Uno de los encausados por la muerte de Santi Coca queda libre después de que retiren la acusación contra él
Acusan a los otros cuatro acusados de un delito de homicidio por el que piden 15 años de prisión, reduciendo la petición inicial de asesinato
Uno de los jóvenes acusados de la muerte de Santi Coca quedó este miércoles en libertad después de que las acusaciones retirasen los cargos ... contra él. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía de Gipuzkoa, la acusación particular que representa a la familia de la víctima y la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de San Sebastián retiraron la acusación contra él, por lo que el Magistrado Presidente de la Sala le comunicó que quedaba libre y abandonó la sala acompañado de sus familiares, a quienes abrazó emocionado.
Respecto al resto de encausados, las acusaciones también modificaron su petición inicial de 20 años de prisión por un delito de asesinato, y ahora consideran a los cuatro acusados restantes coautores de un delito de homicidio agravado por abuso de superioridad, por el que solicitan una pena de 15 años de prisión. Además, solicitan que indemnicen con un millón de euros a los padres de Santi Coca y con 300.000 euros a su hermano.
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En su declaración, y antes de conocer que se iban a retirar los cargos contra él, el joven que quedó en libertad dio su versión de los hechos. A preguntas de su abogado, explicó que cuando salió de la discoteca GU se quedó hablando con una chica que había conocido, cuando en un momento dado escuchó «gritos de una mujer. A unos cinco metros vi un barullo de gente, y un chico en el suelo y gente alrededor», por lo que cuando él vio a Santi «ya no había pelea. Me mantuve al margen».
«Intentamos mejorar el vídeo para demostrar que yo no estaba ahí, que no era una de esas personas»
Sin embargo, cuando llegó la policía se juntó al resto del grupo, ya que debía volver a casa con el amigo que le había llevado, y «nos interceptó la Ertzaintza y nos llevaron a los bajos del Ayuntamiento. Yo estaba tranquilo porque ni me enteré de lo que había pasado. Nos dijeron que había cámaras, y pensé, está todo grabado y nos van a soltar». De hecho, su familia «intentó por todos los medios mejorar el vídeo, para demostrar que yo no era una de esas personas. Intenté colaborar en todo lo que podía para demostrar que yo no estaba ahí», dijo.
Asimismo, señaló que supo cómo se habían producido los hechos «leyendo un periódico en la cárcel. Ahí supe que había habido un incidente con un cigarro. No tenía ni idea ni por qué comenzó la pelea. No soy ese tipo de persona. Nunca había estado en una situación parecida, y menos enfrente de un juez».
Cuando fue detenido estaba estudiando Bachiller, estudios que pudo terminar tras salir de prisión, donde permaneció unos meses como el resto de acusados como medida preventiva. «Encontré un trabajo, tengo contrato».
Las defensas, la absolución
Durante las pruebas practicadas, ningún testigo ni perito le había señalado como participante en la agresión a Santi Coca, razón por la que las acusaciones decidieron retirar los cargos. Su letrado, Juan Román Zubillaga, fue despedido ayer entre aplausos por sus compañeros letrados, ya que con esta absolución se retira oficialmente de la abogacía tras una larga carrera.
Las acusaciones también modificaron sus conclusiones respecto al resto de encausados, a los que imputan un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad en calidad de coautores, y piden 15 años de cárcel para cada uno. La fiscal modificó su relato de hechos probados, en el que recoge que el argelino (el acusado huido), «tras haber recibido un golpe de Santiago», comenzó a darle «golpes y patadas», hasta alcanzar la pared, donde cayó al suelo. Considera que los cuatro acusados, «asumiendo que podían causarle la muerte», siguieron golpeándole, con patadas en la cabeza. Asimismo, que se valieron de su «superioridad numérica» y de que estaba en el suelo, donde «no podía defenderse». Unas conclusiones a las que se adhirieron el resto de acusaciones. Por su parte, todas las defensas pidieron la absolución de sus patrocinados, al entender que no se ha practicado prueba suficiente para inculparles.
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