Deepfakes, la humillación a precio de saldo sin ayuda legal
El Derecho no puede ser solo un instrumento punitivo que llega tarde y castiga poco, debe convertirse en un espacio de reconstrucción de la confianza digital
Los deepfakes -esas imágenes o vídeos que fusionan rostros reales con cuerpos o situaciones completamente inventadas- ya no son ciencia ficción: son un arma cargada en manos de quien quiera humillar, extorsionar o destruir la reputación de otra persona. Y lo peor es que, cuando todo esto llega a quien debe sancionar, el sistema, a veces, responde con una palmadita en la mano del agresor.
Hace unos meses, la AEPD sancionó a una persona por difundir fotografías manipuladas con IA: rostros reales superpuestos sobre cuerpos desnudos que no les pertenecían. Pornografía inventada, pero con caras reales. Con nombres reales. Con vidas reales detrás. La sanción fue de 1.200 euros con pronto pago. 1.200 euros. Esa es la cantidad que se considera «proporcional» al daño de ver tu rostro -o el de tu hijo/a- utilizado para crear contenido sexual sin consentimiento y difundido en internet, quizá, para siempre.
No me malinterpretéis: la AEPD aplicó la ley correctamente. Pero la cuantificación de la sanción se quedó realmente corta; humanamente, moralmente, resulta insuficiente. Y sí, sabemos que esa multa no va a la víctima, es una multa que ingresa el Estado. Pero cuando ves que el daño que te han causado se valora en apenas mil euros, cuando compruebas que destruir tu imagen tiene el mismo coste que una multa de tráfico, la frustración es inevitable.
Porque aquí no estamos hablando solo de protección de datos, estamos hablando de derechos fundamentales. El derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad protegen algo mucho más profundo que un simple «dato personal»: protegen tu dignidad, tu identidad, tu esencia como persona. Y el daño que causa un deepfake realmente no se puede medir en euros: se mide en noches sin dormir, en ansiedad constante, en la imposibilidad de volver a confiar en tu propia imagen. Pero una indemnización acorde puede servir, quizá, para reducir su impacto, y sobre todo, para que quien te ha dañado entienda que tu dolor no tiene un precio ridículo.
Las víctimas siguen encontrando obstáculos enormes para denunciar, como la vergüenza o la dificultad de probar quién difundió qué
La inteligencia artificial ha democratizado el delito. Antes, manipular una imagen requería conocimientos técnicos. Hoy, cualquiera con un móvil y una app gratuita puede convertir tu rostro en lo que le dé la gana. Y cuando intentas retirar esa imagen, ya se ha replicado en decenas de servidores, ha sido descargada por cientos de usuarios y forma parte de un ecosistema digital del que nunca desaparecerá del todo. Las víctimas siguen encontrando obstáculos enormes: la vergüenza de denunciar, la dificultad de probar quién difundió qué, el miedo a la exposición pública.
Mecanismos para denunciar
Aun así, hay que saber que no estamos indefensos, aunque el camino sea difícil. Existen mecanismos legales reales: se puede, como he comentado, denunciar ante la AEPD, activar el procedimiento sancionador y ejercer el derecho al olvido para lograr la retirada del contenido; acudir a la vía penal, donde se castigan estas conductas -con mayor severidad si la víctima es menor-; e incluso reclamar una indemnización civil por los daños sufridos, amparada en la Ley Orgánica 1/1982. No se trata de una justicia simbólica, sino de frenar el daño, exigir responsabilidades y poner valor al sufrimiento real que generan la humillación, la ansiedad o la pérdida de reputación. Porque defender la propia imagen no es un acto de orgullo: es una forma de recuperar la dignidad que la tecnología y la impunidad pretenden arrebatar.
Las plataformas también tienen responsabilidad. Las redes sociales y sitios de contenido tienen obligación legal de retirar material ilícito, y si no actúan pueden ser responsables. Denuncia, insiste, escala. No des por perdida una batalla antes de librarla. Y no subestimes el impacto emocional: buscar apoyo psicológico no es un lujo, es una necesidad.
Los deepfakes atacan la verdad misma. Si una imagen puede mentir con precisión quirúrgica, ¿qué valor tiene la prueba visual? ¿Cómo recuperamos la confianza pública cuando cualquiera puede fabricar una realidad alternativa con tu cara? El Derecho no puede ser solo un instrumento punitivo que llega tarde y castiga poco. Debe convertirse en un espacio de reconstrucción de la confianza digital, y eso exige educación, prevención y responsabilidad tecnológica real. Solo así podremos reconstruir la confianza digital que esta nueva era de falsificación masiva amenaza con destruir.
