El cambio de Martutene por un CIS desata las quejas de los presos

Los edificios del futuro Txomin Enea ganan altura a escasos metros de la vieja cárcel de Martutene./MICHELENA
Los edificios del futuro Txomin Enea ganan altura a escasos metros de la vieja cárcel de Martutene. / MICHELENA

Un centenar de reclusos piden que no les lleven a la cárcel de Vitoria | Advierten en una carta dirigida a Goia de que su traslado causará su «desarraigo social» y cercena su «derecho a defensa»

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

La «preocupación» por el cierre de la cárcel de Martutene y su sustitución por un Centro de Inserción Social (CIS) ha cundido entre parte de los presos que cumplen condena en el penal guipuzcoano. La noticia, adelantada por este periódico, de que el Ministerio del Interior elegía este modelo penitenciario para el futuro de la prisión -lo que descarta la opción de edificar una cárcel al uso en Zubieta, como se había proyectado- no ha contentando al grupo de condenados en segundo grado, aquellos que todavía no disfrutan del tercer grado para poder salir durante el día y pasan las 24 horas entre barrotes.

Alrededor de cien reclusos han remitido un comunicado al Ayuntamiento de Donostia titulado 'Todas las voces cuentan'. En el escrito, se oponen al cierre de Martutene y a su sustitución por un CIS, porque conllevaría su traslado al penal de Zaballa, en Vitoria. La decisión en la que ya trabaja Instituciones Penitenciarias no afectaría al grupo de condenados en tercer grado (alrededor de un centenar), porque estos pasarían a cumplir la pena en el nuevo Centro de Inserción Social, donde dormirían, pero les permitiría realizar las actividades diurnas en el exterior, como estudiar o trabajar.

Son los presos en segundo grado los que se sienten perjudicados por esta alternativa, ya que serían enviados a la cárcel de Vitoria, algo a lo que se oponen «por motivos de arraigo social» y porque menoscabaría» su «derecho a la defensa». Los reclusos sostienen que «no se trata de si Zaballa está lejos o cerca, se trata de que está ubicada fuera del territorio». «Ni nuestras familias, personas allegadas o defensas podrán venir a vernos o a asistirnos con la misma asiduidad», indican en la carta.

Desde la Delegación del Gobierno quisieron remarcar que el proyecto se halla todavía en una fase inicial y que todos los aspectos derivados de la reubicación de los reclusos al penal de Vitoria deberán ser tratados y solventados, como es la cuestión administrativa.

La desaparición de la cárcel en Gipuzkoa ya había sido puesta en entredicho por el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, pero es la primera vez que los propios condenados alzan la voz. Los letrados del territorio expresaron el pasado mes de febrero su postura, antes de conocerse el cambio de rumbo para el futuro del penal de Martutene. El Colegio solicitó tanto al Ministerio del Interior como al Ayuntamiento de Donostia que se construya la cárcel de Zubieta, cosa que no es incompatible con abrir también un CIS, según su lectura. «Gipuzkoa y la población reclusa actual del centro penitenciario en San Sebastián no puede quedarse sin el equipamiento comunitario que es un centro penitenciario, so pretexto de ser sustituido por un Centro de Inserción Social, porque no son instituciones reemplazables entre sí», remarcaron los abogados.

En una línea de defensa similar se posicionan los presos firmantes del comunicado remitido ahora al alcalde de Donostia, Eneko Goia. Los presos consideran que esta decisión, recién tomada, «menoscaba» el principio de «arraigo social» recogido en el ordenamiento jurídico. Trabajadores de Martutene también han alertado del impacto administrativo que tendría el traslado al penal vitoriano. Unos cincuenta presos que ahora cumplen condena en segundo grado en Martutene están empadronados en el mismo penal. «¿Quién se va a encargar administrativamente de ellos? ¿La administración alavesa? Porque sin empadronamiento no existes como ciudadano, y si les empadronan en Vitoria, perderían el acceso a los servicios sociales guipuzcoanos», manifestaba un trabajador de la prisión a este periódico.

Desde la asociación Arrats, José Mari Larrañaga se mostraba comprensivo con la preocupación manifestada por los presos, pero achacaba esos temores a «que no se les está dando bien la información sobre el modelo al que se quiere adaptar Euskadi», que supone potenciar los terceros grados, más recursos de reinserción y una sola cárcel. «Hay que explicarlo bien y lógicamente habrá asuntos que arreglar, como es el transporte de los familiares hasta Vitoria o la cuestión administrativa. Hay soluciones para solventar esos problemas», afirma Larrañaga.

«Único interés urbanístico»

Los presos firmantes también ponen sobre la mesa que la lejanía de Zaballa -cien kilómetros de distancia- va en contra del «derecho a la defensa, recogido como derecho fundamental en la Constitución Española». Y añaden que la «deslocalización» afectará a «un considerable número de trabajadores que de forma permanente o temporal» realizan labores penitenciarias.

Los presos acusan a Goia de tener «un único interés urbanístico» en la operación del cierre de la cárcel. Se refieren a la edificación de Txomin Enea, que ya se levanta a escasos metros del viejo penal. La primera fase de la operación contempla 874 viviendas (libres, tasadas y VPO). La segunda fase sumará otras 500 viviendas más en la parcela que ahora ocupa la cárcel. Pero para eso el penal tiene que desaparecer de su actual ubicación. Los presos sospechan de las «prisas» que se han imprimido al proyecto. «El centro penitenciario de Martutene cuenta con alguna dificultad, sí, pero tal circunstancia no debe utilizarse de forma interesada para ocultar el único y verdadero interés del alcalde, el desarrollo urbanístico. Contemplamos con asombro que se sigue edificando sobre los eslabones más débiles de la sociedad». «Tampoco entendemos -añaden-, conociendo la gran antigüedad de las citadas dificultades, por qué ahora corre tanta prisa, si bien se disipan todas nuestras dudas cuando desde nuestras pequeñas ventanas divisamos cómo se alzan grandes bloques de hormigón». El colectivo insiste en que la partida presupuestaria comprometida en su día por Interior estaba destinada a construir un nuevo penal en Zubieta, «que por supuesto podrá contar con un CIS, si así interesa», pero «no son canjeables el uno por el otro».

«Señor alcalde, usted prometió trabajar por todas y todos los donostiarras, le rogamos encarecidamente que consulte nuestro domicilio», añaden los internos, que apelan a la «movilización» contra «este nuevo atropello (...) a los más desfavorecidos», concluyen.

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