FCC abre un nuevo frente judicial sobre la incineradora al impugnar la adjudicación

Entrada a los terrenos de Zubieta, donde se construye la incineradora./
Entrada a los terrenos de Zubieta, donde se construye la incineradora.

La constructora recurre ante el Tribunal Superior vasco el contrato con la UTE de Urbaser, pero sin pedir la suspensión cautelar de los trabajos

LOURDES PÉREZSan Sebastián

La reanudación el pasado 10 de mayo de las obras de la incineradora de Zubieta, seis años después de que se colocara la primera piedra y después de que el Gobierno foral de EH Bildu paralizara el proyecto, representó un punto de inflexión en el devenir de una infraestructura condicionada por una agria polémica política y social.

La tortuosa gestión de las basuras en Gipuzkoa, convertida en acuciante a raíz del obligado cierre de los vertederos, comenzaba ese día a «salir del túnel», según subrayaron los responsables del Ejecutivo PNV-PSE, para quienes la construcción del complejo de tratamiento de los residuos constituye uno de los hitos de la legislatura. Pero del túnel del que no parece salir el proyecto es el de la conflictividad ante los tribunales.

El último eslabón de la cadena -que suma desde el pleito por la cobertura de los créditos comprometidos (swaps) a la anulación de la rescisión del contrato original promovida por EH Bildu, pasando por las recientes iniciativas del colectivo GuraSOS contrario a la incineradora- es el recurso judicial contra la adjudicación de la planta presentado por Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa que perdió en el concurso público ante la candidatura de la UTE encabezada por Urbaser.

Los argumentos de fcc

Recurso Administrativo

FCC trasladó en primera instancia al Tribunal Foral de Recursos Contractuales su discrepancia con la resolución del 31 de enero que otorgaba la construcción y gestión de la incineradora a la UTE de Urbaser. Aunque no se conoce el contenido de su nueva impugnación ante el Tribunal Superior vasco, cabe deducir que el fondo de las alegaciones será compartido.

Baremos de puntuación

FCC aventajó a su competidora en la evaluación técnica, pero no logró imponerse a Urbaser al rebajar esta en un 25% el coste de licitación. La perdedora objeta incumplimientos con respecto a los pliegos de licitación.

Contrato rescindido

EH Bildu pactó en 2013 con FCC romper el primer contrato de adjudicación, con una indemnización de 11 millones. Esa rescisión ha sido anulada a posteriori por un juzgado.

FCC formalizó su impugnación el 23 de mayo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, que ya ha requerido a la Diputación para que en el plazo legal de 20 días remita el expediente administrativo sobre la concesión de la obra y le emplaza a participar en las actuaciones como parte demandada. A la espera de que se conozcan los argumentos precisos del recurso, que ha sido redactado por el equipo de abogados en Madrid de la compañía de Esther Koplowitz, la reclamación no supone una amenaza inmediata para la continuidad de los trabajos. De hecho, y según fuentes solventes consultadas por este periódico, FCC ha renunciado a solicitar ninguna medida cautelar para intentar frenar el proyecto.

El objetivo no es, por tanto, «interferir» en la construcción ya reiniciada de la planta de Zubieta, sino defender unos intereses empresariales que se habrían visto repercutidos, a ojos de los demandantes, por una doble circunstancia: la anulación primero, por parte de un juzgado de San Sebastián, de la rescisión del contrato original que pactaron las constructoras concernidas entonces -entre ellas, FCC- con el Gobierno de EH Bildu, dada la nula intención de la coalición abertzale de emprender las obras; y ahora la adjudicación a Urbaser de la infraestructura. Una adjudicación por valor de 768 millones de euros que incluye la financiación, la construcción y la explotación de las instalaciones durante 32 años a partir de su entrada en funcionamiento, prevista para 2019, coincidiendo con el término de la legislatura foral.

Primer intento

Por empezar por lo último, que es el objeto de la reclamación de FCC, la compañía ha optado por acudir a la justicia después de intentar junto a Sartech Engineering, sin éxito, que el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales aceptara sus alegaciones y revocara la concesión a la UTE ganadora.

La unión temporal de empresas está encabezada por Urbaser, propiedad del gigante chino CNTY, e incluye a la firma tecnológica Steinmuller Babcok, el grupo inversor francés Meridiam Investments y las empresas guipuzcoanas Altuna y Uria, Murias, Moyua y LKS. Cabe deducir que el recurso formalizado ahora ante el TSJPV bebe de los argumentos de esa primera demanda administrativa contra la adjudicación, en la que FCC aventajó a su competidora en la puntuación técnica sin que ello bastara para compensar la rebaja del 25% que presentó Urbaser sobre la previsión del coste en la licitación.

En su resolución, de 40 páginas, el tribunal foral de contrataciones avaló el proceso adjudicatario al considerar que Urbaser se había ajustado a las complejas condiciones fijadas en los pliegos para licitar la obra y al dar por acreditada la solvencia económica del conjunto de la UTE. Y junto a ello, el organismo administrativo respondía a una cuestión no menor: la objeción planteada por FCC acerca de la imposibilidad de «adjudicar dos veces el mismo contrato», una vez que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de San Sebastián decretara el pasado enero «la nulidad» del acuerdo suscrito en 2013 por EH Bildu con la UTE de la constructora para rescindir el contrato rubricado en la legislatura anterior a cambio de una compensación de 11 millones de euros. El tribunal foral determinó que de ese procedimiento, pendiente de sentencia definitiva, podrían derivarse responsabilidades, pero no «el restablecimiento de un contrato ya extinguido».

El resultado de la «desviación de poder» que el juez atribuyó a EH Bildu en ese veredicto es que FCC fue indemnizada, pero se quedó sin la obra que le había sido adjudicada y a la que ha vuelto a optar, esta vez en vano. Su recurso ante el Tribunal Superior no frena las tareas en Zubieta, pero sí perturba la seguridad jurídica del proyecto hasta que la Magistratura decida.