Gipuzkoa crea un servicio gratuito para evitar desahucios antes de llegar a los tribunales

Uno de los efectos más devastadores de la crisis está siendo el de los desahucios. Ser despedido del trabajo a causa de un ERE o porque la empresa quiebra cambia de la noche a la mañana la situación de la familia, que en muchas ocasiones se ve abocada a elegir entre poner un plato sobre la mesa o abonar mensualmente las cuotas de la hipoteca. No hacer frente a las letras ha llevado a centenares de familias quipuzcoanas a ser desahuciadas de sus casas y perder el techo que les da cobijo.

Evitar que estas familias pierdan la casa es el objetivo principal del servicio jurídico antidesahucios de la Diputación de Gipuzkoa, una iniciativa «pionera en todo el Estado» cuya idea se gestó entre varios juristas del Colegio de Abogados de Gipuzkoa hace tres años y que ahora se ha cristalizado en un novedoso servicio. «Un primer paso para acabar con los desahucios es evitar el propio procedimiento judicial», asegura Yolanda de Pablo, abogada y una de las impulsoras del proyecto que funciona desde el pasado junio. La razón por la que se muestra tan optimista es simple. En lugar de ser «una intervención de un abogado en un procedimiento judicial», lo que este grupo de juristas plantea es «asistir a la persona que prevé que va a tener dificultades para pagar las cuotas de la hipoteca antes de que le llegue la demanda judicial, para así poder hablar con el banco por medio de un abogado e intentar llegar a un acuerdo».

De Pablo, Víctor Nieto, Sara Guzón y Carlos González son algunos de los juristas procedentes de cinco despachos del territorio que forman parte de este servicio foral. Recuerdan que cuando surgió la idea pensaron que se encontrarían con «problemas» en el seno del Colegio de Abogados, pero no fue así y tuvo «muy buena acogida», destaca De Pablo.

Tras conseguir el apoyo de la Diputación, el anterior Gobierno foral sacó a concurso la prestación del servicio. Se presentaron varias ofertas y «se adjudicó la nuestra», explica De Pablo, quien asegura que desde el principio «quisimos garantizar que hubiera varios despachos de toda Gipuzkoa para facilitar que la gente pudiera acceder física y geográficamente a ellos». En junio arrancó este «servicio gratuito», recalca Nieto, que en poco más de cuatro meses ya ha atendido una consulta y siete casos, de los que en uno han logrado un acuerdo con la entidad financiera.

El servicio surgió influenciado por la mochila de experiencias con las que cuentan estos profesionales. «La mayoría venimos de trabajar en este terreno con mucha anterioridad al servicio», explica Nieto, y añade que «el problema que detectamos con este tema de los desahucios es que siempre nos hemos encontrado con una demanda de ejecución hipotecaria, lo cual nos deja muy acotados y no tenemos margen de maniobra». Fue entonces cuando se percataron de que existía una fase anterior a ese momento en la que «se podía trabajar y paralizar esta demanda» para negociar con los bancos e intentar lograr «reestructurar la deuda o buscar alguna otra fórmula que no suponga el desenlace tan drástico como una demanda de ejecución».

Buscar un encaje legal

En el camino que han recorrido hasta la fecha, Nieto asegura que en algunos casos las entidades financieras «reciben de forma bastante positiva que intervengamos nosotros, no porque realicemos una labor de mediación, sino porque nos ven como una tercera vía para alcanzar una solución». Negociar una carencia de interés o una reestructuración de la deuda suelen ser las formas más habituales de proceder para «buscarle un encaje legal», apunta, que asegura que «el afectado también tiene y aporta alguna idea» durante estas negociaciones.

Si ha perdido el trabajo o atraviesa por un periodo difícil que cree que podría provocar que tenga dificultades para hacer frente a las cuotas de la hipoteca el consejo de estos abogados es muy claro: «Que se ponga en contacto con los servicios sociales de su ayuntamiento y a través de ellos nos pondrán al corriente del caso», explica Nieto, porque «cuando la gente acude a nosotros con la demanda judicial ya es tarde». En ese sentido, el tiempo es un factor crucial ya que, tal y como apunta González, «si se dejan tres cuotas sin pagar o una cantidad equivalente a tres mensualidades el tema se complica», ya que esa cantidad impagada «legitima al banco para poner la demanda judicial».

