Los chalets de la discordia en Ordizia: «Esa urbanización no es la solución, es solo para algunos»

Desde que en el pleno ordinario de marzo el Ayuntamiento de Ordizia aprobara la tramitación de una modificación en el Plan Parcial de Oiangualde, ha surgido la controversia en torno al proyecto de construcción de unos chalets. Los vecinos han creado una plataforma para intentar paralizar la urbanización del entorno y el consistorio ha organizado una reunión abierta para dar la información actualizada «en profundidad y detalle».

El proyecto está aprobado desde hace 25 años en el Plan General municipal, que contempla ese terreno como urbanizable. También está contemplado así en el Plan Parcial del Gobierno Vasco, que además identifica esa zona como a potenciar para uso mixto, esto es, tanto de uso residencial como industrial.

Sin embargo, la crisis de 2008-2009 trajo consigo la paralización de muchos proyectos urbanísticos. En el caso de este terreno, Promotora del Goierri, la empresa propietaria de la parcela en aquella época quebró y Kutxa se hizo con la finca. La promotora compró los terrenos a comienzos de siglo para su urbanización y el proceso ha seguido su curso.

La parcela que ha suscitado la controversia es parte de un amplio terreno con varios propietarios, pero que no está segregada de alguna manera. Lo gestiona una Junta de Concertación en la que están representadas todas las entidades ubicadas en la misma. En 2021, Construcciones Aburuza compró el terreno. Ahora, la Junta de Concertación de la que es miembro ha solicitado una modificación, que varía la cantidad de viviendas a construir, aunque no la superficie. En lugar de 27 casas bifamiliares, se ubicarían 82 viviendas adosadas. «Lo que se plantea ahora es una modificación sobre las viviendas que ya estaban aprobadas. Se verá si se aprueba o no. La decisión ahora no es construir o no construir, si no realizar una modificación a lo que está ya aprobado», tal y como aclaró el alcalde Adur Ezenarro.

En su momento, este proyecto surgió casi en paralelo a otro ubicado en el parque Oiangu. Este parque es de propiedad pública y aquí se proyectó un campo de golf. El parque es colindante en parte con la zona donde se ubicarían los chalets. «Oiangu es de propiedad pública, 100% titularidad del Ayuntamiento, y tiene carácter de terreno rural», indicó el alcalde. El terreno que se ha denominado Oiangualde, «no tienen nada que ver con Oiangu».

En su día, el proyecto del campo del golf movilizó a los ciudadanos y finalmente, este propósito quedó totalmente paralizado por la crisis, al igual que la urbanización del área de Oiangualde. Es aquí donde surge la polémica, ya que los chalets después de tres lustros habían quedado en el olvido. Aun así, la normativa del Plan General sigue vigente.

El alcalde explicó que «no es posible cambiar a no urbanizable, porque son contrarias a la ordenación territorial que nos es superior», y recordó que «en 2017 en los estudios que se realizaron para conocer la posibilidad de echarlo para atrás, se vio que era imposible. Otras alternativas y otras derivaciones que ahí se abren, la magnitud y cuantía de las indemnizaciones que pueden acarrear, hacen muy inviable retroceder en lo que está aprobado». Asimismo, explicó que hay otra parcela colindante a la de las viviendas, de otra titularidad, en la que está prevista la edificación de otro pabellón.

Aun así, al igual que cuando surgió el proyecto del campo de golf, un grupo de vecinos se ha mostrado contrario a la urbanización de esa zona y han creado la plataforma 'Oiangualde Stop!' con el objetivo de paralizar el proyecto, tanto la modificación del Plan Parcial, como de los chalets. «El plazo de alegaciones está abierto y estamos preparando el documento. Algunos basados en la legalidad, por lo que el Ayuntamiento debería tenerlos en cuenta y paralizar el Plan Parcial y su modificación», indican desde la plataforma. En la reunión de hoy esperan recibir «toda» la información, «aclarar las dudas de los vecinos, que se informe de todas las posibilidades de paralizar el proyecto». Esta falta de información sobre el proyecto es la reclamación más habitual que han percibido en el municipio. «Sentimos que esa urbanización no es la solución y que es solo para algunos». La semana pasada realizaron una recogida de firmas para presentarlo con las alegaciones que están preparando y este miércoles volverán a ofrecer la posibilidad.

En su momento, el sindicato Enba también se mostró contrario a la construcción de las viviendas. Eran conocedores de su carácter urbanizable, aunque hasta ahora las gestionaba un ganadero. Señaló a través de sus redes «conscientes de que la urbanización, que estará tan lejos del pueblo, no es un modelo urbanístico protegido y promovido por la legislación urbanística actual. Este tipo de soluciones no son adecuadas ni para los baserritarras ni para los ciudadanos de a sobrepuja».