A la espera de nuevos peajes

Una de las primeras decisiones de la diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, fue tumbar el acuerdo alcanzado en la legislatura de Markel Olano para instalar un peaje en Etxegarate. Bildu, con el apoyo del PP y de Aralar, echó atrás aquella decisión.

Meses más tarde, el Ejecutivo de Garitano presentó una propuesta para cobrar a los camiones que circulan por Gipuzkoa. El proyecto, denominado Arkupe, se basaba en unos pórticos situados encima de las principales carreteras del territorio, de forma que se pudiera cobrar a los vehículos pesados sin que tuvieran que parar, mediante un sistema de telepeaje.

La coalición justificó el giro copernicano en la obligación de devolver la deuda de la sociedad foral Bidegi (900 millones de euros).

La idea era que solo tuvieran que pagar los camiones que transitan de paso por el territorio, es decir, la medida no afectaría a los vehículos pesados de Gipuzkoa. Esta pretensión, en extremo cándida, se topó con la realidad. La normativa europea prohíbe establecer distinciones entre los camioneros en función de su origen o destino. Este problema era conocido por el departamento, dado que el Gobierno del PNV también intentó que su plan de cobro en Etxegarate afectara solo a los camiones extranjeros, pero dio marcha atrás ante la norma de la UE.

Por tanto, Ugarte tuvo que admitir que los camioneros locales también deberían pagar por usar la N-1, A-15, Endarlatsa y Deskarga. La propuesta provocó una dura reacción del sector. La patronal (Guitrans) y el sindicato Hiru, próximo a la izquierda abertzale, organizaron movilizaciones que pusieron los pelos como escarpias a los responsables del departamento de Infraestructuras Viarias. La izquierda abertzale está acostumbrada a ponerse la primera detrás de la pancarta, pero no enfrente de ella. Las principales organizaciones estatales también amenazaron con actos de protesta, al tiempo que se generó una dura polémica con el Gobierno de Navarra, territorio especialmente afectado por el peaje guipuzcoano.

Finalmente, Arkupe no salió adelante. Ugarte llevó el plan a las Juntas, paso obligado al tratarse de un proyecto de norma. Consciente de la que se le venía encima, lanzó mensajes conciliadores con vistas a lograr un cambio de cara al pleno. Incluso se mostró dispuesta a pactar un desarrollo de su plan de peajes por fases, pero todo fue en vano. PNV, PSE y PP votaron en contra. Los partidos de la oposición coincidieron en denunciar que la medida de Bildu tiene un afán meramente recaudatorio. Añadieron que no responde a la consecución de una movilidad sostenible.

Barra libre

Lo cierto es que las diferencias entre los grupos son más de forma que de fondo. Es decir, existe un consenso generalizado en que los camiones que circulan por Gipuzkoa, sin origen ni destino en el territorio, tienen que contribuir al sostenimiento de la red viaria. La barra libre que existe en nuestro territorio no se concibe al otro lado de la muga. Camión que pasa la frontera, camión que obligatoriamente entra en una autovía de peaje.

Las diferencias radican en el sistema a aplicar. Entre el peaje solo en Etxegarate y el propuesto para toda la red viaria de alta capacidad guipuzcoana caben acuerdos de consenso que probablemente se alcanzarán en las Juntas Generales que resulten elegidas tras las elecciones del 24 de mayo.