Propuesta realista e inteligente

Si en España la disputa se centra entre la izquierda y la derecha, en Cataluña la lucha por la hegemonía se presenta en dos ámbitos diferenciados. Por una parte, está por ver cómo queda la confrontación entre el soberanismo y el constitucionalismo, y, por otra parte, la pelea en el seno del independentismo, como la disputa cada vez más inequívoca entre el liderazgo de Junqueras y el de Puigdemont.

Para abordar el conflicto catalán en términos de mayor realismo y pragmatismo es necesario, aunque no suficiente, que los resultados en el Estado permitan la investidura de Sánchez, y que en Cataluña la mayoría del voto independentista se aglutine en torno a ERC, que le permitan a esta formación recuperar la libertad de movimientos que hoy no tiene para poder explorar la vía del diálogo con el PSC y con En Comú Podem, con la valentía necesaria de quien es sabedor de que no hay salida para Cataluña que no se fundamente en el pacto entre catalanes.

Pero igualmente tengo claro que no habrá un escenario de diálogo real si al mismo tiempo no se ofrece una salida aceptable, sin vulneración de la independencia del Poder Judicial, a los presos por el procés, especialmente a los acusados por rebelión, si el Supremo resuelve que los hechos enjuiciados constituyen delito de rebelión.

La acusación por rebelión ha sido muy criticada por expertos penalistas, que entienden que en los hechos no existe la violencia histórica y conceptual que exige este delito. Sin embargo, en ámbitos del Poder Judicial, especialmente en el Supremo, se ha construido la teoría de que se puede «actuar violentamente sin que se actúe con violencia» como en su día dejó escrito el juez Llarena.

Por eso y ante la eventualidad de una posible condena me ha parecido muy interesante la propuesta de En Comú Podem, consistente en la reforma urgente del Código Penal, en la que se concrete el contenido de la 'violencia constitutiva de la rebelión', que para este grupo está vinculado al uso de armas, como en su día determinó el TC.

Dicha modificación tendría la ventaja de que podría ser aplicada tanto en el supuesto de que a su entrada en vigor aun no hubiera sentencia, como en el caso de que habiendo resolución de condena, los condenados tendrían el derecho a que se les aplicase la ley más favorable conforme contempla el Código Penal. Una propuesta realista, pragmática e inteligente.