El Gobierno quiere un «importante» cambio fiscal para financiar las pensiones

Los pensionistas donostiarras se concentraron ayer, otro lunes más, ante el Ayuntamiento para reclamar unas prestaciones dignas./LOBO ALTUNA
Los pensionistas donostiarras se concentraron ayer, otro lunes más, ante el Ayuntamiento para reclamar unas prestaciones dignas. / LOBO ALTUNA

La ministra de Industria aboga por revisar impuestos a la banca, a las tecnológicas o al diésel | El consejero delegado del BBVA advierte de que un gravamen financiero provocaría el encarecimiento del crédito

JOSÉ M. CAMAREROMADRID.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez tiene claro que para mantener la revalorización de las pensiones al ritmo que se incrementa la inflación es necesario dotar de nuevas figuras tributarias, o aumentar las existentes, para mejorar los ingresos del Estado y hacer frente al gasto en prestaciones por jubilación, entre otras. Lo saben todos los miembros de su gabinete. Y ayer, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, lo dejó claro al apuntar que la Seguridad Social tiene un problema de ingresos que si no se resuelve, «solo tenderá a la deuda», por lo que considera que hay que impulsar una reforma «importante» desde el punto de vista de la fiscalidad.

Tras reconocer que existe un déficit «estructural importante en la Seguridad Social», hay que poner encima de la mesa «todas las posibles soluciones» para un problema que ya afecta a las pensiones actuales. La solución puede pasar por un nuevo impuesto a la banca y a las transacciones financieras, como el que venía defendiendo el PSOE durante los últimos meses.

También puede ser un gravamen que se aplique a las tecnológicas, «como el que se sacó de la chistera el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando anunció que iban a aumentar las pensiones», apuntó ayer Maroto durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) junto a la APIE. E incluso señaló la posibilidad de aplicar un impuesto a los coches que más contaminen, como serían los diésel.

La cifra

18.800 millones.
Es el déficit con el que cerró la Seguridad Social el año pasado, el más alto de la historia. Mensualmente abona una nómina de casi 9.000 millones e ingresa unos 10.000, pero no son suficientes para pagar las extras, por lo que en julio echará mano de una parte del préstamo previsto en los Presupuestos.

En ese acto, recibió la respuesta del consejero delegado de BBVA sobre la propuesta de gravar la actividad bancaria para financiar las pensiones. Carlos Torres rechazó su aprobación advirtiendo de que «lo que provocará es un encarecimiento del crédito», anticipando que es una medida «errónea». El banquero recordó a Maroto que «ya hay experiencias similares en otros países de América Latina que ilustran bien claro que un impuesto a la banca lo que genera es distorsión de la actividad económica», así como una restricción de la concesión de préstamos y un alza del coste de la financiación.

La titular de Industria aclaró que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «no ha venido a derogar todas las leyes» que ha puesto en marcha el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, refiriéndose especialmente a la reforma laboral. «Somos un gobierno dialogante que venimos a dar una continuidad en un momento difícil», indicó Reyes Maroto durante su intervención, aunque sí matizó que desde el PSOE sí quieren cambiar determinadas normas «para tener otras distintas», aunque son conscientes de la minoría parlamentaria con la que cuentan.

Reforma laboral

En este sentido, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, señaló que «si no hay modificación de alguno de los parámetros de la reforma laboral, solo el acuerdo de negociación colectiva no va a poder revertir esta congelación y devaluación salarial que hay en España». Aunque los sindicatos son conscientes también de la debilidad de diputados que tiene el actual Ejecutivo, sí ven posible modificar algunos aspectos clave de la última reforma laboral, aunque no sea posible su derogación total.

En concreto, el líder de UGT, Pepe Álvarez, mencionó en ese acto el fin de la devaluación salarial «con o sin causa económica» en una empresa. También ve posible modificar la ultraactividad o que los convenios de empresa prevalezcan sobre los del sector. También aboga por establecer una mejor causalidad a la hora de establecer los criterios de una empresa para despedir o acogerse a recortes.

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