La mitad de los menores infractores tiene menos de 14 años y vive con sus padres

Un coche con el retrovisor roto, uno de los delitos habituales entre los infractores menores de 14 años./
Un coche con el retrovisor roto, uno de los delitos habituales entre los infractores menores de 14 años.

La Fiscalía notificó 120 casos el año pasado a la Diputación, la mayor parte por delitos de daños

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN

No han cumplido la mayoría de edad y ya pesa sobre ellos la comisión de un delito. Son menores infractores y casi la mitad de los casos ni siquiera han alcanzado los 14 años, lo que significa que no tienen responsabilidad penal según la ley y por lo tanto no pueden ser imputados. La Fiscalía de Menores remitió el año pasado a la Diputación de Gipuzkoa 237 expedientes, relativos a 199 niños, niñas y adolescentes, a los que se sumaron 30 notificaciones que quedaron sin resolver del ejercicio anterior. Del total, el 45% se correspondió con el perfil de menor inimputable, según datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales.

Las historias de menores de 14 años que delinquen implican una realidad compleja y delicada en la magnitud de un sistema que requiere una atención específica de las administraciones públicas, desde la judicial a la policial, pasando por los servicios sociales y, como es lógico, los representantes legales del menor, casi siempre sus padres. El Ararteko también ha abordado esta cuestión en una reciente investigación en la que propone una serie de mejoras para contribuir al objetivo de la resolución del conflicto y la reeducación del menor implicado. Entre ellas, reclama una coordinación adecuada entre todas las instituciones que intervienen, mayor agilidad a la hora de notificar las infracciones para evitar que se intervenga demasiado tarde y una información más próxima a la familia, o al representante legal, del menor implicado.

La ley que regula la responsabilidad penal de los menores obliga a la Fiscalía a notificar estos casos a la Diputación, para que adopte las medidas oportunas. En ningún caso para sancionar la infracción, pues no son imputables, pero sí para verificar si hubiera que articular alguna medida, o en los casos más graves, se revelara una situación de desprotección. La mayor parte se saldan sin intervención, con la comunicación a los padres. En el resto, la respuesta más frecuente es derivarlo a los servicios sociales municipales para su seguimiento.

La presencia de menores de 14 años implicados en delitos ha crecido un 20% de un año para otro, de los 100 de 2015 a los 120 del año pasado, un incremento que el servicio foral que se encarga de la valoración y el diagnóstico de personas menores de edad infractoras no atribuye a un hecho en particular. La tipología del delito no ha variado, constatan. El 68,75% de las notificaciones fueron por la comisión de daños (destrucción, deterioro o menoscabo de bienes ajenos, como puede ser la rotura de retrovisores de coches). Le siguen las agresiones en el ámbito familiar (18,75%). El 3,13% fueron delitos de acoso y amenazas.

El 10%, bajo tutela foral

En la memoria de actividad del servicio foral figuran más datos, pero están contabilizados todos los expedientes de menores de edad, sin diferenciar aquellos por debajo de los 14 años. Así, se sabe que el 90% de todos ellos residen con sus familias, y que el 10% restante se encuentra bajo la tutela de la Diputación. En la mitad de los casos (49%) no hubo intervención por parte de los servicios sociales. El 26% fue derivado a los servicios sociales municipales. Un 10%, y dada la gravedad de la situación, acabó bajo tutela foral. Otro 1% de los casos se derivó a los equipos de zona de infancia y adolescencia (EZIA), dependientes de la Diputación, cuyo objetivo es valorar posibles situaciones de desprotección.

Entre estos últimos, la media de edad de los atendidos fue de 14,37 años. El 77% eran chicos, frente al 23% de chicas. En el 17,3% de los casos al menos uno de sus progenitores tenían nacionalidad extranjera. Cuando se observa los tipos de delitos cometidos sin distinguir la edad del menor, en este caso la gran mayoría se corresponde con hurtos y robos (63%), y los daños, que suponen la conducta principal por la que se derivan los casos de menores infractores de menos de 14 años, pasan a un segundo lugar (13%). Otro de los datos llamativos tiene que ver con los chavales y chavalas que reinciden en la comisión del delito, un 25%.

El origen de la investigación realizada por la oficina del Defensor del Pueblo Vasco, sin embargo, radica en varios expedientes recibidos en los que salieron a la luz las «disfunciones importantes» en el procedimiento. Una de ellas se refiere al tiempo que transcurre desde que ocurre el incidente hasta que la Fiscalía lo notifica a los servicios sociales. El año pasado, en Gipuzkoa esa demora fue de 139 días, más de cuatro meses. Una vez que el servicio tiene conocimiento del caso, la respuesta llega en 35 días.

El informe del Ararteko señala que «todas las instancias consultadas coinciden en que el procedimiento se dilata en exceso en el tiempo, lo que da como resultado intervenciones tardías e incluso extemporáneas» y también a veces «contraproducentes, al reabrir situaciones ya abordadas y quizás 'reparadas' por otros cauces». El Ararteko considera «imprescindible la agilización de los trámites con un compromiso de diligencia por parte de todos los agentes implicados».

Coordinación

También eleva otra propuesta para que se garantice la información adecuada a los padres o representantes legales del menor y recuerda «el derecho del menor a ser escuchado», más allá del momento en el que sucede el delito. De hecho, le parece «deseable» que, llegada la denuncia a la Fiscalía de Menores, se proceda a articular una audiencia sencilla para informar a los padres y escuchar al menor.

La intervención de un número importante de agentes de varias instituciones, reconoce el estudio, «imprime un plus de complejidad que hace imprescindible una coordinación adecuada». También apela a la mediación comunitaria como cauce de resolución de conflictos, y a trabajar de manera conjunta con las policías municipales y Ertzaintza.

¿Qué respuesta da la Administración cuando le comunican el caso de un menor que ha delinquido? Recibida esa notificación por parte de la Fiscalía de Menores, los servicios forales de protección a la infancia consultan si ya existía un expediente previo o abierto de esa persona -en tal situación, se remite esa información a la persona responsable del caso- o si, en cambio, es la primera vez que el menor infringe la ley, el 75% de los casos. Si no existe riesgo, como en las conductas menos graves y aisladas, el expediente se cierra (49%).

Un segundo nivel implicaría a los servicios sociales municipales, a quienes se trasladan las historias de menores para su seguimiento a nivel comunitario, además de dar cauce a la familia por escrito.

El tercer escenario es el más grave. Cuando sí se detecta una situación de desprotección o desamparo, como en los delitos reincidentes, de alto grado de violencia o cuando hay sospechas de que es el adulto responsable el inductor de esa conducta o la respalda, entonces son los servicios sociales forales los que toman las riendas. Un 10% de los menores infractores terminó el año pasado bajo tutela foral.