El nuevo Gobierno hereda 23 directivas en riesgo de multa

Apenas acaba de aterrizar el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que el día 8 de junio celebró su primer Consejo de Ministras y Ministros en la Moncloa, y ya tiene tareas que no puede aplazar más. No responden a promesas del líder socialista cuando estaba en la oposición ni tampoco a posibles guiños a sus socios de nuevo cuño, sino a obligaciones pendientes con la UE. Y eso son palabras mayores vistas las experiencias pasadas. No se trata ya de cumplir con el objetivo presupuestario y no pasarse del 2,2% sobre el PIB comprometido con Bruselas –en la Comisión (CE) prevén que se desvíe hasta el 2,6%y el FMI estima un 2,5%, sin contar medidas sorpresa del gabinete Sánchez–, sino de cumplir con normas europeas aprobadas ya hace tiempo pero aún no adoptadas por la legislación española, al menos no del todo.

El anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, sabedor de la complicada situación en ese sentido, aprobó en febrero un plan de acción específico ligado a su programa normativo para 2018. E insistió en que era «vinculante» para todos los ministerios, que debían elaborar de forma «urgente» sus propias medidas para «actualizar» todos los planes de adaptación de directivas comunitarias.

De manera especial se puso el énfasis en 23 de ellas –la mitad de las 52 directivas que había programado transponer en 2018–, «en riesgo de multa» para España debido al largo retraso acumulado, superior en bastantes casos al año. Argumentó que durante 2016 y 2017 el ritmo se «ralentizó» por la incertidumbre política, primero la repetición de elecciones y después la falta de una mayoría parlamentaria suficiente, pero a Bruselas no le valen mucho las excusas para cumplir con las mismas normas que el resto del club.

En realidad, los socios europeos no suelen ser puntuales para incluir en sus legislaciones los cambios que van aprobando la Comisión y el Parlamento europeos. Incluso la ortodoxa Alemania es, con España, la más incumplidora en ese sentido, ambas con 91 procedimientos de infracción en 2016, último año del que se han publicado datos hasta la próxima actualización este verano. Les siguieron a poca distancia Bélgica (87 casos), Grecia (86), Portugal (84) y Francia (83). Los menos advertidos fueron, con diferencia, Estonia (30), Malta (31) y Dinamarca (34).

La Comisión abrió ese año 1.657 expedientes a los Veintiocho, un 21,1% más que en 2015, y el número de casos por transposición tardía se disparó un 56% (847). Por temas, la gran mayoría tuvieron que ver con el mercado interno, la industria y el emprendimiento (270), así como el medio ambiente (269), la estabilidad financiera y la banca (230).

Pero España también está entre las más señaladas por denuncias de incumplimiento de la legislación de la UE, el paso previo a ser expedientada. En 2016 recibió 424 quejas –el 35% sobre justicia y consumidores, y 46 acabaron en un procedimiento de infracción–, solo por detrás de Italia (753) y seguida de Francia (325). Además, tuvo que ir tres veces a juicio frente a Bruselas (ésta afrontó 28), pero los perdió todos.

Vistos los paquetes de procedimientos de infracción que la Comisión publica cada mes, es previsible que ese panorama no cambiase mucho en 2017. Recibió 52 avisos: 35 sobre nuevos incumplimientos, a una media mensual de casi tres. La mayoría fueron cartas de emplazamiento, la primera notificación formal de que se ha abierto un procedimiento sancionador contra el país. Ocho resultaron dictámenes motivados de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE, o sea, denuncias formales para que éste se pronuncie si el incumplimiento persiste, y otros cinco recursos ante aquel.

Este año las perspectivas no parecen mejores. Hasta principios de junio la CE había lanzado 19 avisos a España, y eso sin contar dos notificaciones sobre asuntos archivados: uno respecto a la directiva sobre acciones por daños relativos al derecho de la competencia, y otro por la normativa nacional de morosidad.

De las advertencias recibidas, casi dos tercios (doce) eran dictámenes motivados, esto es, la última notificación antes de ser denunciada ante la justicia europea. «Si las autoridades no presentan una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses – señalaba en todos los casos–, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE».

De hecho, así ha terminado haciéndolo en tres nuevos casos. En marzo le comunicó que judicializaba el de los planes hidrológicos de cuenca de las islas Canarias, que debían haber sido revisados antes de terminar 2015. «La Comisión ha instado repetidamente a España a cumplir sus obligaciones», se quejaban desde Bruselas, que también le reprochaban falta de información.

En mayo ocurrió algo parecido por el retraso en la adaptación de la directiva sobre las cuentas de pago, aunque al comprobar que parte sí se había hecho rebajó su petición inicial de sanción a 49.000 euros. Y esta misma semana la ha llevado ante el TJUE por no haber establecido aún los «pertinentes» planes de gestión de residuos para «todo su territorio», algo que debía tener listo en diciembre de 2010 y tuvo que haber vuelto a revisar seis años después.

El problema se agranda porque hay otros asuntos a punto de correr la misma suerte. Entre ellos destacan los relativos a las normas sobre mercados financieros (MIFID II) y las reglas prudenciales para bancos y empresas de inversión, adaptadas de forma incompleta. Lo mismo pasa con las normas sobre agua potable, calidad del combustible, eficiencia energética e impacto medioambiental. Y la ley del crédito inmobiliario está ya en rojo, aunque se preveía aprobarla este verano. Veremos si llega.

A simple vista puede no parecer demasiado para un país que registró un déficit público de 36.233 millones de euros en 2017, pero ser con mucho el país más multado por la UE en el último lustro debería ser objeto de reflexión. En total, han sido 53,90 millones de euros desde 2012, cinco veces más que el segundo socio europeo más sancionado.

Ese lugar lo ocupa Bélgica, con diez millones. A continuación aparece Grecia, con poco más de la mitad (5,45 millones), seguida de cerca por Irlanda (4,14 millones). Un escalón por debajo aparece Suecia (2,05 millones). Y no llegan a la frontera del millón, aunque sí han tenido que rascarse el bolsillo, Portugal (387.800 euros) y República Checa (250.000).

Y ello sin contar lo que puede pasar en 2018, pues en lo que va de año España ya acumula tres denuncias ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) pendientes de fallo, que podrían culminar en sanciones temporales coercitivas, es decir, solo hasta que cumpliera con las normas.

Los motivos de las multas que impone la Comisión (CE) desde Bruselas son, sobre todo, tres: incumplir las directivas europeas, trasladarlas con retraso a la normativa nacional o desobedecer sentencias del TJUE. Esto último le pasó a España con la reforma del sector de la estiba, que se encarga de las tareas de carga y descarga de mercancías para los barcos que llegan a los puertos.

Tras sucesivos incumplimientos y dos sanciones distintas llego a sumar más de 24 millones pendientes. La admisión de culpa y su «buena fe» concedieron cierto indulto a España, pues desde la CE redujeron el castigo final a tres millones.

Desde 2012 las arcas españolas han pagado siete de cada diez euros que la UE ha ingresado de sus socios por no seguir las normas. Y eso que solo el 15% de los procedimientos que la Comisión ha abierto a España terminó ante la justicia europea. Pero la lista no para de crecer cada año.