La mirada

Sin retorno

LOURDES PÉREZ
La autorización de Bildu obliga a la izquierda abertzale a cumplir su apuesta hasta el final, mientras provoca una quiebra inédita en la cúspide de la Judicatura española
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La izquierda abertzale vuelve a la normalidad política tras ocho años de sucesivos procesos de ilegalización y lo hace avalada, 'in extremis' y por un voto, por el Tribunal Constitucional, cuya resolución de anoche invita a pensar que en los próximos meses dará también el plácet a Sortu, siempre que no medien hechos que cuestionen la apuesta por el desarme de la antigua Batasuna. Por primera vez desde las primeras sentencias de ilegalización, en 2003, el abertzalismo tradicional había optado por buscar su regreso a las urnas y a las instituciones asumiendo formalmente los requisitos de la Ley de Partidos y confrontando la sinceridad que reivindica para su proyecto con el criterio de los tribunales. El Constitucional ha decantado el pulso, por la mínima, del lado de Bildu. Y la izquierda abertzale, paradójicamente, ha terminado encontrando el mejor espaldarazo a su credibilidad en el mismo Estado de Derecho que la violencia de ETA ha tratado de subvertir durante décadas. Un aval del que el sistema judicial y el entramado institucional no salen indemnes. Pero que interpela sobre todo al mundo de la hasta ahora ilegal Batasuna a ser consecuente con los compromisos proclamados y a convertirse, desde la instituciones, en un factor determinante para el final definitivo de ETA.

La combinación de las dos sentencias, en sentido contrario, del Supremo y del Constitucional marcan seguramente un punto de no retorno. De no retorno para la izquierda abertzale, pero también para la aplicación de la Ley de Partidos. Más allá de las dudas éticas y democráticas que despierte su giro, el independentismo que pretende superar el 'ciclo de violencia' ha tenido que admitir cosas ante los tribunales -entre ellas, que sus relaciones con ETA ya no son armónicas- de las que difícilmente podrá desdecirse sin incurrir en un descrédito insalvable. Y en la peor de las hipótesis, esa misma izquierda abertzale sabe que la democracia se ha blindado ante cualquier tentativa de vulnerarla, porque está legitimada legalmente para actuar ante delitos sobrevenidos incluso si éstos se amparan en la comodidad del escaño. Una perspectiva demasiado agotadora para quienes ahora deben testar con el electorado la inyección de credibilidad y autoestima que les ha insuflado el Constitucional.

Pero el punto de no retorno afecta también al Estado de Derecho. Porque la quiebra en un asunto tan trascendental entre los dos grandes tribunales españoles, y la división en cada uno de ellos, refleja con toda gravedad los límites a los que se enfrentaba la Ley de Partidos para taponar sus vías de agua y ante el cambio en el relato operado en las bases abertzales. El problema de la solidez de las pruebas que apenas había asomado en el pasado ha partido esta vez en dos al Supremo y ha resultado insuperable para el Constitucional. El Gobierno se escudará en que hizo lo que debía ante los indicios policiales y que nada mejor que que haya sido la justicia la que certifique la legalidad de Bildu. Más complicado de explicar resulta que, a tenor de las manifestaciones públicas y privadas de distintos dirigentes socialistas, el Ejecutivo recurriera con la mano derecha todas las listas de la coalición mientras con la izquierda parecía esperar que los tribunales acabaran quitándole la razón. El PP puede tener ahora la tentación extremar sus diatribas contra Zapatero y Rubalcaba. Pero a riesgo de someter a un cuestionamiento letal a la cúspide de la Magistratura, forzada al límite.

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