Aluvión de peticiones de etiquetas en Gipuzkoa ante la norma que obliga a zonas de baja emisión

«Desde que se publicó en prensa que iban a ser necesarias para circular por el centro de las principales ciudades desde el año que viene, la gente empezó a interesarse y pedirlas. Y estas dos últimas semanas estamos tramitando un montón», coincide personal de dos de las cinco oficinas ubicadas en Donostia. «Yo ya llevo nueve en lo que va de mañana, así que multiplica por cada ventanilla», apuntaba una persona empleada. También hay talleres mecánicos que brindan a su clientela este servicio, que se puede tramitar en la web de la DGT.

La información del folleto de Correos es veraz, con una leve matización. Por un lado, algunos municipios ya habían restringido a iniciativa propia el tráfico rodado en áreas concretas –todos de Madrid y Barcelona, incluidas sus capitales–, con el propósito de contribuir a la descarbonización del medioambiente. Y por otro, el Gobierno central aprobó el martes el decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que a partir de enero deben implantar las 149 localidades de más de 50.000 habitantes –y aquellas de más de 20.000 que superen los valores límite de contaminantes regulados–, donde se limitará el espacio para conducir. Sin embargo, la realidad es que una gran mayoría de ayuntamientos no va a tener lista su ordenanza «hasta bien avanzado 2023», tal como advierten las dos ciudades afectadas en Gipuzkoa, Donostia e Irun. «Una vez conocido el contenido del decreto», ambas se pondrán manos a la obra para establecer su norma, en la que ya venían tiempo trabajando. Su aprobación definitiva no llegará en el primer semestre del año. En todo caso la implantación de ZBE será progresiva.

En el resto de Euskadi la medida implica a Bilbao, Vitoria, Barakaldo y Getxo. En el territorio estatal están incluidas –entre otros lugares– todas las capitales salvo Soria y Teruel, que no llegan a 50.000 residentes. La mayor parte no va a contar con una ZBE desde el 1 de enero, dado el escaso margen que concede el recién aprobado decreto. Pamplona, por ejemplo, lo que ha hecho es que la Zona de Acceso Controlado (ZAC) del Casco Antiguo pase a llamarse ZBE, un cambio que a la postre no supone ningún cambio extra a las restricciones de circulación ya vigentes, y ahora deberá ajustar su normativa al articulado del decreto.

El cumplimiento de la nueva norma suscita aún mucha incertidumbre. Lo que está claro es que hay cuatro tipos de distintivos medioambientales en función del nivel contaminante del vehículo, y son expedidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque lo pueda tramitar Correos por un convenio entre ambas entidades. Solo optan a uno de ellos los vehículos de motor gasolina matriculados a partir de 2000, y los diésel con placa desde 2006. Los anteriores no tendrán etiqueta y son carne de cañón de las prohibiciones. Según Correos, la categoría más frecuente es la C (gasolina desde 2006 y gasoil desde 2014), con 9.903 etiquetas este año, más 491 motos. De la B (gasolina desde 2000 y gasoil desde 2006) lleva 7.410 coches y 83 motos. La Eco corresponde a vehículos híbridos (1.429) y la '0' a eléctricos (287).

Desde la DGT, recalcan a este periódico que las pegatinas «solo serán obligatorias para poder circular por esas zonas concretas de las grandes ciudades. Pero a nadie se va a multar por no llevarla en una autopista o carretera normal». Asimismo, abogan por que exista cierta unidad de criterios, y que los conductores puedan conocer qué localidades cuentan con ZBE y dónde se encuentran las mismas. Actualmente no hay ningún registro que las identifique y solo la de Barcelona es recogida en los sistemas de navegación GPS.

En esta línea de unificación normativa trabaja la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tiene perfilada una ordenanza tipo que ahora debe contrastar que no contradice el decreto de ZBE. La idea es poder presentarla para el VII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y Movilidad Sostenible que organizará junto a la DGT el 2 y 3 de febrero en Valladolid.

«Todo esto requiere unos plazos», advierte José Antonio Santano, alcalde de Irun y presidente de la comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP. «En nuestro caso, además de un debate político, mantendremos uno social y participativo con la ciudadanía». Y en todo caso, la ordenanza deberá analizarse en un pleno, y luego habrá un plazo para alegaciones antes de su aprobación final, que prevé en «otoño o finales de año».

Cuando Donostia e Irun tengan sus ZBE, la idea de ambas ciudades es establecer un periodo de adaptación para los conductores. Entre otras medidas, no se impondrán sanciones desde el primer día. Tampoco se prevé prohibir de inmediato la circulación de aquellos vehículos sin etiqueta que pertenezcan a residentes.