La Audiencia decide mantener en la cárcel a los cabecillas del alijo de la cocaína de Zumaia

Tras la publicación del fallo, la Audiencia convocó el jueves pasado una vista a fin de que la parte acusadora y las defensas se pronunciasen sobre la situación procesal de las tres personas sobre las que habían recaído las penas más severas. En la sesión, que se celebró en la Sección Primera, el fiscal del caso, David Mayor, solicitó el ingreso en prisión de los acusados, mientras que sus letrados demandaron que se mantuviera la libertad provisional, en tanto la sentencia no fuese firme.

Al final, el tribunal, mediante un auto, ha acordado mantener a los acusados privados de libertad. Los procesados pueden permanecer en esta situación durante un periodo que abarca hasta la mitad de la pena que les ha sido impuesta, por lo que, con total seguridad, conocerán el fallo a sus recursos ante el Supremo desde prisión. La Audiencia ha asumido las tesis que en la vistilla mantuvo el ministerio público. David Mayor, fiscal antidroga de Gipuzkoa, solicitó prisión incondicional para los tres. Aún cuando reconoció que la gravedad de las penas impuestas no era motivo suficiente para la adopción de dicha medida cautelar, precisó que era «un elemento más a considerar», junto con el riesgo de fuga.

El fiscal asimismo sostuvo que ninguno de los tres detenidos contaban con un «arraigo de peso suficiente», al tiempo que señaló que carecían de una estabilidad laboral. «Lo que José María R.D. pueda haber desarrollado en los últimos años no tiene esa solidez que sería necesaria para hacer frente a ese riesgo de fuga», señaló David Mayor en relación al principal acusado, de quien dijo que si bien en la actualidad era padre de dos niños, «el conjunto de todos los elementos no tiene el peso necesario para enervar el riesgo de sustracción a la justicia».

La Fiscalía estimó que había quedado «acreditado», además, que el líder del grupo tenía contactos con personas enraizadas fuera del territorio nacional y «pensamos que hay un riesgo razonable de que se mantengan en el momento actual, lo cual siempre puede facilitar una huida», afirmó.

David Mayor igualmente presupuso que el procesado cuenta todavía con recursos económicos que no habrían aflorado. Señaló que si bien habían decidido entregarse tras conocer el contenido de la resolución de la Audiencia, existía el riesgo de que pudiera cambiar de opinión. Indicó en este sentido que era «imposible» saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. «Por ello, hemos de recurrir a elementos lo más objetivos posibles y en este sentido disponemos de algunos que nos aproximan a que existe un riesgo cierto», dijo.

Las defensas se opusieron a la medida privativa de libertad. El exmagistrado de la Audiencia Nacional, abogado del principal cabecilla, indicó que el riesgo de fuga estaba «conjurado». Precisó que su cliente jamás había eludido sus obligaciones con la justicia y añadió que este comportamiento le permitía pensar que nunca se pondrá fuera del alcance de los tribunales.

La Fiscalía, sin embargo, no solo pretende el ingreso en la cárcel de los cabecillas del grupo. Ayer, en otra vista similar a la de la semana pasada, demandó también el internamiento de otros dos acusados: José Ángel S.L. y José María M.G.

El primero ha sido sentenciado a siete años y a dos multas de 90 millones de euros. La Audiencia sostiene que realizó una transferencia de 25.000 euros como pago parcial del velero 'Catalejo' que fue adquirido para transportar la cocaína. El segundo ha sido condenado a seis años y un día y a dos multas de 70 millones. Se le acusa de ser el conductor del vehículo que el día de la descarga de la cocaína trasladó al cabecilla y a su lugarteniente a Zumaia para hacerse cargo de la droga.

El fiscal argumentó que de la duración y gravedad de las penas impuestas «pudiera inferirse que existe un riesgo de fuga». David Mayor sostuvo que ninguno de ellos cuenta con un arraigo suficiente como para considerar que «no van a sustraerse a la acción de la justicia».

Las defensas, por su parte, pidieron del tribunal que no varíe la situación actual de los procesados y que, en todo caso, se les obligue a comparecer dos veces por semana en lugar de una como hasta ahora.