Acusan a un ertzaina de detención ilegal en Donostia y solicitan tres años de prisión

El agente intervino en 2016 en el arresto de dos jóvenes en una acampada en contra la incineradora | La Fiscalía de Gipuzkoa no formula acusación contra el policía y junto con la defensa pide la absolución

J. PEÑALBA

Tres años de prisión y seis de inhabilitación. Es la pena que este miércoles se ha solicitado en la Audiencia de Gipuzkoa para un agente de la Ertzaintza a quien se le imputa un delito de detención ilegal, después de que ordenara el arresto de dos jóvenes que en 2016 tomaban parte en una acampada en contra de la incineradora en Donostia por su reiterada negativa a identificarse. La acusación la ejercen de manera exclusiva los detenidos, cuyo letrado ha decidido retirar los cargos contra un segundo agente, que también había sido imputado, y se ha mostrado favorable a que las penas para el primero quedasen en suspenso. La parte acusadora ha sostenido que la negativa a identificarse en modo alguno constituye delito y que en todo caso sería susceptible de una infracción administrativa. La Fiscalía ha estimado que el agente encausado actuó conforme a la legalidad y en términos idénticos se ha expresado el letrado de la defensa. Ambos han demandado la libre absolución.

Los hechos que son objeto de este procedimiento y que han quedado vistos para sentencia tuvieron lugar el 2 de junio de 2016 en la Plaza de Gipuzkoa de la capital guipuzcoana, donde varias decenas de personas protagonizaron una acampada en contra de la construcción de la incineradora así como a favor de otras iniciativas sociales.

La presencia de dotaciones de la Policía autonómica tenía por objeto ofrecer apoyo a un dispositivo de la Guardia Municipal que la víspera había tenido dificultades para proceder a la retirada de los enseres que los concentrados mantenían en la vía pública. El agente encausado, que entonces ostentaba el cargo de jefe de patrullas de Seguridad Ciudadana, ha detallado que tras su llegada al lugar, las personas que tomaban parte en la protesta se concentraron y comenzaron a corear diversas consignas, «momento en el que nuestra jefatura opinó que se trataba de una concentración no comunicada y decidieron proceder de manera administrativa contra los promotores».

El ertzaina ha manifestado que de las actuaciones que se desarrollaron en los instantes posteriores concluyeron que las dos personas que finalmente fueron detenidas eran las «responsables» de la acampada, de manera que se llevaron a cabo actuaciones tendentes a su identificación y pudiera procederse administrativamente contra ellas. «Nosotros no teníamos ninguna intención de menoscabar su derecho a manifestarse, pero necesitábamos identificar a quienes entendíamos eran los cabecillas», ha afirmado.

El agente ha explicado que pese a los reiterados intentos que realizó en este sentido, no solo no fue posible ejecutar la diligencia, sino que los concentrados «se sentaron en el suelo, se agruparon y se entrelazaron entre ellos».

El policía autonómico ha señalado que ante esta situación se les advirtió de que podían incurrir en un delito de desobediencia grave y que finalmente, al mantenerse en su negativa, ordenó que fueran detenidos. De esta manera, agentes de la Brigada Móvil acudieron hasta los concentrados y los trasladaron hasta una «zona de seguridad», donde les leyeron los derechos y fueron objeto de un registro. El policía ha manifestado que los dos arrestados se negaron a mostrar sus DNI, si bien ha precisado que sus documentos de identidad fueron hallados entre los efectos intervenidos, tras lo cual fueron trasladados a dependencias policiales donde se cumplimentaron las diligencias y les citó para un juicio rápido, aunque las actuaciones fueron archivadas. El agente ha manifestado que actuó en todo momento conforme a la legalidad.

Las declaración de este agente ha sido corroborada por el ertzaina que también había sido imputado y cuyos cargos fueron reiterados, al igual que por otros agentes que tomaron parte en la operación.

Los dos detenidos han reconocido que su negativa a identificarse fue producto de una decisión tomada en una asamblea y han rechazado que tuvieran algún grado de responsabilidad sobre el resto de los concentrados. Ambos han argumentado que cuando los efectivos policiales procedieron a su detención opusieron únicamente una resistencia pasiva y que cuando les condujeron a una zona apartada, ambos mostraron de forma voluntaria su DNI, de forma que fueron identificados en el propio escenario de los hechos.

Los dos denunciantes han afirmado que la imputación contra ellos por presunta desobediencia grave quedó archivada, si bien se incoó un procedimiento administrativo por el que fueron multados con 600 euros.

 

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