La red ciudadana teme que la cumbre del G7 agrave la situación de los migrantes

Josune Mendigutxia y Jon Unanue, miembros de Irungo Harrera Sarea, con varios migrantes./ F. Portu
Josune Mendigutxia y Jon Unanue, miembros de Irungo Harrera Sarea, con varios migrantes. / F. Portu

Harrera Sarea desconoce qué medidas se van a adoptar «con las personas que se queden bloquedas en Irun»

MARÍA JOSÉ ATIENZA

La Red de Acogida Ciudadana de Irun-Irungo Harrera Sarea expresó este viernes su preocupación ante la posibilidad de que los «férreos controles» dispuestos con motivo de la celebración de la cumbre del G7 en Biarritz y el eventual cierre de la frontera agrave la situación de los migrantes. «Desconocemos qué medidas se van a tomar con las personas que se queden bloqueadas en Irun por no poder cruzar la muga. No sabemos si se mantendrán las mismas medidas y criterios o si habrá medidas excepcionales para esos días», señaló Josune Mendigutxia.

Los integrantes de la Red de Acogida Ciudadana de Irun instaron a las instituciones a que aborden este asunto con celeridad, ya que «no puede aplazarse para tratarlo en un futura reunión en septiembre. Una vez más», añadió Mendigutxia, «las instituciones no toman medidas y dejan en nuestras manos problemas a los que ni debemos ni tenemos por qué dar solución».

Comunicación directa

Irungo Harrera Sarea denunció, por otra parte, que los criterios de estancia y pernocta que la Cruz Roja tiene que aplicar en el albergue de Martindozenea «siguen dejando en la calle a personas migrantes. Hemos intentado mantener una reunión con la entidad», aseguró Jon Unanue, «pero a fecha de hoy seguimos a la espera y aunque somos conscientes de que no es esa entidad la que fija los criterios, sí nos preocupa que, sabiendo que Martindozenea se ha mantenido con ocupación mínima durante el invierno y en lo que va de verano, no comunique a la Mesa Interinstitucional o al Gobierno español que se podría estar acogiendo a personas que se quedan en la calle, mientras continúa habiendo camas vacías en el albergue».

La Red de Acogida recordó que, el pasado mes de junio, y ante la experiencia vivida en el verano de 2018 con las personas migrantes, que cogió por sorpresa a las administraciones vascas, el Gobierno de Vitoria anunció que durante este verano «se acondicionarían nuevas plazas para aumentar los dispositivos. Pero a fecha de hoy, y a las puertas de la reunión del G7 en Biarritz y sus consecuencias, seguimos sin noticias al respecto».

Con el fin de arbitrar «soluciones adecuadas», Irungo Harrera Sarea ha solicitado a Cruz Roja una comunicación telefónica «directa y fluida» para colaborar en la atención a las personas migrantes. «Antes de que se queden en la calle aquellas personas que no cumplen los requisitos para la pernocta, solicitamos que se nos avise para buscar soluciones alternativas», prosiguió Jon Unanue. Asimismo, han pedido que se informe «adecuadamente» a los migrantes de los requisitos de acceso tanto a Martindozenea como a Zubia, en lugar de que sea la red ciudadana «la que tenga que realizar esa labor».

«Las instituciones dejan en nuestras manos problemas que no deberíamos solucionar»

Según afirmaron los miembros de Irungo Harrera Sarea, Cruz Roja, el Ayuntamiento de Irun y la propia red de acogida acordaron que, en caso de expulsión del albergue de alguna persona migrante, «se nos comunicaría el motivo. Sin embargo, no se nos está haciendo partícipes de esa información, hasta el punto de que nos encontramos habitualmente con las personas que hemos dejado en Martindozenea, expulsadas y vagando por las calles a altas horas de la madrugada».

También calificaron de «inadecuada» la recepción de las personas migrantes en Martindozenea por un guardia de seguridad, sin ningún distintivo de Cruz Roja. Por este motivo, solicitaron a la entidad «que el recibimiento se lleve a cabo por parte de su personal y no de un guarda o al menos, no únicamente por éste».

Criterios de acceso

Irungo Harrera Sarea se pronunció, por último, sobre algunos criterios de acceso a Martindozenea, que califica de «preocupantes». Entre ellos, citó «la obligación de firmar documentos para la pernocta, que genera desconfianza y cuya negativa deja a los migrantes en la calle; la obligación de demostrar que han entrado por mar y por la frontera sur, lo que deja desprotegidos, entre otros, a quienes han sido objeto de 'devoluciones en caliente' y la obligación de demostrar la mayoría de edad, que está dejando en la calle a menores que no se atreven a decir que lo son para no ser trasladados a un recurso que les aleje de su objetivo de continuar en tránsito».