«He estado a punto de quedarme en la calle con mi pareja y mi hija de 12 años»

Los servicios sociales de los municipios han sido los cómplices para encauzar la desesperación de ciudadanos al borde del abismo inmobiliario. Les han redirigido hacia la nueva asistencia jurídica encabezada por la letrada Yolanda de Pablo. A partir de ahí, el conocimiento de profesionales del ámbito jurídico y la interlocución habilitada por la Diputación han contribuido a la eficacia del servicio.

Da fe de ello Maite Fierrez, que a sus 40 años daba por perdido, hace pocas semanas, el piso de Errenteria donde ha habitado los últimos quince años. Sus penurias comenzaron, como en otros tantos casos, al quedarse en paro ella y su pareja, Jokin. Dejó de pagar su hipoteca cuando le faltaban 47.000 euros para saldar la deuda. Recuerda que «Bankia se negó a negociar nada: ni retrasos ni reducciones de cuotas». Ante la presión de una fecha para el desahucio, «con un abogado que nos costó su dinero», logró pararlo aludiendo a la cláusula suelo.

Sin embargo, mientras trataba de negociar un acuerdo, le llegó del juzgado la fecha del alzamiento. No solo perdía el piso, sino que debía abonar además 60.000 euros para completar la deuda. A punto de tocar fondo, acudió a los servicios sociales de Errenteria, que le pusieron en contacto con la asistencia jurídica habilitada por la Diputación.

Cuenta que «a los dos días ya tuvimos la primera reunión con Yolanda de Pablo. Ante nuestro pesimismo porque Bankia se cerraba en banda a hablar, lo luchó desde el principio, nos transmitió positivismo y nos mantuvo informados de las gestiones. Nos mostró cercanía».

La letrada ganó tiempo, primero, con un recurso -faltaban quince días para el alzamiento-, y negoció después hasta lograr un alquiler social para tres años de 285 euros al mes. «Vino incluso a firmar el contrato a la sede de Bankia y corrigió algunas cláusulas. Además, ha logrado que no nos reclamen la deuda».

Diversidad de gestiones

El caso de Valerie, irundarra de 46 años, evidencia que volcar una delicada situación requiere tocar distintas teclas jurídicas y administrativas. El servicio de la Diputación le ha ayudado a lograr ayudas -cobra la RGI y su hija, de 12 años, percibe 300 euros de orfandad-, a acudir a Lanbide, a obtener el permiso judicial para que su hija recibiera la herencia del padre fallecido al que correspondía el 50% de la vivienda, y a impedir la subasta del piso de protección. Podrá, al fin, vender su vivienda y saldar su deuda (70.000 euros).

Explica que «dejé de pagar cuando mi pareja, minusválida, se quedó en paro, y Kutxabank me mandó una primera carta reclamando 7.000 euros. Cuando les expliqué el caso me dijeron que buscara un comprador para el piso. Si no llega a ser por las gestiones de la abogada, me embargan la casa y me quedo en la calle con mi pareja y mi hija».

El conocimiento de la legalidad y la insistencia jurídica del servicio han salvado, por otra parte, a Juan Manuel Hernández (55 años) de quedarse sin su piso de Arrasate. Trató de acordar con el Santander una cadencia adaptando la cuota a pagar a sus ingresos de 400 euros tras quedarse en paro, pero todo lo que consiguió fue reducir 75 euros la cantidad mensual de 700. El banco le hizo saber que para negociar era necesario ponerse al día. «Me puse en contacto con Stop Desahucios y pedimos la justicia gratuita, pero nos la denegaron». Al límite de la bocina, conoció la vía abierta por la Diputación y, de entrada, el juez de primera instancia ha dado la razón al recurso de su servicio jurídico que alegó cláusulas abusivas y la reclamación de vencimiento anticipado.

Ante el recurso del Santander, el tema está en manos de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa «y me dice la abogada que si hace falta llegará hasta el Supremo», afirma Juan Manuel. «'Chapeau' por las abogadas. Ante la actitud del Santander, que no ha querido negociar, su acción jurídica nos ha sido de mucha ayuda».

Hasta en los casos aparentemente más sencillos, ha hecho falta la intervención del servicio foral para desatar el nudo. José Mari (Astigarraga, 52 años) llevaba muchos meses tratando de informarse en Caja Laboral cuánto debía desde que hace dos año dejó de pagar al quedarse sin empleo. «En todo ese tiempo, no me mandaban cartas, ni me hacían saber nada, y cuando iba a la sucursal a preguntar las personas que me atendían decían que ellas no podían ver esos datos». Ante tanta evasiva, sintió el presagio de lo irremediable. «Tenía miedo a que me acabaran quitando el piso cuando me faltaban entre 20.000 y 23.000 euros por abonar, y yo quería pagar». Acudió a la asistente social de Astigarraga y ésta le puso en contacto con Yolanda de Pablo. «En una semana se había movido todo, hasta tuve una reunión con la abogada del servicio y el director de Caja Laboral, donde todo fueron buenas palabras. Ellos querían cobrar y yo quería pagar. No me hicieron caso hasta que intervino la Diputación y pude reestructurar la deuda». Sigue en el paro, pero podrá pagar sus cuotas con el dinero del trabajo de sus dos hijos, uno de ellos con una minusvalía del 30%.

El servicio ha tenido que lidiar con situaciones personales delicadas, de derivadas jurídicas complejas. Dolores Martín (Irun, 55 años) contrajo en 2005 una deuda con el Banco Sabadell de 238.000 euros junto a su entonces marido. Al no poder asumir el crédito, la afectada denunció que el banco solo le hacía responsable a ella de la devolución del dinero, puesto que su exmarido era insolvente. El Ayuntamiento de Irun ya logró paralizar la subasta de su piso hace dos años.

Dice Dolores que «todo esto ha sido un calvario porque los medios con los que puedes luchar requieren dinero, y estás en esta situación precisamente por dinero. En mi caso, ha habido negociación gracias a la abogada Yolanda de Pablo, porque el banco quería que pagara toda la deuda. Ha conseguido dividirla en dos y que yo responda solo por mi parte con una dación en pago y una cuota asequible a mis condiciones durante los próximos años».