La reforma de las prestaciones por dependencia beneficiará a 9.300 guipuzcoanos

Los cambios en las cuantías máximas que pueden percibir las personas dependientes han sido mirados con lupa, como era de esperar y también asumía la propia Diputación. Porque, como con cualquier reforma, unos salen ganando y otros, perdiendo. La horquilla de precios máximos aprobada va desde los 154 euros a los 834, en función del grado y tipo de prestación. El esfuerzo en que el número de perjudicados sea el menor posible se ha visto plasmado en el diseño final. Así, con el nuevo sistema seis de cada diez de los actuales beneficiarios recibirán una media de 45 euros más al mes. En total, 9.333 personas, medio millar más de las inicialmente previstas. La diferencia se corresponde con los dependientes de grado III nivel 2 -los que sufren mayores limitaciones- que cobran la prestación para contratar a un cuidador profesional (PEAP). Hasta ahora, la cuantía máxima es de 833,96 euros al mes. La idea de la Diputación era rebajarla hasta los 750 euros, pero se ha atendido a las peticiones ciudadanas de mantener las cifras actuales, ya que una rebaja podría obligar a cambiar el contrato del cuidador o reducir el número de horas en la atención, explicaron desde el departamento de Políticas Sociales. El resultado supondrá una mayor inversión y de los 3,5 millones de más que se necesitaban se ha escalado hasta los 4,4 millones comprometidos en el presupuesto. En total, las prestaciones de dependencia supondrán en 2018 un gasto anual de 63 millones de euros. El sistema, recordó la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, unifica los niveles de dependencia y pasa de los seis tramos actuales a tres, porque se eliminan cantidades por niveles y se deja en solo tres grados: I (el leve), II (dependencia moderada) y III (dependencia severa).

Y si hay un 60% de dependientes que celebran la reforma, significa que también hay quienes no están tan contentos con la noticia. Tres de cada diez de perceptores, unas 4.800 personas, perderán de media 35 euros al mes. Se corresponden, en general, con los dependientes más leves y aquellos que reciben la prestación por el cuidado familiar. Un dependiente de grado III nivel 2, atendido en su hogar por un allegado, pasará de cobrar como máximo 520,69 euros a 424, una rebaja de 96 euros. Otro 10% de dependientes se quedarán como hasta ahora.

El baile de cifras no es aleatorio. La Diputación ha querido seguir reforzando el cuidado profesional en los hogares, por lo que inyectará más fondos en la prestación de asistencia personal, que se llevará 3 de los cuatro 4,4 millones extra que supondrá la reforma. «Todo ello supondrá la creación de 250 nuevos empleos, dentro de nuestra estrategia de profesionalizar los cuidados frente al modelo familiar, que sigue siendo el más demandado», remarcó Peña, junto con el portavoz foral, Imanol Lasa.

También queda clara en las cuantías la intención de la Diputación de potenciar la prestación vinculada al servicio, aquella que se paga a los dependientes que deciden ingresar en una residencia privada cuando no hay una plaza pública libre. Los dependientes leves podrán ver duplicada esta prestación. En la actualidad, apenas 160 personas cobran esta ayuda, y la idea del departamento es que se atraiga a más dependientes y así poder desahogar las listas de espera. En noviembre, el último dato publicado por la Diputación, había 878 personas apuntadas a la espera de recibir la llamada para ingresar en un geriátrico público o concertado, una cifra ligeramente inferior a las 908 del mes anterior.

Las alegaciones presentadas al borrador foral también han introducido cambios en otro de los aspectos que más debate ha suscitado: la obligación de que los futuros cuidadores familiares hagan un cursillo de formación básica. La Diputación eximirá finalmente de este requisito a los cuidadores de 75 o más años. Esta medida solo se aplicará a las nuevas solicitudes.

El resto de cambios incumben a todos los beneficiarios a partir del 1 de enero. Se da, sin embargo, un margen de un año para que los dependientes que están siendo cuidados por personas de más de 85 años -generalmente sus cónyuges- puedan o bien solicitar el cambio a otro tipo de prestación (un cuidador contratado o una ayuda para pagar una plaza privada en residencia) o bien tener un cuidador familiar de menor edad. De lo contrario, dejarán de recibir la ayuda.