Alfonso Gurpegui: «Como cualquier política pública, la RGI también debe ser fiscalizada y controlada»

– ¿La nueva reforma de la RGI es más restrictiva y condicional que la ley actual o avanza hacia una mayor universalidad?

– Avanza hacia una mayor universalidad. Aunque mantiene el carácter condicionado de la renta por su vinculación al ámbito de la inclusión, claramente es una renta menos condicionada.

– Beneficiará a familias con menores y pensionistas. ¿Se habían quedado en un segundo plano?

– No, pero sí había un tratamiento diferente. Las familias con menores (15.704), monoparentales (8.763) y pensionistas (12.824) son los que salen más beneficiadas en esta reforma, con un aumento de cuantías. Las familias con hijos pequeños, en la ley actual, tienen una limitación respecto al número de menores. A partir del tercero no cuenta más y quienes tienen muchos hijos reciben lo mismo que quienes tienen solo dos. Se ha 'destopado' este elemento y así se protege más a los menores.

– El 18% de los perceptores de esta subvención son los conocidos como 'trabajadores pobres'. ¿Qué planes establecen en relación a los estímulos al empleo?

– Un total de 9.167 personas cobran el complemento de trabajo. La nueva ley declara indefinidos estos estímulos, que ahora cuentan con un plazo de dos años. En cualquier caso, están regulados por un decreto de 2001. Vamos a seguir aplicándolo mientras no se disponga de desarrollo reglamentario, pero hay que hacer este último para que responda a la nueva situación, además de una evaluación de lo que supone el impacto de los estímulos al empleo.

– La anterior reforma, que resultó fallida, proponía limitar la RGI a una por vivienda, lo que generó mucha controversia. ¿Eliminar este límite es sinónimo de querer crear una ley de largo recorrido?

– Partimos de la propuesta de la anterior reforma y de las opiniones que se vertieron alrededor de ella. Además, el Ingreso Mínimo Vital tampoco limita las prestaciones por domicilio. También hemos seguido algunas orientaciones del Ararteko. Por eso, las unidades de convivencia responderán a los elementos de parentesco hasta el segundo grado. Para ello aplicamos coeficientes correctores. Damos respuesta a una problemática provocada por la situación de la vivienda, pero también contenemos el gasto aplicando economías de escala.

– Otro de los puntos clave es el de hacer la RGI indefinida. ¿Qué implicaciones tendrá en la práctica?

– Incorporamos una revisión de la situación trimestral. Cada tres meses las personas deberán manifestar si ha cambiado su situación y lo comprobaremos. Ahora la prestación dura dos años, pero si las condiciones se mantienen se vuelve a prorrogar. Con esta nueva RGI eliminamos un trámite burocrático importante.

– En cualquier caso, imagino que el objetivo es que los perceptores alcancen los ingresos suficientes para dejar de necesitar esta ayuda en un par de años.

– Sí, aunque muchas veces los procesos son largos. No es lo mismo una situación de desempleo que una problemática más social.

– Lanbide estará obligado a ofrecer al menos una oferta de empleo a los titulares. ¿Es suficiente esta herramienta para que salgan de la situación de pobreza?

– No. Lo que decimos es que de alguna manera estamos obligando a las personas a trabajar en su proceso de inserción, y la administración también debe imponerse alguna obligación. Es una medida que, desde luego, no es suficiente, pero sí necesaria. Todas las persona que están en la RGI han de recibir alguna oferta de empleo o de formación. Lo que no puede ser es que haya muchas personas que llevan mucho tiempo en el sistema y no hayan tenido una oferta. Eso significa que no hemos contactado con ellas.

– ¿Ahora no se ofrece ningún puesto de trabajo o formación?

– La ley actual no contempla la obligación de hacerlo. Esta medida trata que las personas no se cronifiquen en la RGI.

– ¿Temen que con la ampliación de la RGI en el tiempo los beneficiarios se relajen?

– No creo que se produzca esa situación. Ahora, aunque tengan que rehacer el expediente cada dos años, la limitación solo es administrativa.

– ¿Hay riesgo de un aumento de fraudes?

– A todos los sistemas se les puede defraudar. Este es un sistema de protección que probablemente tendrá sus agujeros y aristas. Pretendemos facilitar la entrada para proteger más a las personas en situación de vulnerabilidad, pero eso exige un control. En este caso, trimestral. También hay que trabajar el tema de la interoperabilidad. Además, creamos una unidad de inspección para realizar revisiones aleatorias y revisar también al menos una vez cada dos años todos los expedientes.

– ¿Cómo se hacen a día de hoy estas revisiones?

– Ahora no hay un plan sistematizado. El inspector de facto es la persona que está trabajando con el perceptor. Eso muchas veces contamina la relación. Como cualquier política pública, esta también debe ser fiscalizada y controlada. Queremos mover ese momento de inspección a la parte trasera del mostrador, con una unidad formada por unas treinta personas.

– El Servicio Vasco de Empleo ha estado en el punto de mira por los cobros indebidos. ¿Hay capacidad de gestionar los controles trimestrales propuestos?

– Los indebidos son fruto del modelo de gestión, no es porque la gente nos engañe. Esos recursos que vamos a liberar con el nuevo modelo van a poder volcarse en la gestión trimestral. El éxito, o no, de esta reforma, por otro lado, reside en la automatización e interoperabilidad. En Francia se hace a través del móvil. Cada tres meses les llega un mensaje y tienen que responder si su situación ha cambiado o no.

– Aquí Lanbide se topa con la brecha digital.

– Sí. Por eso, promoveremos la tramitación electrónica, pero garantizando la atención presencial. Lanbide, además, debe avanzar en la alfabetización digital.

– Con la 'declaración responsable' se quiere agilizar el cobro. ¿Cuánto se tarda a día de hoy en recibir esta prestación?

– Entre dos o tres meses, pero hay que presentar bien todos los papeles. En ese objetivo de facilitar el acceso para responder a las situaciones de vulnerabilidad incorporamos la posibilidad de la 'declaración responsable'. Nos vas a contar tu situación y nos vamos a fiar. Al mes siguiente vas a cobrar, pero vamos a comprobar la declaración. Si nos has engañado puede haber una extinción de la prestación.