¿Qué queda por hacer?

¿Qué queda por hacer?
ÁNGELES CARMONAPresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

Lo que queda por hacer está en el Pacto de Estado contra la violencia de género asumido hace ya más de un año por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios y de las instituciones españolas. Por ello resulta urgente seguir poniendo en marcha las medidas que en él se contienen. En primer lugar, es imprescindible la ruptura del silencio. Debemos hacer que las víctimas se reconozcan como tales y pidan ayuda. Para ello, las instituciones deben ofrecer información y asistencia desde el primer momento, antes de la interposición de la denuncia, ayudándolas, acompañándolas y sobre todo protegiéndolas. Toda la sociedad debe implicarse.

Deben acometerse reformas legislativas que amplíen el concepto de violencia de género a cualquier ataque contra una mujer por el hecho de ser mujer, y no sólo los cometidos en el seno de la pareja. Cualquier reforma que se realice ha de ser desde el sosiego y la reflexión, con intervención y consenso de todos, no sólo de los partidos sino de todos los operadores implicados en esta materia. Los expertos han propuesto que la asistencia letrada previa a la interposición de la denuncia tenga carácter preceptivo; también, la supresión de la circunstancia atenuante de confesión y reparación del daño en los asesinatos y homicidios; el cumplimiento íntegro de las penas; la desaparición del criterio del elemento subjetivo en los tipos penales de violencia de género; el reforzamiento de los recursos de rehabilitación de maltratadores o el impulso de la utilización de los dispositivos electrónicos de seguimiento a los mismos. Sin duda, la educación es pieza clave en la erradicación de estas violencias machistas: educación en igualdad, en el respeto a las mujeres y en el rechazo a todo tipo de discriminación hacia la mujer, que debe incluirse en los ciclos formativos desde la infancia. La coordinación entre instituciones y el seguimiento de las actuaciones públicas en esta materia es fundamental. Elevar esta problemática a cuestión de Estado y arbitrar la creación de un organismo, un Alto Comisionado que asuma esta responsabilidad, convertiría a España en el país más vanguardista y efectivo en la lucha contra la violencia de género.