El secreto del sumario en el caso Villarejo atenaza a la cúpula del BBVA

Carlos Torres, actual presidente de BBVA, en una imagen junto a la sede de la entidad financiera en Madrid. / REUTERS
Carlos Torres, actual presidente de BBVA, en una imagen junto a la sede de la entidad financiera en Madrid. / REUTERS

La aparente inacción de la entidad, forzada por el proceso judicial, genera un poblema adicional de reputación

Manu Alvarez
MANU ALVAREZBILBAO.

El 'annus horribilis' del BBVA parece no tener fin e incluso agravarse con el paso del tiempo. Primero fueron las sospechas y más tarde las evidencias de que la entidad había pagado desde 2004 a 2018 cantidades millonarias al excomisario José Manuel Villarejo. Y todo ello en unos encargos de obtención de información que, al parecer, incluyeron la realización de escuchas y seguimientos ilegales a un amplio abanico de personas, incluidos miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora siete meses después de que el caso saltase a la luz pública, el banco se enfrenta a un escenario casi diabólico. El secreto de las actuaciones judiciales impuesto por el Magistrado Manuel García Castellón para proteger el proceso de investigación, impiden al banco dar explicaciones, aclarar qué hallazgos se han producido en el proceso de análisis interno que ha dirigido la firma PWC e incluso, apuntan fuentes conocedoras del procedimiento, anunciar medidas sobre personas que pueden estar todavía en la nómina de la entidad. Un escenario adverso que genera además para la entidad daños adicionales a su reputación.

Hasta el momento, la Audiencia Nacional ha imputado a ocho directivos y exempleados del banco -entre ellos el exconsejero delegado, Ángel Cano-, por su supuesta participación en los contratos del excomisario. Salvo uno de ellos, Antonio Bejar, director de riesgos entre los años 2012 y 2015, se acogieron a su derecho a no declarar en su primera cita ante el juez. Bejar, por su parte, tan sólo declaró conocer la relación de Villarejo con el banco en trabajos de investigación de morosos para tratar de encontrar bienes presuntamente ocultos por los mismos.

En manos del juez

Todo apunta a que la cúpula del banco ansía ya el levantamiento del secreto sumarial -algo que previsiblemente no sucederá al menos hasta septiembre-, para poder liberar una parte de la presión que se está generando. Al igual que sucedió en los primeros compases de esta historia, cuando todas las miradas se clavaban el presidente Carlos Torres para exigirle que tomase alguna decisión en torno a su antecesor, Francisco González, el momento actual parece estar presidido de nuevo por una inacción aparente del consejo. El propio presidente ha tratado de despejar esta duda en una reciente carta a los empleados del banco, al asegurar que la investigación avanza a «buen ritmo», y garantizar que la colaboración con la Audiencia Nacional y la Fiscalía es total.

En un comunicado emitido por el banco el pasado miércoles, el BBVA aseguraba que ha compartido con «la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación» interna. Todo apunta, además, que ese trasvase de información del banco a la Fiscalía y al juez se ha producido de forma continuada desde hace meses, sin esperar a la conclusión de los trabajos en los que además de PWC colaboran también las firmas Uría y Garrigues.

Pero las palabras tienen un valor relativo y suelen ser los hechos los que inclinan las balanzas. El pasado mes de marzo fue la decisión de Francisco González de dimitir de sus cargos -las presidencias honoríficas del banco y también de la fundación-, las que permitieron aliviar la presión sobre Carlos Torres. Ahora, tan solo un explicación detallada de lo que se ha encontrado en la investigación interna, así como una relación de las medidas adoptadas en consecuencia, pueden devolver una cierta tranquilidad a la cúpula del banco.

Pero el silencio obligado de la entidad se produce además en un momento en que la Fiscalía ha solicitado que el propio banco sea investigado por los presuntos delitos de cohecho -contratar a Villarejo cuando aún era funcionario del Estado-, revelación de secretos y corrupción. El actual código penal permite la imputación de las sociedades mercantiles cuando sus empleados han cometido hechos delictivos, siempre que no hubiese adoptado medidas y procedimientos de control para evitar que ese tipo de comportamientos pudieran producirse. Demostrar que esos mecanismos existían y que en todo caso pudieron ser sorteados de forma fraudulenta por algunos empleados, será el trabajo de defensa que deberá desplegar la entidad para eludir la imputación societaria. La propia Fiscalía, además, se ha mostrado contraria a la intención del banco de personarse como parte perjudicada en la causa abierta por la Audiencia Nacional.