Víctor Bravo asegura que «jamás» formó parte del consejo de administración de Glass Costa Este

Víctor Bravo a la salida de los juzgados de Donostia. /Michelena
Víctor Bravo a la salida de los juzgados de Donostia. / Michelena

El exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa, acusado de tres delitos contra el fisco, defiende su inocencia en la primera jornada del juicio en el que está acusado de fraude fiscal

Mikel Madinabeitia
MIKEL MADINABEITIA

La primera jornada del juicio al exsenador del PNV y exdirector del fisco de Gipuzkoa, Víctor Bravo, acusado de defraudar presuntamente 1,8 millones de euros en tres delitos contra la Hacienda pública, se está celebrando este martes en la Sala de lo Penal número 1 de San Sebastián. Bravo y el otro acusado de este proceso, Fernando Isidoro González, han proclamado su inocencia en los interrogatorios que han tenido lugar durante la mañana.

El primero en comparecer ha sido el propio Víctor Bravo, que ha ejercido su defensa propia pero que se ha tenido que quitar la toga para declarar. En la sala número 4 de los juzgados donostiarras, Bravo ha rechazado las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y la acusación particular, para lo que ha aducido que Glass Costa Este Salou se constituyó «con capital íntegramente guipuzcoano» y la fijación de su domicilio mercantil fue «el correcto» sin que, ha añadido, el exdirector de la Hacienda guipuzcoana «jamás» formara parte de su consejo de administración. Bravo ha agregado que la sede y la dirección «efectiva» de la empresa «estaban aquí» y también tenía «la totalidad» de su inmovilizado en Gipuzkoa

Bravo ha dirigido todos sus esfuerzos a acreditar la legalidad del establecimiento de Glass Costa Este Salou en territorio guipuzcoano, al tiempo que se ha desvinculado de las decisiones ejecutivas adoptadas por su Consejo de Administración, a cuyas reuniones tan sólo acudió en algunas ocasiones, y sobre las que no tenía «ningún control» ya que sólo disponía del 1,66 % de participaciones directas en la empresa.

Así, Bravo ha mantenido que la primera sede de la firma estuvo en un domicilio de la calle Loiola de San Sebastián, tras lo que se trasladó a un despacho de la Avenida de Tolosa (que ha rechazado que fuera un «nicho» de empresas), y finalmente se ubicó en un despacho de la zona de Portuetxe.

El procesado ha recalcado también que el «inmovilizado» de Glass estaba en Gipuzkoa, puesto que como firma «de cartera» su cometido era «crear empresas, tomar participaciones, facilitar la financiación, buscar capital» para el resto de sociedades del grupo que lo precisaran.

Respecto a la orden foral que permitió a Glass acogerse al Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa, Bravo ha señalado que él no la dictó porque no era su cometido como director de Hacienda y ha insistido en que no llegó a abstenerse cuando se tramitó porque «desconocía» la existencia de su solicitud.

Asimismo, ha afirmado que permitió al otro procesado residir en su vivienda durante un tiempo porque eran amigos íntimos, al igual que sus esposas, al tiempo que ha negado que se tratara de una «domiciliación ficticia» para cumplir los requisitos que permitieran a Glass radicarse en Gipuzkoa.

Fernando Isidoro, por su parte, al que su letrado y la jueza le han llamado la atención en repetidas ocasiones para que se mantuviera en silencio y no hiciera aspavientos, ha aseverado que se creó la empresa aquí porque «éramos un grupo de amigos de aquí», aunque ha reconocido que su actividad empresarial se ceñía a la costa catalana, Madrid y La Rioja, lejos de Gipuzkoa.

Fernando Isidoro ha sugerido además que durante esa época se domicilió en casa de Bravo en vez de comprar o alquilar una vivienda propia por motivos de «seguridad» que, según ha insinuado, estaban relacionados con el terrorismo y ha rechazado que establecieran la sede de Glass en Gipuzkoa para lograr «beneficios fiscales» ya que no sacaron «ni un duro en positivo»·

En el juicio, Víctor Bravo se enfrenta a un máximo de nueve años de cárcel, según la petición de la Abogacía del Estado –la Fiscalía solicita seis años–. Además, el Ministerio Público le reclama 4,5 millones por haber ayudado presuntamente a una empresa de la que era socio a fingir que tenía su sede fiscal en Gipuzkoa para acogerse a beneficios fiscales.

Simulación fiscal

Ambas acusaciones coinciden en sus argumentos. En resumen, denuncian que Bravo ayudó a la empresa Glass Costa Este Salou, en la que ostentaba una participación accionarial, a fingir que su sede fiscal estaba en Gipuzkoa para acogerse –a través del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas– a mayores beneficios fiscales de los que habría obtenido de tributar en territorio común. El exdirector de Hacienda no es el único acusado. El administrador de Glass Costa, Fernando Isidoro González Enfedaque, se enfrenta a la misma petición de penas. Las mujeres de ambos acusados, Yolanda Zuinaga y Arantza Arbelaitz, además de Rufino Eizaguirre y Jesús Jiménez, inicialmente imputados, quedaron finalmente fuera de la causa.

El caso salió a la luz tras una investigación que capitaneó el entonces fiscal jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Hacienda guipuzcoana. Era el año 2009 y suponía el segundo 'tsunami' en la Hacienda foral de Gipuzkoa, cuya credibilidad estaba en tela de juicio tras el fraude de la Hacienda de Irun, que acabó con la condena a diez años del que fuera director de la oficina de la localidad fronteriza, José María Bravo, hermano del ahora juzgado.

En la denuncia original de 2009, Víctor Bravo era acusado de cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia provocó una comisión de investigación en las Juntas que sacó a relucir enormes lagunas en el funcionamiento de la Hacienda foral durante sus 12 años como director, y concluyó declarándole responsable político del caso. Pero Víctor Bravo se enfrenta finalmente en el juicio unicamente a tres presuntos delitos contra la Hacienda pública, los relativos al supuesto fraude en el Impuesto de Sociedades, y quedó exonerado de todo lo demás.