La Diputación retira 60 licencias de taxis privados para turistas y empresas

Hay que remontarse al verano de hace cinco años para entender el origen del conflicto. El 7 de agosto de 2012 la citada empresa, radicada en Madrid, presentó la solicitud de 60 licencias de vehículos con conductor (las VTC). El hecho de que una empresa de fuera del territorio pueda demandar una autorización se explica por la existencia de dos legislaciones, la autonómica y la nacional. Las fuentes consultadas precisan que la legislación autonómica, a cargo del Gobierno Vasco, tiene cerradas las puertas en Gipuzkoa porque las 24 licencias VTC que existen superan el ratio permitido en relación a las licencias de taxi normales. El único camino que ha abierto alguna rendija para hacerse con esos permisos ha sido la normativa que depende del Ministerio de Fomento y que autoriza a una empresa del territorio nacional a solicitar un permiso en cualquier territorio.

Esa opción fue aprovechada por Ares Capital S.A. Pero su petición fue denegada en Gipuzkoa por silencio administrativo. Los interesados presentaron un recurso de alzada que fue de nuevo echado por tierra mediante una orden foral de abril de 2013. El asunto saltó a los tribunales y el 18 de noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón a Ares y anuló la orden foral. En cumplimiento de la sentencia, en octubre de 2016 el Departamento de Movilidad, que dirige la socialista Marisol Garmendia, vuelve a estimar la solicitud de las 60 autorizaciones.

Fuera de plazo

Lo que en principio iba a ser un proceso administrativo normal, aunque complejo, terminó por enredarse. Además de la empresa Ares, en todo el proceso administrativo han estado presentes la Federación Vasca del Taxi, la Asociación Guipuzcoana del Taxi y la empresa Vallina Hermanos S.A., vigilantes de que la ejecución de la sentencia cumpliera con los exigentes requisitos para la concesión de esas licencias VTC que, de haber seguido adelante, hubieran arañado un trozo de mercado al sector tradicional, como está ocurriendo en otras ciudades de gran tirón turístico. La legislación nacional obliga, entre una larga serie de condiciones, a que el 20% de los servicios se realicen en el territorio donde se otorgan las licencias. Otra cosa es el control que se pueda hacer de este aspecto. Madrid, Barcelona y la Costa del Sol son el territorio preferido para este negocio.

Disconformes con varios pasos en la tramitación, finalmente las asociaciones presentaron un recurso de alzada que ha sido ahora estimado en su mayor parte, la concerniente a la concesión de las licencias. Un informe de la secretaría técnica del departamento foral les da la razón en que se incumplió de forma «reiterada» el plazo legalmente establecido para aportar toda la documentación. También considera acreditado que la empresa solicitante no aportó a su debido tiempo la documentación que acreditaba la suscripción de los seguros. Y además se confirma que nueve de los vehículos para los que se solicitaba la licencia VTC ya contaban con esa autorización en Málaga.

La normal foral pone fin a la vía administrativa, pero puede ser recurrida ante el TSJPV.