ELA acusa a la Diputación de bloquear el acuerdo con las residencias

El sindicato critica que el ente foral no quiere solucionar el conflicto laboral que denuncian y le acusa de «precarizar y endurecer aún más si cabe» las condiciones laborales de las más de 5.000 trabajadoras guipuzcoanas con las que cuenta.

Asimismo, denuncia que es la propia institución la que «rechaza» y «bloquea» un acuerdo que, según han defendido, dota de estabilidad al sector, mejora las condiciones de vida de los familiares, así como las condiciones laborales de las trabajadoras. «Es la Diputación la única y última responsable de esta situación de bloqueo», han subrayado.

Se estima que un tercio de la sociedad vasca tendrá más de 65 años para 2029, un dato que se traduce en una ecuación «muy sencilla»: «Financiación pública (más del 90% camas concertadas), más condiciones de miseria y ratios legales bajos, da como resultado un negocio seguro». Representantes sindicales han incidido en la rentabilidad de un sector, en el que entienden que «empresarios muy importantes del Estado español y vasco con buenos contactos en la política , que antes hacían negocio en el 'ladrillo', hoy hacen negocio en este sector», han acusado, asumiendo la «gravedad» de sus palabras.

Según las explicaciones realizadas esta mañana por ELA, desde 2017 no se ha producido ningún avance en la mejora de las condiciones laborales, sino que más bien han sido testigo de un retroceso «importante». Ante las jornadas de huelga celebradas por las trabajadoras, «la dirección de dos patronales del sector, que suman más del 50% de representación, a petición de la propia Diputación, se pusieron en contacto con ELA para estudiar la posibilidad de avanzar en el conflicto».

En este escenario, y tras diferentes contactos y reuniones, se llegó a un principio de acuerdo que traía mejoras como que las trabajadoras tuvieran de base jornadas completas y contrato indefinido; subidas salariales «muy» por encima del IPC para acabar con la brecha salarial; mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, en los pluses de festivos y fines de semana, así como en las cargas de trabajo y los descansos.

Pero la sorpresa, han manifestado, llegó en una reunión con la administración foral en la que se expuso el principio de acuerdo pactado. «Nos encontramos con una Diputación que utiliza todos sus instrumentos a su alcance para dinamitarlo, aduciendo para ello el elevado coste del acuerdo alcanzado».

En este sentido, el sindicato ha señalado directamente a la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, y al diputado general, Markel Olano, como responsables de «no querer solucionar el conflicto, sino perpetuarlo», y de posibilitar la precariedad de las mujeres trabajadoras que dedican su trabajo a los cuidados.