PNV y PSE rechazan en Juntas la creación de un observatorio independiente contra el fraude

«No vemos que sea necesaria su creación», sostuvo desde un inicio la juntera jeltzale, Maria Eugenia Arrizabalaga. El tándem de gobierno en Gipuzkoa formado por PNV y PSE impulsó una propuesta de resolución con cuatro peticiones para apuntalar la lucha contra el fraude. La primera solicita a la Diputación que amplíe las funciones de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Fraude para poder incluir la realización de estudios de forma periódica sobre la cuantificación del fraude fiscal y la economía sumergida, y su especificación por sectores de actividad económica. «Es positivo realizar evaluaciones propias, pero un análisis independiente también aporta valor», criticó el portavoz de EH Bildu, Xabier Olano.

La enmienda transaccional de la coalición abertzale y Podemos era «más ambiciosa», en opinión del juntero morado Imanol Gude. En ella se instaba a la Diputación foral a que impulsara dicho observatorio independiente, el cual tendría tres funciones principales: cuantificar el fraude fiscal, proponer medidas antifraude y analizar experiencias exteriores para que puedan ser aplicadas por las Haciendas forales.

Xabier Olano destacó que «el fraude que asumimos en Euskadi es demasiado: 2.300 millones al año. Por eso debemos hacer más y disponer de más herramientas».

Arrizabalaga respondió a Olano y Gude argumentando que «confiamos en nuestros técnicos e instituciones» y añadió que «más que valor añadido, la creación de ese observatorio traería desconfianza en lo que hacemos». La juntera jeltzale enumeró las distintas políticas contra el fraude en las que trabaja la Diputación y avanzó que en los dos primeros meses de este año «el fisco ha logrado aflorar 2,5 millones más que en el mismo periodo del año pasado». La propuesta de resolución de jeltzales y socialistas fue aprobada por el pleno e insta también a la Diputación a profundizar en el intercambio de información entre administraciones públicas o el fomento de acciones dirigidas al control de transacciones en efectivo.