¿Puede corregir su error el contribuyente?

¿Puede corregir su error el contribuyente?

Cada semana los expertos de Garrigues responden a una selección de preguntas de los lectores

Javier De Miguel (Garrigues)
JAVIER DE MIGUEL (GARRIGUES)

La normativa tributaria guipuzcoana viene contemplando, ya desde 2005, que cuando existe alguna opción que el contribuyente debe ejercitar con su declaración, únicamente la puede rectificar dentro del propio plazo voluntario de presentación del impuesto de que se trate, sin poderla modificar en adelante.

El problema era (y continúa siendo) que no existe una definición de qué es una «opción que el contribuyente debe ejercitar con la presentación de la declaración».

Consciente de la inseguridad jurídica en la que se hallaba el contribuyente, el legislador foral trató de solventar la situación, al menos en relación con el IRPF y el impuesto sobre sociedades, aprovechando la reforma de 2014 para establecer, en relación con cada uno de dichos impuestos, un catálogo tasado de lo que son «opciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación», de modo que únicamente las opciones expresamente allí listadas quedarían sometidas a la prohibición de su posible modificación posterior.

Indudablemente, la inclusión de dicho «catálogo de opciones» ha otorgado al contribuyente de ambos impuestos una mayor seguridad jurídica desde enero de 2014, pero (aquí comienza nuestra valoración personal) cabe oponer que el legislador foral se ha excedido en su confección, incluyendo en el catálogo alternativas de actuación y decisiones del contribuyente que no responden al concepto de «opción a ejercitar por el contribuyente con la presentación de la autoliquidación».

Ocurre lo anterior, por ejemplo, en relación con la acreditación de incentivos fiscales por la realización de determinadas actividades. La no inclusión en el momento de la declaración del impuesto de una determinada deducción, por error o, incluso, por prudencia (recordemos que la indebida acreditación de deducciones es un supuesto de los considerados como sancionables), impedía su posterior rectificación, una vez finalizado el plazo voluntario de declaración.

Pues bien, el pasado 6 de febrero las Juntas Generales han aprobado una flexibilización del régimen de opciones en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades de modo que, sin alterar el catálogo de opciones, se posibilita la modificación posterior de todas ellas por el contribuyente, al menos, hasta el momento en que la Administración realice un requerimiento.

Ahora bien, dicha «flexibilización» únicamente va a resultar de aplicación con efectos a partir de 1 de enero de 2018 o para periodos impositivos iniciados a partir de dicha fecha y, en cualquier caso, deja sin resolver el problema de fondo: ¿dónde queda el derecho material del contribuyente a una tributación conforme a su capacidad económica? De acuerdo con la norma del impuesto, en caso de comprobación por la Administración, ese derecho sigue quedando subordinado, al fin y al cabo, al cumplimiento de los requisitos formales de presentación de cada declaración, limitándose el derecho del contribuyente a una regularización íntegra de su situación tributaria por la Administración (no solo en lo que le perjudique, sino también en lo que a aquél le beneficie).

(Puedes plantear tus dudas en la zona de comentarios o por correo electrónico a web@diariovasco.com para trasladarlas a nuestros expertos, quienes elegirán una selección para responder las próximas semanas).