Más de 18.000 guipuzcoanos se beneficiarán del alza de la pensión mínima hasta los 1.180 euros

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, rubricó ayer el acuerdo con los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, tras arrancarles estos nuevas cesiones, como mejoras en las pensiones mínimas o que la cuota de solidaridad para las rentas más altas se aplique sobre todo el salario que esté exento de pagar cotizaciones.

En lo que respecta a las pensiones mínimas, afectará a un total de 18.257 guipuzcoanos y 59.041 vascos. Si nos centramos en nuestro territorio, 12.606 –ver gráfico adjunto– corresponden a pensiones de jubilación, 3.810 a prestaciones de viudedad, 638 son de incapacidad permanente y 118 a favor de familiares.

El grueso corresponden al régimen general (11.667) y en menor medida al de autónomos (6.003). El resto corresponden a fundamentalmente a trabajadores del mar (347) y empleadas de hogar (185).

El Ejecutivo no tendrá esta vez el apoyo de la patronal, que se desmarca de una reforma «regresiva» que carga todo el esfuerzo en las espaldas de los trabajadores y las empresas y que penalizará la creación de empleo, algo que desde Moncloa rechazan.

«Es una reforma histórica de un avance extraordinario. Afianzamos y robustecemos el sistema en tres cuestiones: suficiencia, equidad y sostenibilidad», proclamó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien, sin embargo, reconoció que lo que hace «básicamente» es neutralizar la derogación del factor de sostenibilidad y la puesta en marcha de la nueva revalorización con el IPC. Las nuevas medidas que se pondrán en marcha, entre las que se incluye un nuevo método de cálculo de las pensiones que amplía a 27 los años que se tienen en cuenta, supondrá un incremento del gasto de algo más de un punto de PIB anual en la década de 2040.

UGT y CC OO han conseguido que el Gobierno mejore aún más la subida de las pensiones mínimas, que se irán revalorizando en mayor medida que la inflación los próximos cuatro años y para las que se fija un suelo, al estilo de lo que se ha hecho con el salario mínimo. Así, «desde el año 2027 la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada con el IPC, no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos», según el último borrador del real decreto al que ha accedido este periódico.

Escrivá cuantifica que esta prestación suba progresivamente desde los actuales 13.527 euros brutos anuales hasta los 16.500 euros en 2027, que repartidos en 14 pagas supondría una nómina de 1.178 euros al mes, un 22% más. Además, el nuevo texto extiende esta cuantía mínima a la pensión de viudedad con cargas familiares, si no se modifica el redactado final.

Las pensiones no contributivas, por su parte, se incrementarán también cada año por encima del IPC, pero en este caso hasta situarse en un mínimo del 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. El ministro estima que se elevarán desde los cerca de 6.800 euros hasta rozar los 8.300 euros brutos en 2027, casi 600 euros mensuales frente a los actuales 484

Otra concesión que ha realizado Escrivá es una subida mayor de las cotizaciones para las rentas altas. Así, la nueva norma que previsiblemente se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario elimina la potestad de que el Gobierno de turno fije cada año en los Presupuestos el importe máximo sobre el que se aplique la nueva cotización adicional de solidaridad.

Significa esto que esta nueva cotización supondrá un gravamen de hasta un 6% que se aplicará por todo el salario que esté por encima de la base máxima, situada en 2023 en los 54.000 euros brutos anuales, en previsión de que pueda haber un cambio en Moncloa hacia la derecha que minimice este impuesto sin tener que hacer cambios en la ley. Así, para un trabajador que gane 100.000 euros tendrá que pagar este recargo por los 46.000 euros.

Esta cotización de solidaridad, que solo tendrán que pagar los asalariados, no los autónomos, será del 1% en 2025 y se irá incrementando anualmente en 0,25 puntos porcentuales hasta alcanzar el 6% en 2045, del que un 5% correrá a cargo de la empresa y el 1% restante, del trabajador.

Además, otro de los cambios que recoge el nuevo texto de real decreto es que incrementa los límites máximos que se pueden sacar cada año del Fondo de Reserva, la conocida como 'hucha de las pensiones', que se irá llenando estos próximos años del dinero recaudado a través del nuevo mecanismo de equidad, que duplica su cuantía hasta el 1,2%, y del recargo a las rentas altas, así como de dotaciones extra.

Así, en 2023 se podrá retirar un máximo del 0,10% del PIB para pagar las jubilaciones del 'baby boom', cuantía que aumenta cada año progresivamente hasta tocar techo en 2048, cuando se podrá sacar el equivalente al 0,91% del PIB.