Los pensionistas vascos seguirán movilizándose hasta que se cumplan las promesas

En San Sebastián, los pensionistas se han concentrado como cada lunes en los jardines de Alderdi Eder con una pancarta en la que figuraba el lema: «Sistema público vasco de Seguridad Social». Los congregados, muchos de los cuales llevaban carteles para reclamar «pensiones mínimas de 1.080 euros», han celebrado una asamblea en este lugar, donde han leído un comunicado en el que aseguran que, «tras quince meses en la calle, el movimiento de pensionistas sigue teniendo fuerza suficiente para presionar» a las institucionales.

Consideran que así se demostró en las manifestaciones celebradas el pasado sábado en las que, según sus cálculos, participaron 17.000 personas en el País Vasco y Navarra que, a su juicio, «siguen marcando la pauta de las movilizaciones» en España. Piden, por último, al Ejecutivo vasco que «no se desentienda» de este asunto bajo el argumento de que «no tiene competencia» en el mismo. «Sabemos que el pago de la pensión corresponde al Gobierno del Estado, pero también sabemos que el Gobierno Vasco a través de sus competencias puede complementar las pensiones con una ley propia», concluyen.

En Bilbao, cientos de jubilados y pensionistas se han congregado un lunes más, al sol, ante el Ayuntamiento en defensa de sus reivindicaciones, entre las que se encuentran una pensión mínima de 1.080 euros al mes y la subida del SMI -Salario Mínimo Interprofesional- hasta los 1.200 euros. Uno de las portavoces, Andrea Uña, ha dado las gracias a los asistentes que estuvieron presentes en la manifestación del pasado sábado en la capital vizcaína. Además, ha afirmado que «no existe intención de llenar las huchas de las pensiones» y ha exigido que «se devuelva el dinero de las autopistas y de los bancos». «Vale ya de promesas, vamos a convertirlas en realidades. Tememos que se dilaten en el tiempo, porque dicen que hay que consensuarlas en el marco del Pacto de Toledo», ha señalado Jon Fano, portavoz del movimiento de pensionistas, quien ha añadido que «es sólo cuestión de voluntad política y, si no, vamos a hacer que la tengan».

El Pacto de Toledo es una comisión formada por parlamentarios de distintos partidos políticos, en la que se debaten las propuestas del Gobierno de turno y en la que exponen sus recomendaciones tras acordar y consensuar, entre todos, cuáles son las más convenientes para el sistema público de pensiones.

En Vitoria cientos de pensionistas han recorrido las calles del centro bajo el lema «Pensiones Públicas dignas» para concentrarse frente al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), dependiente de la Diputación alavesa, donde han leído un manifiesto en el que han pedido más plazas públicas en las residencias de mayores y soluciones para los casos de dependencia. Juan Antonio Armentia, portavoz de Pentsionistak Araba, ha recordado la importancia de esta cuestión para el colectivo y ha reclamado mejoras en la atención para revertir una tendencia que «entre 2002 y 2017 ha creado sólo 7 plazas públicas en residencias, mientras que las de las residencias privadas se han duplicado».

«Pedimos que se aumente el número de plazas públicas y que la ayuda que da el IFBS en los casos en los que no pueda ofertar una plaza cubra las necesidades, porque el precio medio en las residencias privadas ronda los 2.000 euros, y el cheque está entre 750 y 1.000 euros, por lo que es inasumible para poder optar a una plaza», ha agregado.