Las patronales de residencias, a favor de explorar un pacto que frene la huelga

Trabajadoras de residencias de Gipuzkoa durante una de las jornadas de huelga celebradas en 2015./LUIS MICHELENA
Trabajadoras de residencias de Gipuzkoa durante una de las jornadas de huelga celebradas en 2015. / LUIS MICHELENA

Adegi y Garen muestran su disposición a celebrar nuevas reuniones con los sindicatos, pero descartan un consenso antes del 28, día del primer paro

Alexis Algaba
ALEXIS ALGABASAN SEBASTIÁN.

El reloj ya corre de forma inexorable hacia la primera jornada de huelga de los trabajadores de las residencias de Gipuzkoa. Según los planes de ELA, será el próximo día 28 cuando se detenga por primera vez la actividad en el sector como protesta ante la situación que vive el colectivo y la falta de acuerdo para la firma de un nuevo convenio. Después de este anuncio, la pelota se encuentra en el tejado tanto de las patronales -que reúnen a las empresas concesionarias- como de la Diputación, responsable de la gestión de las residencias que, tras ser consultados por DV, insisten en que se puede lograr un consenso por la vía de la negociación en la mesa sectorial que frene una huelga que podría llegar a alcanzar las 17 jornadas de aquí a final de año.

«Veo imposible que en estos quince días que restan hasta la primera jornada de huelga se pueda alcanzar un acuerdo, pero confío en que nos volvamos a sentar a negociar», explicó ayer a este medio Juan Ramón Apezetxea, secretario general de Garen, que tiene el 10% de la representación en la mesa negociadora a través de la Asociación de Centros Gerontológicos. El portavoz de Garen sostiene que «nos hemos enterado por terceros» de la convocatoria de paros realizada por ELA y señala su «sorpresa por la postura sindical de dar por agotada la negociación y no poner una fecha para reunirnos durante meses».

Ambas partes tienen una cita el próximo lunes ante la autoridad laboral en la que se tratará de mediar ante la nueva situación creada aunque no se prevé que pueda producirse ningún avance. Eso sí, podría convocarse una nueva cita que fuera ya de negociación pura y dura para avanzar en las conversaciones y poder suspender las jornadas de huelga convocadas para octubre (24, 25 y 26), noviembre (26, 27, 28, y 29) y diciembre (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31). «Nuestra intención es seguir trabajando en la búsqueda de un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes», explicaron por su parte fuentes de Adegi, que cuenta con la representación más importante en la patronal de las residencias de Gipuzkoa, con un 36% del total.

«Queremos seguir trabajando para buscar un acuerdo beneficioso para ambas partes» Adegi

«Nos sorprende que los sindicatos den por agotada la negociación y no pongan fecha para otra reunión» ACG-Garen

«Es muy importante que se firme un convenio y se garantice la atención a las personas mayores» Diputación de Gipuzkoa

Sea como fuere, el sector de las residencias y centros de día, que está conformado por 5.000 trabajadores -principalmente mujeres- se enfrenta a unas negociaciones que se prevén largas, aunque una amenaza de huelga como la convocada por el sindicato mayoritario (ELA) puede precipitar un acelerón en las conversaciones que arrancaron hace ya 21 meses. Sin embago, las posiciones de ambas partes ha hecho imposible hasta el momento acercar posturas.

La Diputación pide estabilidad

Según denuncian los sindicatos, la propuesta de la patronal conlleva la congelación de los salarios o la renegociación a la baja los derechos sociales entre otras cuestiones, «excusándose en que el actual modelo de cuidados es insostenible». La propuesta sindical, por su parte, parte de una primera premisa que es la homologación del salario base a la media de las personas trabajadoras dependientes de la Administración Local y Foral. Denuncian que en otros ámbitos privatizados dónde el 90% de trabajadores son varones -como la limpieza de calles, por ejemplo-, la diferencia salarial respecto al suyo es de 6.000 euros anuales (30%).

La patronal se escuda en que «estamos hablando de que un auxiliar cobra 1.400 euros y trabaja 35 horas semanales. Creemos que la situación es sustancialmente mejor a la de hace una década. Además, los centros no pueden superar los presupuestos financiados por la Diputación».

Desde el ente foral, por su parte, piden a ambas partes que vuelvan a sentarse a negociar y apuntan que la diputada de Política Social, Maite Peña, tratará de mediar y hacer todo lo posible para que así sea. «Es muy importante que se firme un convenio provincial que dé estabilidad para poder afrontar el reto del envejecimiento de la población. No obstante, como Diputación velaremos para que no se instrumentalice ni a las personas mayores ni a sus familias, y para que se garantice su adecuada atención», explicaron.

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