Luces y sombras en la ley que promueve Lakua para las estaciones 'low cost'

El organismo alerta sobre ciertos aspectos de la normativa que quiere imponer el Gobierno Vasco a las gasolineras desatendidas

Julio Díaz de Alda
JULIO DÍAZ DE ALDA

La Autoridad Vasca de la Competencia da una de cal y otra de arena al Gobierno Vasco en su informe -no vinculante- sobre el Decreto de requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para el suministro a vehículos en Euskadi, las denominadas por la propia AVC gasolineras 'low cost'. En términos generales, el dictamen sobre la pretendida normativa es favorable, pero afea al Ejecutivo que imponga exigencias más allá de la lógica o de la equidad en algunos casos y, sin embargo, en otros sea mucho más laxo, como por ejemplo en los requerimientos que pretende imponer cuando la estación de servicio desatendida sea propiedad de una cooperativa.

El dictamen explica que las estaciones desatendidas «se caracterizan por competir de forma más intensa, con efectos muy positivos en términos de precio, calidad, variedad e innovación, por lo que pueden jugar un papel disruptivo en el mercado».

De hecho, recuerda el organismo, presentan «una estructura de costes inferior al modelo tradicional» (lógico, pues apenas crean empleo), lo que les permite unos precios «más agresivos» con una menor inversión. ¿Y cuántas de estas hay en Euskadi? Competencia habla de diez no ubicadas en centros comerciales, además de las cuales encontramos «estaciones con algunos surtidores en régimen desatendido o desatendidas en determinados horarios».

Tras recordar que la legislación estatal permite a las comunidades autómomas «introducir requisitos adicionales» a las estaciones desatendidas, la AVC afina el lápiz y dice que las exigencias del proyecto vasco «no en todos los casos satisfacen adecuadamente los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación».

Así, asegura que «la seguridad no puede constituirse artificiosamente en barrera de acceso al mercado mediante el establecimiento de parámetros excesivos».

En este punto, afirma que no están justificadas, por ejemplo, «la exención de las sociedades cooperativas de los requisitos ligados a la seguridad, la limitación de dispensación para vehículos de masa máxima autorizada superior a los 3.500 kilos, los límites de viento establecidos que obligan al cierre o a la actuación en régimen atendido o la exigencia de asistencia de personal de la instalación en la operación de descarga del camión cisterna».

 

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