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JOSÉ LUIS GALENDE
Lunes, 2 de febrero 2015, 00:53
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La negociación de los convenios colectivos se complica aún más. Si con la reforma laboral sufrió una verdadera revolución en las empresas y los sectores, de la que está lejos de recuperarse, la sentencia del Tribunal Supremo que mantiene vigentes las condiciones contractuales de los trabajadores a pesar de la desaparición de su convenio, la llegada de un IPC negativo y la ya crónica escasez de acuerdos en los sectores laborales abre un nuevo escenario en las relaciones laborales de Euskadi. Esos factores obligarán a empresarios y sindicatos a ser muy imaginativos si quieren mantener vivo un sistema que aupó a Euskadi a la cumbre de las condiciones laborales de España, y que hace aguas porque solo han sido capaces de renovar los acuerdos de una cuarta parte de los asalariados vascos.
Los resultados de las negociaciones de los últimos años han dibujado un panorama inquietante para la mayoría de los trabajadores de Euskadi, que han visto cómo sus convenios no eran renovados, en algunos casos incluso desde antes de la crisis económica, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y ausencia de otras mejoras laborales. Y es que el territorio que se ha caracterizado en las últimas décadas por diseñar un sistema de negociación que ha permitido los salarios más elevados y las mejores condiciones de trabajo ha llegado a este principio de 2015 al borde del colapso por falta de acuerdos. Los datos de los once primeros meses de 2014 -los de todo el año, que se conocerán en unos días, apenas alterarán ese balance- revelan que solo una cuarta parte de los empleados por cuenta ajena de la comunidad autónoma tiene un convenio colectivo renovado en acuerdos alcanzados en su territorio.
Las cifras son bastante claras. Según el Instituto Vasco de Estadística, en el País Vasco trabajan en torno 700.000 asalariados, de los que hasta el mes citado tenían convenio renovado unos 270.000. De este colectivo, 95.000 trabajadores se rigen por pactos suscritos en sectores y empresas de ámbito estatal. Es decir, los convenios renovados en la comunidad autónoma por sus sindicatos, patronales y empresarios al acabar noviembre llegaban a solo 175.000 trabajadores. Y la situación ha empeorado con el comienzo de año. A este paso, alertaba recientemente el presidente del CRL, Tomás Arrieta, existe el «riesgo cierto» de un «desmantelamiento» del modelo actual de relaciones laborales, un hueco que será ocupado por los convenios que se negocian a nivel estatal, tal como prevé la legislación.
Estrategias enfrentadas
Como es sabido, a este escenario se ha llegado por un agravamiento de las diferencias entre sindicatos y patronales y entre las propias centrales entre sí, debido a estrategias encontradas. En ellas ha jugado un papel esencial la negativa de la mayoría sindical y las patronales a ceder en algunos asuntos introducidos por las últimas reformas laborales, como la ultraactividad de los convenios, una vez cumplida su vigencia, o el sistema de arbitraje para los casos en que no haya acuerdo sobre los 'descuelgues' del convenio de empresas en crisis. Además, la defensa a ultranza por la central mayoritaria, ELA, de la negociación en la empresa, frente a la de los sectores, ha dejado prácticamente en vía muerta un buen número de convenios colectivos sectoriales, lo que incide en la situación de decenas de miles de empleados de pequeñas empresas, que son los que más se han beneficiado de ellos. Y por si fuera poco, las elecciones sindicales se concentran en la parte final del pasado año y los primeros meses de 2015, lo que hace más difícil que los sindicatos den muestras de debilidad en las negociaciones con los empresarios.
Ya casi transcurrido el mes de enero, no se vislumbran cambios de estrategias ni en la centrales ni en las empresas o asociaciones empresariales que permitan vislumbrar un cambio de panorama. A falta de confirmación por parte del CRL de la situación, el año arranca con más de 110.000 trabajadores que han visto desaparecer su convenio y con más de 200.000 pendientes de renovar los suyos.
Y está por ver la influencia que van a tener esas dos nuevas circunstancias citadas, la sentencia del Supremo y el IPC negativo de 2014, aunque no necesariamente tiene que ser para peor en las decenas de pactos colectivos que deben negociarse (centenares si se incluyen los de empresa). Aunque el tribunal citado no ha fijado aún jurisprudencia, el hecho de que los trabajadores cuyo convenio ha desaparecido tengan garantizadas las condiciones de trabajo da tranquilidad a los asalariados y resta presión a los sindicatos. No obstante, ello no resuelve la situación de los nuevos contratados, que deberán atenerse a los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores o a la decisión que quiera adoptar el empresario de turno, porque no siempre existe un convenio de ámbito estatal al que acogerse.
Otra incógnita es cómo van a gestionar los agentes sociales la gran novedad de un IPC negativo, tras lo sucedido en 2014, que bajó el 1%. Aunque la referencia a la inflación ha sido abandonada en muchos convenios sectoriales, los precios a la baja es una situación tan novedosa que influirá para bien o para mal en los procesos de negociación. No obstante, alguna pista daba al respecto este domingo en una entrevista concedida a este medio el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, que pedía a los empresarios que mantuvieran los salarios o los subieran, si podían.
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