El autobús incendiado en Arrasate había pasado la ITV hacía apenas dos meses

Así lo aseguran fuentes de Avanza, la empresa concesionaria del servicio de transporte local, que subrayan que «todos los vehículos a nuestro cargo, tanto los que prestan servicio en Arrasate como en el resto de Gipuzkoa, tienen al día todas las ITV, revisiones y mantenimientos preventivos conforme marcan la ley y las indicaciones de los propios fabricantes».

En el caso del autocar incendiado, se trataba de un microbús Mercedes Sprinter matriculado el 27 de diciembre de 2010. Tenía, por tanto, doce años y medio. Y 426.341 kilómetros. En el último año y medio, desde que se aprobó la última concesión, «ha sido objeto de 74 actuaciones distintas de mantenimiento y reparación, con más de 300 horas de trabajo», remarcan en la compañía, que apuntan que «cuanto más viejo es un vehículo, más posibilidades hay de que sufra averías».

En este sentido, los responsables de Avanza señalan que todos los autobuses que cubren el servicio local de Arrasate (5 vehículos) tienen «entre 12 y 15 años», y que este incidente ha ocurrido «en un momento en el que precisamente habíamos empezado a trabajar en marzo con el Ayuntamiento para rejuvenecer la flota con autocares nuevos. De hecho, se han hecho pruebas con algún bus eléctrico», remarcan.

Tras el siniestro del miércoles, el autobús calcinado ha sido sustituido por otro subcontratado, de modo que el servicio se sigue cubriendo con cinco vehículos: cuatro en servicio y uno en reserva.

Las fuentes consultadas comparan la antigüedad de la flota de Arrasate con lo que sucede por ejemplo con la de los interurbanos de Lurraldebus, que se renuevan «cada 12 años como máximo».

En el caso de Arrasate, dentro de las condiciones del contrato para la prestación del servicio, Avanza compró al Ayuntamiento los autobuses, por lo que la responsabilidad de cambiarlos por otros nuevos si no están en condiciones de circular, o en caso de siniestro como el de esta semana, es de la propia compañía, a diferencia de lo que suele suceder con las concesiones, donde la titularidad es de la Administración responsable y la concesionaria solo se responsabiliza de la gestión y mantenimiento de los vehículos, no de su sustitución.

La compañía admite que «en octubre recibimos una llamada de atención del Ayuntamiento tras unas incidencias registradas en septiembre y octubre. A raíz de ello nos comprometimos a mejorar y en febrero presentamos un plan de choque con el que hemos logrado un ratio de disponibilidad por encima del 99%».

Ahora, tras el último incidente, la empresa ha solicitado reunirse la próxima semana con el Ayuntamiento –que ya negocia con otra compañía para que sustituya a Avanza– para exponerle un nuevo plan de mejoras.

Respecto a los expedientes que Avanza tiene abiertos por el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa, también por el estado de los autobuses en otras concesiones, la compañía asegura que este próximo lunes remitirá a ambas instituciones «un dossier con toda la información que nos han requerido». Además de en Arrasate, Avanza gestiona el transporte público en Zarautz, Oñati, Lasarte, y la concesión del Alto Deba de Lurraldebus, que incluye las conexiones de Donostia con Bilbao y Vitoria. Son más de 80 autobuses y una plantilla de más de 200 trabajadores en Gipuzkoa.

Unos empleados que el miércoles debatirán si aprueban movilizaciones de protesta por la «falta de mantenimiento» por parte de la empresa que llevan denunciando los últimos meses, además de por el despido de un trabajador y para reclamar a la Diputación que «tome cartas en el asunto». El comité de empresa se reunió ayer para idear un plan de movilizaciones que someterá a votación en las asambleas de los diferentes centros de trabajo. Una propuesta en la que no se descarta ninguna medida, paros incluidos.

En el encuentro no participó UGT –segundo sindicato en la compañía– contrario a iniciar ahora movilizaciones cuando un día más tarde, el jueves, responsables de la Diputación se reunirán con el comité para precisamente analizar las denuncias de la plantilla y, en su caso, adoptar medidas urgentes contra el operador –como piden los conductores– si se demuestran irregularidades.