POLÍTICA

Elecciones contaminadas

JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA

Nadie duda de la importancia de las Administraciones locales y territoriales en la gestión de los intereses ciudadanos. En manos de ayuntamientos y diputaciones se encuentran asuntos que tocan tan de cerca a la gente como la fiscalidad, el urbanismo o los servicios sociales. Y, sin embargo, los comicios que determinan por quién y cómo han de gestionarse estas instituciones los perciben los políticos y los ciudadanos como de rango ancilar respecto de los autonómicos y generales, como si fueran una especie de encuesta cualificada que predijera cuál será el resultado de estos últimos.

Ahora bien, si el riesgo de contaminación está siempre presente en este tipo de elecciones consideradas de inferior rango político, hay ocasiones en que la expectativa del cambio futuro o la evaluación del cambio pasado multiplica el peligro por cien o por mil. Esta de las elecciones del próximo día 22 es una de ellas. Será muy alto ese día el porcentaje de votantes que, al introducir su papeleta en la urna, piense más en Ajuria-Enea o La Moncloa que en el Ayuntamiento de su ciudad o en la Diputación de su territorio. Porque, por muy conscientes que sean los electores de lo que se elige en estos comicios, no habrán podido librarse de los mensajes, abiertos o subliminales, que los políticos les habrán transmitido durante la campaña, desviándoles su atención hacia aquellas otras instituciones en las que ellos tienen realmente puestos sus ojos.

En España, la expectativa de cambio político se ha instalado de tal manera en el cuerpo electoral que no será nada fácil que el votante se sustraiga a este peligro. El PP ha anunciado ya que estos comicios son un plebiscito sobre el Gobierno central, y nada ni nadie podrá evitar que el anuncio se haga realidad. El propio Gobierno menos que nadie. El hartazgo con la situación es tan intenso y la cercanía de las elecciones legislativas, tan inmediata, que el deseo de cambio general, si de verdad lo hay, no podrá no extenderse a los regidores locales y territoriales, por muy poco que éstos se hayan hecho, en cada caso concreto, merecedores de castigo. En Euskadi, de su lado, los partidos que propiciaron el cambio tan drástico que se produjo en el país hace dos años no lograrán escapar al juicio que el ciudadano será incitado a emitir sobre él a lo largo de la campaña.

Por si todo esto fuera poco, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, el -a la hora en que esto se escribe- todavía incierto veredicto sobre la participación de Bildu en el proceso electoral contribuirá a incrementar con su particular grano de arena la contaminación general que de por sí afecta a este tipo de comicios. Con todo, sólo cuando se sepa su sentido, podremos calibrar el alcance de esta última contribución, que, en el País Vasco y según hacia qué lado se incline la balanza judicial, podría ser devastador, más que en la gestión de la campaña en la de los resultados electorales.

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