Las Haciendas vascas, que no cobran el impuesto, expectantes por si deben cambiar sus normas

La exención del tributo en la vivienda habitual deja, por ejemplo, a Gipuzkoa sin una recaudación de aproximadamente 9 millones año tras año

Alexis Algaba
ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN.

Al margen de la desazón social por los vaivenes en las sentencias del Tribunal Supremo y de las reacciones que ha suscitado, el efecto para los consumidores vascos de la decisión del Alto Tribunal es muy limitado. La razón es que el tributo que el Supremo ha confirmado que deben seguir abonando los consumidores, el que se refiere a Actos Jurídicos Documentados, está exento en los tres territorios en el caso de que se grave la vivienda habitual. Sin embargo, el movimiento anunciado por Pedro Sánchez de modificar de forma urgente y por decreto la norma para que de aquí en adelante sea la banca la que deba abonar ese impuesto incluido en el IRPF ha cogido de imprevisto a las Haciendas forales, que estudiarán si deben realizar también alguna modificación en línea con la que ha planteado el Gobierno central.

Los territorios analizarán con detenimiento las modificaciones que se planteen en el decreto que será presentado hoy, como hacen con cualquier cambio fiscal que realiza el Estado en impuestos en los que la competencia está transferida, como son el IRPF y Sociedades. Pero saben que la premura por modificar la norma es menor en Euskadi, ya que es la única comunidad en la que existe una exención al pago del AJD (en vivienda habitual) y para el resto de casos -segunda propiedad o locales, entre otros- el tipo establecido, un 0,5%, es también el más bajo en todo el Estado. «La afección es muy limitada» en Euskadi, insistió ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

Sea como fuere, si la propuesta del Ejecutivo persigue la modificación del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por confuso, las Haciendas vascas recogen en su normativa un artículo calcado. En el caso de Gipuzkoa, es el artículo 28, que señala que «será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan». Por tanto, la ambigüedad de esta pieza es común en ambas leyes.

Aun así, cabe recordar que el Supremo, en su fallo previo del 16 de octubre, anulaba que la obligación del pago recaiga sobre el cliente porque ese precepto se estipulaba en un «reglamento» y no en la Ley, una situación que no se registra en Euskadi, donde la regulación está recogida de manera explícita en la Norma Foral (de igual rango jurídico que la ley estatal).

Una exención «social»

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apuntaron ayer que esperan que las tres diputaciones vascas así como la comunidad foral de Navarra modifiquen sus normas para hacerlas coincidir con la entrada en vigor del decreto estatal «en beneficio de los hipotecados en estos territorios». Gestha calcula que en toda España unos 450.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones tras el cambio.

Una estimación que en Euskadi podría tener muy poco valor ya que la gran mayoría de préstamos firmados no tienen la obligación de tributar por el AJD. De hecho, la Hacienda de Gipuzkoa prevé en su presupuesto de gastos fiscales de 2019 que la exención en este tributo tendrá un coste de 8,8 millones de euros, una cuantía que el fisco deja de ingresar por esta medida que considera «social».

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