La petición de traspaso del Puerto de Pasaia a Euskadi fractura a los socios del Gobierno foral

A este contexto político se sumó ayer un cruce de declaraciones entre la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) y el Ministerio de Transportes tras el anuncio del ministro Óscar Puente de una inversión de 63,2 millones de euros en el puerto dentro del plan Horizonte 2030. El organismo, dependiente de la Consejería de Industria del Gobierno Vasco y que se ha mostrado a favor de la transferencia para ganar competitividad, precisó ayer que no se trata de una inyección económica del Estado, sino de las tasas públicas con las que el propio puerto se autofinancia.

El enfrentamiento político sí subió de tono el miércoles en el pleno de Juntas de Gipuzkoa, en el que la diputada general, Eider Mendoza (PNV), defendió con firmeza la necesidad de culminar el traspaso del puerto a Euskadi al considerar que solo una gestión directa permitirá darle «un impulso industrial» y acabar con lo que calificó como «la falta de compromiso» del Estado. Mendoza recordó que Pasaia apenas recibirá el 2,5% de la inversión del Gobierno central, y recalcó que «es necesario realizar una gestión más eficaz y cercana».

Por el contrario, la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez (PSE-EE), advirtió de las consecuencias que podría tener la desclasificación de Pasaia como puerto de interés general, condición que actualmente le permite integrarse en el sistema estatal y acceder a determinados servicios y marcos de coordinación. «Perder esa catalogación supondría reducir su atractivo para los operadores, limitar su capacidad de desarrollo y debilitar la competitividad de nuestro territorio», señaló.

Domínguez insistió en que su postura no responde a una cuestión partidista, sino a la preocupación compartida por los propios trabajadores del puerto, que temen que la descalificación o un eventual traspaso supongan una pérdida de peso en beneficio del Puerto de Bilbao. «Si tantos beneficios tendría para la economía vasca, no entendemos por qué no se plantea con la misma determinación la desclasificación del puerto de Bilbao», subrayó.

El debate se produce en el marco de las conversaciones entre el Ejecutivo de Imanol Pradales y el Gobierno central para avanzar en las competencias pendientes del Estatuto de Gernika antes de que termine el año. La transferencia del puerto, que el Gobierno Vasco defiende que está en el Estatuto, es una de las claves de la negociación entre Euskadi y Madrid para completar los traspasos competenciales.

La «inversión» de 63,2 millones de euros anunciada por el Gobierno central en el Puerto de Pasaia abrió ayer un nuevo cruce de declaraciones, esta vez entre APP y el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Desde la APP explican que las autoridades portuarias «se autofinancian en base a los ingresos por tasas públicas» y que las inversiones incluidas en el plan son «las previstas desde hace tiempo», dentro de su planificación ordinaria. «No es una línea presupuestaria adicional ni proviene de los Presupuestos Generales del Estado», puntualizan.

El desglose por capítulos de los 62,3 millones que se invertirán en la dársena pasaitarra es el siguiente: infraestructuras (44,4 millones), sostenibilidad (6,7 millones), seguridad (5,4 millones), accesos (3,9 millones), puerto-ciudad (2,3 millones).

Estas tasas, explican, constituyen los ingresos con los que las autoridades portuarias deben cubrir tanto su funcionamiento como sus inversiones, y precisan que esos 63 millones corresponden a esas tasas. «Las autoridades portuarias nos autofinanciamos; tenemos que elaborar presupuestos en función de nuestros ingresos por tasas, que son públicas, pero no proceden de los Presupuestos Generales del Estado. Las inversiones forman parte de nuestra planificación plurianual y deben financiarse con la propia actividad del puerto, sin que exista una línea presupuestaria adicional», aclaran desde el organismo.

En este sentido, precisan que el plan presentado por Puertos del Estado no implica nuevos fondos, sino la consolidación de las proyecciones financieras que cada autoridad portuaria remite anualmente, con previsión a cuatro años vista. La presentación pública de estas cifras, insisten, responde a la agregación de todos los planes ordinarios de inversión de los puertos españoles.