que, aunque no superó su primer asalto parlamentario, salió con un hilo de vida.

La coalición abertzale mantiene su «firme voluntad» de alcanzar un acuerdo con jeltzales y socialistas, siempre y cuando estos se muevan de su sitio y aparquen algunas de las medidas que no ven con buenos ojos, como el recorte del 7% en las cuantías que se viene aplicando desde la legislatura de Patxi López. Nerea Kortajarena afirmó ayer que, de no producirse ese escenario, no tendrán ningún problema en impedir que se tramite la proposición de ley.

La postura del partido que preside Arnaldo Otegi resultó controvertida. Ayer, ELA acusó a EH Bildu de dar «la excusa perfecta» para aplazar el debate y retirar el punto del orden del día, cuando tenían la oportunidad de «tumbar» el proyecto si se hubiera votado, ya que los tres partidos de la oposición habían manifestado su rechazo, lo que hubiera significado el final del camino de la proposición de ley. «Era posible tumbarla. La retirada mantiene vivo el proyecto antisocial del Gobierno y da a este más tiempo para recomponer su alianza con el PP», dijo la central en un comunicado, refiriéndose al distanciamiento de populares y jeltzales tras la moción de censura a Rajoy. El 'no' del PP vasco a la reforma de la RGI ha sido la primera consecuencia política.

ELA recordó que, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, están tramitando una Iniciativa legislativa Popular con el objetivo de «dignificar» la RGI y el derecho a la vivienda en Euskadi, mientras que PNV y PSE presentaron un texto «con graves modificaciones y recortes que, no hay que olvidar, deben sumarse a los que ambos partidos han hecho en las pasadas legislaturas».

Por su parte, LAB también reclamó que no se aborde el texto, ya que se trata de «una propuesta restrictiva que no tiene ninguna vocación para garantizar a todos y todas una vida digna». En ese sentido, acusó a jeltzales y socialistas de no tener «ninguna voluntad de cambiar la dirección de las actuales políticas públicas».

Una prórroga y no un final

Podemos se desmarcó de esa estrategia y centró sus críticas en la postura adoptada por la izquierda aber-tzale. «Es como si estuviéramos en un partido y lo que hemos conseguido es una prórroga en lugar del final. Esta reforma tenía el final ayer mismo -por el jueves- y el Gobierno Vasco se hubiera visto obligado a retirarla y a presentar otro tipo de propuesta si EH Bildu no hubiera seguido la estrategia que siguió que, desde luego, Elkarrekin Podemos no compartimos», reprochó la parlamentaria de la formación morada Tinixara Guanche.

Los colectivos sociales agrupados en la red EAPN ven en el aplazamiento un riesgo de que finalmente la reforma termine aprobándose, lo que «empeoraría la vida de miles de personas» por los «recortes» que plantea. Así, asegura que el texto propuesto consolida recortes -la rebaja del 7% en las cuantías, que ya se aplica- e introduce otros nuevos, entre los que cita la limitación de una prestación por vivienda, lo que «expulsaría del sistema de protección a miles de unidades de convivencia que se ven a día de hoy obligadas a compartir piso por su situación de pobreza». La proposición de ley contempla excepciones a esta norma general, que despertó polémica desde que la medida fue presentada por la consejera Beatriz Artolazabal, hace ya casi un año.

Las asociaciones, entre ellas SOS Racismo y Sartu, solicitan a PNV y a PSE que «ante la realidad de pobreza, exclusión y desigualdad» tengan un «mínimo de sensibilidad» y retiren su propuesta.

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