«Con la ley actual es muy difícil que los vecinos veten la actividad turística»

Javier Montero, presidente del colegio de Administradores de Fincas, en la sede./USOZ
Javier Montero, presidente del colegio de Administradores de Fincas, en la sede. / USOZ

Los administradores de fincas de Gipuzkoa reclaman un cambio en la norma «integral y no cortoplacista» como plantea el Gobierno de Sánchez

ESTRELLA VALLEJOSAN SEBASTIÁN.

La regulación integral de los pisos turísticos se está convirtiendo en toda una hazaña comparable a la primera vez que uno se enfrenta el famoso cubo de Rubik. Si recuerdan el juego era bien sencillo lograr que una fila fuera del mismo color, pero cuando uno se centraba en igualar la siguiente columna, estropeaba la anterior. Algo similar puede estar sucediendo con la adecuación de todas y cada una de las normas que, en los diferentes ámbitos, tratan de poner un poco de orden sobre este fenómeno alojativo pero que inevitablemente también alteran otros aspectos.

La última ha sido la que ha llegado tras el anuncio de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, sobre la modificación de las leyes de Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos para dotar a las comunidades de vecinos de la potestad necesaria para prohibir la actividad turística en su bloque.

Hasta ahí puede sonar convincente a todas luces, pero la letra pequeña puede tener vuelta. El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Álava (Cafguial) mira con recelo las pretensiones de Oliver por dos motivos, porque entienden que la ley requiere de una reforma «integral y no cortoplacista» como se plantea y porque advierten de que en caso de modificar las mayorías necesarias para llegar a acuerdos, los propietarios de actividades económicas -no solo los que desarrollan una actividad turística, también centros de estética, peluquerías, despachos de abogados...- deberán estar más pendientes que nunca si no quieren darse de bruces con la noticia de que sus vecinos les han prohibido desarrollar su negocio por no haber acudido a la reunión vecinal.

Acuerdos de mayorías

Unanimidad
Para la modificación de los estatutos y coeficientes. Es decir, las normas de la comunidad que aparecen recogidas en las escrituras.
Mayoría simple
Realización de obras, establecimiento del servicio de ascensor o de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas.
3/5
Aumento o división de los pisos. Construcción de nuevas plantas o alteración de la estructura del edificio, incluyendo el cerramiento de terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética. Modificar las cuotas de participación y fijar las indemnizaciones por daños y perjuicios que corresponda en los anteriores supuestos.
1/3
Infraestructura común de las telecomunicaciones y de las energías renovables.

Actualmente, la ley estatal de Propiedad Horizontal -tal y como recoge la Ley vasca de Turismo a través del decreto aprobado recientemente- establece que para que una comunidad de vecinos pueda prohibir la actividad de una vivienda de uso turístico en su bloque es necesario modificar los estatutos y que el veto quede incluido en el registro de la propiedad. Pero para ello es necesario el voto unánime de los propietarios. Es decir, «que a menos que estén todos en contra de la actividad es imposible lograr ese acuerdo, porque un propietario de un piso turístico no va a votar en contra de sí mismo», explica Javier Montero, presidente de Colegio, quien reconoce que «tal y como está ahora la ley es muy difícil que los vecinos prohiban nada».

Este es, precisamente, el motivo por el cual la secretaria de Turismo anuncio hace unas semanas que el Gobierno de Sánchez valoraba la reducción del acuerdo de mayorías a las tres quintas partes del bloque, de tal forma que esa concesión de 'poder' a las comunidades fuera real también en la práctica.

Acudir a las reuniones

Ahora bien, el cambio de la ley consistiría en realidad en incluir en el artículo 17 una referencia específica a las viviendas de uso turístico. «La norma actual ya recoge la mayoría de las tres quintas partes para ciertas cuestiones, pero ahora quieren que conste de manera expresa la actividad turística, porque si algún demandante quiere aferrarse a este artículo, al no estar especificado, no resultaría válido por estar sujeto a interpretación», explica Montero.

«Es necesario que la modificación se elabore a fondo y por profesionales del sector», señala Montero

Goia recuerda que la convivencia entre vecinos es frágil y «no puede quedar la pelota solo en su tejado»

La problemática puede surgir en el momento de la votación, porque «los acuerdos se toman con la mayoría de los que estén presentes en la reunión de la comunidad, y el voto de los que no estén, si no se niegan en el plazo de un mes, se suman a la mayoría que haya salido», continua el presidente del Colegio de Administradores de fincas.

La ley de Propiedad Horizontal se elaboró en 1960 pero fue modificada en 2013 a base de «parches» y este que pretenden implementar, subraya el presidente del colectivo, es otro más. Es por ello, que apoyan el cambio normativo pero siempre que se haga de manera «integral y no cortoplacista con un estudio en profundidad elaborado por profesionales del sector» y que aclare los acuerdos por mayorías «que están redactados de manera confusa».

Montero subraya además que «a un vecino que alquila su piso para una larga estancia con un inquilino que puede generar los mismos problemas o más que un turista, no se le exige nada». Y en este sentido, defiende que la realidad de Gipuzkoa difiere de la de otros destinos turísticos del Mediterráneo por el perfil del visitante. Así, reconoce que los problemas reales que han podido surgir con viviendas destinadas al uso turístico en Gipuzkoa pueden contarse con los dedos de una mano.

En la misma línea va el discurso de Asier Pereda, presidente de Aparture, quien ve «necesario» reformar la ley «siempre que se realice en serio, a fondo y se cuente con los administradores».

A ojos del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el plan del Gobierno central no es suficiente. El regidor donostiarra entiende que «la convivencia vecinal es muy frágil, no puede quedar la pelota solo en ellos», y añade que con dicha decisión se podría incurrir en una «dejación de la responsabilidad de la Administración».

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