Los pensionistas regresan a la calle en demanda de «prestaciones dignas»

Envueltos en el tradicional llamamiento a una pensión mínima de 1.080 euros en Euskadi y partiendo de los jardines de Alderdi Eder, los pensionistas cargaron con vehemencia contra la reciente reforma de las pensiones. Y explicaron que la aprobación en el Congreso del Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo, que cierra la segunda parte de la reforma de pensiones, «no es la reforma que venimos reclamando en las calles desde hace más de cinco años».

Aunque el RDL incorpora ciertas mejoras, explicaron los representantes de los pensionistas, «esto es parte de un proceso de reformas que está recortando pensiones y derechos de las personas pensionistas». «Reformas que como la del 2011 deberían haber sido derogadas y que en este RDL se perpetúan», añadieron en declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha.

El incremento de las pensiones mínimas, recordaron, «no alcanza ni siquiera los 1.080 euros». «Nos referimos a una persona pensionista mayor de 65 años, con cónyuge no a cargo, que según la tabla del gobierno pasaría de 743 euros en 2023 a 873 euros en 2027 tras aplicar en dicho año 2027 el 60% de la renta mediana tal como dictamina el Real Decreto Ley», explicaron.

Entre gritos de «Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden», los caminantes rechazaron que se aumente de 25 a 29 años el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión. «Ni 25, ni 29, ni 30, volver a los 15 años anteriores a 2011», señalaron.

A su juicio, es necesario «mejorar la compensación de los vacíos de cotización», aunque el RDL ni siquiera vuelve a la situación anterior al 2011, y también «crear el complemento de brecha de género, que aumenta para el año 2024 y 2025 un 10% la prestación por hijos». Ambas medidas, aseguraron, «son insuficientes».

Aunque a juicio de los portavoces de los pensionistas «es positivo incrementar» el fondo de la SS aplicando medidas como el destope de bases máximas de cotización, el establecimiento de la cuota de solidaridad o la mejora de cotizaciones, por su cuantía y proyección temporal, «resultan medidas escasas».

«No se puede decir que este RDL no tiene recortes», afirmaron los pensionistas, que resaltaron que los recortes en las pensiones procedentes de reformas anteriores como el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años o el incremento de años cotizados para acceder al 100% de la pensión «se siguen cumpliendo».

También denunciaron que «se ratifican recortes como el incremento de los años de cotización necesarios para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, que con este RDL se aumentan a 29».

Tal y como explicaron, someter, «tal como aparece en el RDL», las decisiones futuras respecto a la financiación y prestaciones del SPP a los criterios del Informe de envejecimiento publicado por la Comisión Europea, la AiReF y el Pacto de Toledo «deja la puerta abierta a nuevos recortes de las pensiones».

Al resumir sus demandas, los pensionistas instaron al gobierno y los partidos políticos a «aprovechar la tramitación parlamentaria para establecer de inmediato, en 2023 la pensión mínima de la persona pensionista con cónyuge no a cargo en 1080 euros por catorce pagas».

La manifestación estuvo trufada de las clásicas demandas, como derogar «los recortes» de las reformas de pensiones, incluida la de 2011, «recuperar la jubilación a los 65 años, tomar 15 años para el periodo de cálculo de la pensión y eliminar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados». También reclamaron que los planes de pensiones colectivos de empleo coticen y tributen como rentas de trabajo.