Las tres Haciendas vascas aplicarán el mismo criterio para grabar las 'cajas de resistencia'

La Diputación de Bizkaia fue la primera en enviar un requerimiento a los sindicatos vascos para que le informaran respecto a los pagos realizados a sus afiliados a través de las denominadas 'cajas de resistencia' o instrumentos similares. Un hecho que se dio a conocer a principios de febrero después de que transcendiera de que el fisco vizcaíno había enviado sendas misivas a UGT y CC OO. En el caso de ELA la petición de información se realizó el año anterior, mientras que LAB la ha recibido posteriormente.

La Hacienda vizcaína requirió información sobre las identidades delos trabajadores que hubieran percibido retribuciones por dicho concepto, así como las retenciones practicadas en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. Y es que argumentaba que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la norma foral 13/2013 de 5 de diciembre del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, las denominadas 'cajas de resistencia' tienen el tratamiento de rendimiento de trabajo.

Pese a que ELA -el sindicato que más utiliza esta herramienta y que de hecho hace gala de ella- criticó a la Diputación de Bizkaia por 'establecer un cambio de criterio' ya que indicó que hasta ahora no se le había requerido que aplicara retenciones, el diputado de Hacienda del territorio indicó que «se trata de una mera aplicación de la normativa vigente». Una tesis que volvió a defender este lunes en una comparencia en las Juntas, en la que informó que se le exigirá a ELA y al resto de sindicatos que abonen las retenciones no practicadas desde 2014 -se limitan al 2%-, así como los intereses de demora.

La central nacionalista señaló que aceptará los criterios establecidos por la Hacienda vizcaína, tal y como ha hecho hasta ahora. Pero faltaba por saber qué actitud iban a adoptar las Haciendas de los otros dos territorios. De hecho, la central nacionalista había solicitado reuniones con los responsables de los fiscos de los tres territorios y de Navarra, para que le aclarasen los criterios y tener «garantías y seguridad jurídica».

Ayer, el diputado general de Álava, Ramiro González, indicó que se habían reunido con ELA. Recordó que los pagos de las 'cajas de resistencia' son cantidades que tributan en el IRPF, algo que ya advirtió hace unas semanas «y que ha servido para clarificar una situación que necesitaba de mayor claridad». Admitió que hasta ahora «había alguna duda por parte del algún contribuyente», pero al ser preguntado sobre la posibilidad de que el sindicato deba abonar el 2% de las cantidades pagadas, González se acogió a la norma que impide hablar de la situación tributaria de contribuyentes concretos.

La Hacienda guipuzcoana -preguntada por este periódico- se limitó a señalar, asimismo, que también considera dichas aportaciones como rendimiento de trabajo y que como tal hay que practicar retenciones. Pero también se acogió a la confidencialidad de los datos tributarios concretos para eludir responder si exigirá a los sindicatos los abonos de los últimos cuatro años y los intereses de demora. El fisco guipuzcoano no aclaró si habían mantenido la reunión solicitada por la central nacionalista. Al respecto, ELA aseguró que hay concertada una reunión el próximo día 21 de marzo.

En el caso de que la Diputación de Gipuzkoa reclame el abono del 2% desde 2014, las centrales tendrán que pagar a dicha Hacienda las retenciones de los pagos realizados a través de estos instrumentos a los trabajadores del territorio. Por ejemplo, los que realizó ELA a los empleados de mantenimiento de carreteras durante una huelga que se prolongó durante casi un año entre 2016 y 2017.

LAB indicó, por su parte, ayer que no comparte el criterio de la Hacienda vizcaína y que presentará alegaciones al requerimiento al entender que su 'Borroka Kutxa' no es una caja de resistencia al uso, sino una caja de lucha, cuyo objetivo «no es sustituir el salario que deja de percibir el trabajador, sino que tenga el mínimo para cubrir sus necesidades básicas», por lo que lo considera una renta asistencial y no de trabajo.