Los bares reabren tras el aval judicial

Los jueces aceptaron esta medida cautelar hasta decidir sobre el fondo del asunto, un revés judicial para el Gobierno Vasco, cuyos servicios jurídicos están estudiando si recurrir el auto. En la práctica, el sector puede abrir sin mirar al semáforo Covid y a las zonas rojas de altas tasas de incidencia. Dará igual que una localidad luzca en verde, rojo o ámbar, porque los bares podrán trabajar de cualquier modo con las mismas limitaciones con las que lo hacían en diciembre: básicamente, horario de seis de la mañana a ocho de la tarde y 50% de aforo en el interior, mientras que en las terrazas se deberá preservar el metro y medio de separación entre las personas sentadas, con un máximo de cuatro por mesa.

Pero todo esto podría saltar por los aires este viernes, dado que ese día volverá a reunirse el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) y podría tomar nuevas limitaciones que considere «adecuadas», tal como advirtió ayer por la tarde el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. En cualquier caso, los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico deberán hilar fino para no establecer medidas que puedan recibir otro revés del calibre del de ayer en forma de auto judicial, que, según señaló Zupiria, su gabinete «respeta pero no comparte».

De momento, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV ha dado cinco días de plazo al Gobierno Vasco para presentar posibles alegaciones a su resolución de «adoptar la medida cautelar» que las tres asociaciones vascas del sector pidieron el pasado jueves, y que ayer recibieron como «una buena noticia» que hará «justicia» al sector. De esta manera, han quedado suspendidos los criterios restrictivos recogidos en los decretos 44/2020, de 10 de diciembre, y 4/2021, de 22 de enero, del lehendakari, en los que se obligaba al cierre hostelero en los municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia acumulada en 14 días de más de 500 casos por 100.000 habitantes, así como en aquellos pequeños pertenecientes a un área sanitaria que contara a su vez con una elevada tasa de contagios.

Al tratarse de una resolución cautelar, las medidas adoptadas ayer podrían ser revocadas si cambiara la situación epidemiológica mientras dure el procedimiento judicial. Al no ser una sentencia definitiva, no crea jurisprudencia pero sí un precedente en el Estado, al ser la primera vez que la justicia da la razón a los hosteleros y revoca su cierre al constatar que no hay evidencias de que su actividad sea la principal causa de la propagación del virus en esta tercera ola. Por lo tanto, otras comunidades autónomas podrían encontrar aquí la vía para solicitar también medidas cautelares.

En su resolución, el TSJPV conviene con los hosteleros que las restricciones recogidas en el decreto 44/2020, de 10 de diciembre, son «adecuadas» para prevenir el virus, dado que durante el mes de diciembre, con bares y restaurantes abiertos desde el día 12, no se elevaron los contagios. De hecho, menciona un informe del Gobierno Vasco del pasado día 3, que recogía que «la incidencia mínima del virus se produjo el 27 de diciembre», una fecha muy similar a la del resto de autonomías, cuando en Euskadi «la hostelería (con sus limitaciones) llevaba abierta 15 días», sin que la incidencia de positivos «se elevase lo más mínimo».

Por tanto, entiende que no está «justificado» el persianazo decretado al concluir que «no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad», según el auto firmado por los magistrados Luis Ángel Garrido, María Josefa Artaza y José Antonio González.

En este sentido, alude a la relajación de las restricciones decretadas por el Gobierno Vasco para el periodo navideño. Apunta que «días antes» de la «escalada del nivel de contagios» registrada desde mediados de enero, «se adoptaron medidas en relación, fundamentalmente, con la movilidad» y, como consecuencia, «comenzaron a producirse encuentros de familiares y amigos en espacios privados con motivo de las celebraciones navideñas», que según «una parte importante de los epidemiólogos», «puede producir en torno al 80% de los contagios». Dada la propagación del virus en el último mes, en «muy numerosos municipios» debieron cerrar sus bares y restaurantes, «con lo que, al carecer de ingresos, se genera un grave quebranto económico». Impacto que, según el TSJPV, «resulta muy difícil de reparar ante l a realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual».

En esta línea, durante su comparecencia ayer en el Parlamento Vasco, y luego en una entrevista a DV el secretario general de Hostelería Gipuzkoa, Kino Martínez, cifró en 7.000 los puestos de trabajo «destruidos» en el año 2020, «sin contar» las personas que en la actualidad se encuentran en ERTE, por lo que instó a las administraciones públicas a no «mirar hacia otro lado» a la hora de conceder las ayudas directas que reivindican, que por el momento ascienden «a 232 millones de euros», que supondrían «el 50% de las pérdidas generadas» durante la pandemia.

A la espera de lo que decida el LABI este viernes, bares y restaurantes pueden trabajar bajo las mismas condiciones que en diciembre, aunque el temor de que puedan tomarse nuevas restricciones -de aforo o de actividad en el interior- está presente.