ELA advierte que los empleados públicos vascos pierden 7,1 puntos de poder adquisitivo con la subida pactada en Madrid

Eizagirre explica que entre 2022 y 2025 (toma como referencia este año la subida de los precios hasta el momento del 3,1%) el personal público vasco acumula una pérdida del poder adquisitivo del 8,6%, que es la diferencia entre lo que se han incrementado los sueldos en ese periodo y la inflación estatal.

Añade que si a ese 8,6% se resta el 2,5% de subida salarial acordado para este año, la merma de poder de compra se queda de entrada ya en el 6,1%. Pero apunta que a esa cifra hay que añadir otro punto, que es la diferencia entre la desviación de los precios prevista para el próximo año y el aumento del 1,5% (con un variable del 0,5%) de los salarios pactados. «En total, un 7,1% de pérdida de poder adquisitivo».

Además, Igor Eizagirre indica que «no hay garantías reales» de que se pueda llevar a cabo la subida pactada para 2027 y 2028, que sería del 4,5% y del 2%, respectivamente, dada la debilidad política del actual Gobierno y de la realización de elecciones en 2027 si agota la legislatura, ya que incluso podrían ser antes.

Con este escenario y los aumentos pactados sobre la mesa, el responsble de ELA quiere dejar claro que no hay motivos para sentirse satisfechos, sino todo lo contrario. Es más, asegura que «una vez más la subida salarial se ha pactado con unos sindicatos que en el ámbito público vasco no llegan al 20% de representación, como son CC OO y UGT».

Incide en que se ha pactado a «espaldas de los sindicatos mayoritarios vascos» y en que las condiciones de los empleados públicos vascos deben decirse en Euskadi. Una cuestión que lleva reclamando la central nacionalista desde hace años.

En este contexto, la central se ha movilizado este jueves ante el Parlamento Vasco precisamente para solicitar que los presupuestos vascos no pongan a disposición de Madrid las necesidades de empleo y salario del personal público.

Indica que para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos cuatro años, los presupuestos de 2026 deben establecer un incremento salarial del 8,6% más el IPC de 2025. En cuanto a la jornada, reclama una reducción de 32 horas. Y reclama una partida presupuestaria que permita su implementación.

Recuerda que el 42% de la plantilla del Gobierno Vasco (115.000 personas) es temporal, lo que supone más de 24.400 personas en Osakidetza, la mitad de la plantilla; más de 25.000 en Educación. De hecho, señala que la temporalidad del sector público triplica al del privado.