«Es muy importante que la gente sepa que hay recursos a los que acudir antes de que se judicialice el proceso», considera Nieto, ya que hay «un montón de trabajo previo» que se puede llevar a cabo encaminado a un fin que marca el norte de este servicio jurídico: «Que el afectado no pierda la casa». Con esta frase lo resume Guzón, quien espera que esta labor sirva para «evitar ver sentada a una pobre anciana en el banco de un juzgado, diciendo que ella era avalista y que había avalado a su hijo».

Una de las virtudes de este servicio jurídico antidesahucios es que «cuenta con el respaldo de la Diputación y los ayuntamientos», destaca De Pablo. Un apoyo que les da mayor fuerza y que es «muy diferente a cuando vas solo como un abogado». En ese sentido, comenta que ha habido consistorios que «se han portado» presionando a algunas entidades con cancelar sus cuentas. En ese sentido, Guzón asegura que «en los juzgados de primera instancia hay mucha sensibilidad hacia los desahucios», mientras que González apunta a que «el problema son las correcciones en las altas instancias» y sus fallos contra las sentencias de esos juzgados, lo que «provoca una inseguridad constante».

Uno de los puntos que los miembros del servicio no se cansan de repetir es que se trata de un servicio gratuito, para que todo aquel que reúna las condiciones lo comunique a los servicios sociales, tras lo cual «nos desplazamos donde haga falta», incide González. Para poder beneficiarse de este servicio lo único que debe hacer la persona afectada es acercarse a los servicios sociales de su ayuntamiento. Ellos se encargarán de registrar la petición y de pedir al solicitante que rellene unos documentos para que «hagamos una valoración sobre su caso», explica Nieto.

Para poder acceder a la asistencia jurídica se deben cumplir ciertos requisitos. Entre ellos destacan la obligatoriedad de estar empadronado en Gipuzkoa, tener una única vivienda en propiedad -por lo que quedan excluidos los casos en los que se tenga una casa de veraneo o en el pueblo-, ser deudor de buena fe, estar en riesgo de exclusión social si se es desahuciado de esa vivienda y no contar con más de 12.000 euros ahorrados en las cuentas corrientes.

Aunque el servicio foral antidesahucios se centra en esa fase previa a la vía judicial, contempla la excepción de actuar en procesos judiciales abiertos. En concreto, aquellos en los que «por poquito no le han dado la justicia gratuita, que es no sobrepasar tres veces el Iprem». Ese índice es «mucho más bajo que el salario mínimo interprofesional, de 531 euros al mes, con lo cual es más difícil que puedas acceder a ayudas». A la hora de acceder al servicio jurídico «no hay que rebasar en cinco veces el Iprem». En ese sentido, Yolanda apunta a que «si alguien solicita la justicia gratuita y no se la conceden en vía procesal, el servicio podría intervenir si no se sobrepasa en cinco veces el Iprem».

Informes a la Diputación

Este mes tendrán que presentar el primer informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en el primer trimestre de vida. En estos meses, han tenido que atender también una consulta de una persona «ante la duda de cuándo le podían plantear la demanda si deja de pagar», recuerda Guzón. Por ello, asegura que esa información «hay que facilitársela en los servicios sociales para que valoren si realmente es necesario que intervenga un abogado». Por otro lado, incide en que «es importante» que los servicios sociales de cada Ayuntamiento «hagan ver que este servicio está activo y que no solo sea 'no pago, voy a juicio y me van a desahuciar'».

Por el momento, el servicio de asistencia jurídica antidesahucios ha conseguido resolver la situación de un afectado, que se ha solucionado usando la fórmula de un «préstamo personal para el arreglo hipotecario». Al margen de esa victoria, cuentan con otros seis casos que «están en vías de negociación».

Este servicio se suma a la labor que realiza Stop Desahucios y al protocolo de jueces y Gobierno Vasco, que creó un sistema de preaviso que permite a las instituciones actuar antes de que los desalojos.