Impuesto vasco a viviendas vacías. ¿Qué impacto real tendrá?

La creación tanto de un Registro autonómico de Viviendas deshabitadas como de un canon municipal que grave la desocupación son los últimos pasos para el desarrollo de la Ley vasca de Vivienda, que tiene por fin incentivar la puesta en el mercado de los inmuebles, ya sea mediante la venta o el alquiler, o su incorporación a los programas públicos de alquiler Bizigune y ASAP.

Para ser considerada deshabitada, la vivienda debe haber permanecido vacía durante al menos dos años, pero se exceptúan de esta catalogación los inmuebles destinados a segunda residencia (solo una vivienda por titular); aquellos que se encuentran desocupados por traslado de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o similares, y los que han permanecido en venta o alquiler durante al menos tres meses, entre otros supuestos.

El impuesto, que será gestionado por los ayuntamientos (que también acreditarán que la vivienda se encuentra deshabitada), ascenderá a 10 euros por metro cuadrado y año, y aumentará anualmente un 10% hasta un máximo de tres veces el importe inicial. El propietario estará obligado a pagar el canon hasta que acredite que el inmueble se ha destinado a uso ocupacional.

El resultado es que el propietario de una vivienda considerada vacía de 90 metros cuadrados deberá hacer frente a un impuesto de 900 euros el primer año, un importe que subirá a 990 euros el segundo año, 1.089 el tercero y así sucesivamente hasta un máximo anual de 2.700 euros.

El decreto 149/2021, de 8 de junio, de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda incluye también la posibilidad de la expropiación temporal para destinarla al alquiler social, si el inmueble lleva más de un año declarado como vacío, y de la expropiación, en casos en los que el estado de abandono de la vivienda suponga un riesgo para la seguridad de la ciudadanía. Ambas herramientas se reservan para zonas de acreditada demanda y necesidad de vivienda y suponen una indemnización.

La amenaza de perder el derecho de uso sobre la vivienda durante los cinco años, prorrogables otros cinco, que supone la expropiación temporal forzosa, o incluso enfrentarse a la expropiación definitiva, aunque sean medidas reservadas para situaciones excepcionales, parecen motivación suficiente para dar un uso a la vivienda.

Pero cabe preguntarse si el importe del impuesto a las viviendas vacías es acicate suficiente para el perfil de los propietarios que disponen en Euskadi de inmuebles deshabitados. Según la Estadística de Vivienda Vacía 2015 del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, el 13,8% de los propietarios de viviendas deshabitadas las reservaban para hijos o hijas, y el 9,9% la había comprado como simple inversión.

Es decir, casi una cuarta parte de las viviendas vacías eran titularidad de propietarios que ni las utilizaban como segunda residencia, ni habían tenido la necesidad de destinarlas al alquiler. El estudio 'Políticas de movilización de vivienda vacía mediante incentivos positivos' elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda identifica «una cierta aversión o temor a poner en oferta en alquiler las viviendas vacías», asociado «a factores culturales y sociológicos, así como a experiencias negativas que se difunden habitualmente en los medios de comunicación».

Sin embargo, además de las sanciones, el nuevo decreto incluye también incentivos positivos para aquellos propietarios que decidan destinar su vivienda vacía a alguno de los programas públicos de alquiler: los dueños de inmuebles cedidos al programa de alquiler social Bizigune recibirán una renta mensual que podrá llegar a los 650 euros mensuales, mientras que los que se decanten por el programa de intermediación del alquiler ASAP podrán beneficiarse de asistencia jurídica, seguros de cobertura de impagos o desperfectos y una renta mensual de hasta 775 euros.

Además, el programa incluye subvenciones para la rehabilitación de vivienda, en las que se priorizarán las intervenciones en inmuebles que vayan a destinarse al alquiler social y los situados en zonas tensionadas.

Este plan de vivienda del Gobierno vasco toma como referencia otras experiencias desarrolladas en Europa, que combinan los incentivos positivos y las sanciones, de las que el modelo británico es el que presenta mayores similitudes: impuestos a las viviendas vacías, expropiaciones temporales, venta forzosa de viviendas deshabitadas o ayudas a la rehabilitación son algunas de las herramientas utilizadas en el Reino Unido, a las que se suman otras iniciativas a nivel local.

Los mayores ejemplos son los de las ciudades inglesas de Birmingham (1.150.000 habitantes) y Liverpool (500.000 habitantes), en los que según otro estudio elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda ('Informe sobre la vivienda vacía en la CAE y análisis de programas de movilización a nivel municipal') se consiguieron movilizar 3.760 y 2.913 inmuebles, respectivamente, entre 2011 y 2015.