Los pensionistas buscan aliados sindicales para un paro de cuatro horas en noviembre

Concentración de los pensionistas en Alderdi Eder, con los característicos paraguas verdes. /J. M. López
Concentración de los pensionistas en Alderdi Eder, con los característicos paraguas verdes. / J. M. López

Continúan los contactos con las centrales vascas para dar un salto cualitativo en sus movilizaciones

Pilar Aranguren
PILAR ARANGUREN

Los pensionistas vascos quieren dar un salto cualitativo en sus movilizaciones y pretenden buscar aliados sindicales -no queda otra- para convocar un paro de cuatro horas a final de año y aumentar así el eco de sus protestas. Aunque todavía no hay una confirmación por parte de las centrales, el colectivo baraja como posible fecha el mes de noviembre.

Tras más de año y medio de movilizaciones, con concentraciones todos los lunes ante los consistorios, y un puñado largo de manifestaciones convocadas en las capitales del País Vasco y de Navarra, los pensionistas vascos creen que ha llegado la hora de dar una vuelta de tuerca y aumentar la presión sobre los políticos, de forma especial sobre el Gobierno central, para que se tengan en cuenta sus reclamaciones. Unas demandas que se centran en la defensa del sistema público de pensiones, en solicitar unas prestaciones dignas y también una pensión mínima de 1.80 euros, entre otras cuestiones.

En pleno verano los pensionistas siguen movilizándose y este lunes volvieron a concentrarse ante los diferentes consistorios. En el transcurso de la protesta que tuvo lugar en Bilbao sus portavoces trasladaron a los concentrados en la explanada que ya han llevado a cabo una primera ronda con todos los sindicatos para recabar su apoyo de cara a convocar en noviembre en Euskadi y Navarra un paro de cuatro horas. Precisaron que se ha iniciado ya una segunda ronda con las centrales, que todavía no ha concluido.

Los portavoces vizcaínos indicaron que por el momento no tienen confirmación por parte de ningún sindicato de que vayan a convocar dicha jornada de paro, «para la que no hay todavía fecha fijada», precisaron, pero no pierden las esperanzas. Mientras tanto, los pensionistas no cejarán en sus protestas y aprovecharán las fiestas y acontecimientos estivales para hacerse oír. Además, ya adelantan que habrá alguna movilización de cara al 1 de octubre, con motivo del Día Internacional del Mayor.

Los pensionistas vascos se mostraron este lunes muy críticos con las palabras de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien apuntó la semana pasada que se podría «enderezar la Seguridad Social con un plan a cuatro o cinco años». Indicaron que el colectivo de pensionistas «no va a soportar» que no haya antes una respuesta a sus reivindicaciones y exigieron «que se pague el dinero que se debe a la caja de pensiones». El colectivo también denunció la inversión en material militar de dinero que «debería estar destinado a bienes sociales». Lamentaron que se vaya a destinar más de 2.300 millones a la adquisición de distintos vehículos militares. Según ellos, «los políticos han cambiado los bienes sociales por los militaristas y se han olvidado de las necesidades de los mayores».

Persiste la pobreza real

Por otro lado, indicaron que la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales ha demostrado que el objetivo de reducir en un 20% la pobreza en el País Vasco «no ha tenido éxito, ya que en 2018 más de 270.000 personas en Euskadi se encontraron en situación de pobreza real».

Tampoco se libraron de sus críticas los políticos vascos por «sus elevados sueldos». Los portavoces de la concentración de Alderdi Eder en Donostia recordaron que los salarios de los políticos vascos son de los más elevados del Estado y pusieron como ejemplo el del alcalde de San Sebastián, que cobra 85.000 euros brutos, y el del diputado general, que es de 79.000 euros.

«La mayoría de los cargos públicos cuentan con sueldos de entre 40.000 y 70.000 euros, al tiempo que los de los secretarios de la Diputación van desde los 79.000 hsta los 110.000». Consideran que solicitar una pensión mínima de 1.080 euros «ante semenjantes sueldos y con los impuestos que pagamos todos, incluidos los pensionistas, es razonable».