El Gobierno Vasco pide al central que la futura ayuda a parados de larga duración sea compatible con la RGI

El Gobierno Vasco pide al central que la futura ayuda a parados de larga duración sea compatible con la RGI

El Ejecutivo de Sánchez quiere aprobar la próxima semana un real decreto para que se vuelva a cobrar los 430 euros mensuales del antiguo PAE

XABIER GARATE y LUCÍA PALACIOS

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha reclamado este miércoles a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que para las ayudas del nuevo sistema asistencial de protección por desempleo a parados de larga duración que quiere aprobar el Gobierno central en agosto se atienda «la compatibilidad y la complementariedad» con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Valerio ha anunciado en rueda de prensa, tras su primera reunión de la conferencia sectorial de Empleo, que el Gobierno negocia con las comunidades autónomas y los agentes sociales un real decreto para modificar el texto del Programa de Activación para el Empleo (PAE), esa ayuda que ya se extinguió el pasado mes de abril, y que quiere que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo 3 de agosto. Para ello ya han estimado que tendrá un coste de 50 millones de euros. De esta manera, cerca de 42.000 beneficiarios del PAE que se habían quedado sin esta ayuda de 430 euros al mes sin haberla agotado por reincorporarse a un trabajo, podrán reengancharse de nuevo a ella por el tiempo que les quedaba tras volver a estar en situación de desempleo y no disponer de ninguna fuente de ingresos.

Cerca de 42.000 beneficiarios del PAE que se habían quedado sin esta ayuda de 430 euros al mes sin haberla agotado por reincorporarse a un trabajo podrán reengancharse de nuevo

La ministra también ha avanzado que este tema lo abordarán en la mesa de diálogo social que se reunirá este jueves y terminarán de cerrarlo en las nueva conferencia sectorial que se hará la próxima semana «por vía telemática». Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo trabaja -igual que lo hizo el anterior del PP- para «dar una vuelta a todo el sistema de protección asistencial por desempleo» con el propósito de unificar todas las ayudas en una.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, preside la LXXI Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales en Madrid
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, preside la LXXI Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales en Madrid / EP

Ante el cambio de postura del Gobierno central, la consejera Artolazabal ha respondido a la ministra por medio de un comunicado. Le ha pedido que ese real decreto respete el nivel competencial de Euskadi en la materia, «de acuerdo a las recientes sentencias sobre los planes Prepara y PAE que atribuyen a las comunidades autónomas esa competencia». Ha insistido en que la reforma se se atienda «la compatibilidad y la complementariedad» con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Y es que hasta ahora muchos parados de larga duración del País Vasco preferían renunciar a la ayuda estatal de 430 euros al mes y acogerse a la RGI que gestiona Lanbide debido a que de esta forma recibían más dinero.

La consejera, que ha participado en la conferencia sectorial, ha reconocido una «buena recepción por parte del Gobierno central en cuanto al respeto al marco competencial y el desarrollo de las políticas activas de empleo».

La consejera del Gobierno Vasco ha destacado de la reunión las cinco líneas de trabajo del Ministerio de Trabajo: reformar el subsidio actual de los mayores de 55 adelantándolo a 52 años; elaborar un plan estratégico de empleo juvenil con la colaboración autonómica; ligar la formación para el empleo con la reglada y la dual; la realización de un plan de empleo específico para parados de larga duración y mayores 45 años, y la reorganización del sistema asistencial de protección por desempleo.

El Gobierno central quiere reformar el subsidio actual de los mayores de 55 adelantándolo a 52 años

Artolazabal ha destacado que Euskadi trabaja ya en varias de las líneas expuestas, especialmente la relativa a formación y recualificación, y ha recordado el principio de «bilateralidad para avanzar en la mejora de las políticas de empleo». Ademas, ha solicitado que la Ley de Garantía Juvenil simplifique los requisitos solicitados a los jóvenes para acceder a la condición de garantía juvenil que se trata de una política activa de empleo y, tal y como ahora está planteado por el Estado, puede suponer «una invasión de competencias».

Como ha señalado Artolazabal, la ministra Valerio ha subrayado ante los periodistas que quiere recuperar el subsidio para los mayores de 52 años. El Gobierno del PP elevó en 2012 la edad de 52 a 55 años a los mayores en situación de desempleo de larga duración para poder cobrar una ayuda de 426 euros hasta que le llegara el momento de la jubilación, al tiempo que endureció los requisitos al exigir que se tuvieran en cuenta las rentas familiares y no solo las individuales, dos aspectos que la ministra tiene intención de derogar.

En la conferencia sectorial de empleo se ha acordado también el reparto complementario de 71,3 millones de euros a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Esta cantidad se añaden a los 2.054,8 millones de euros, distribuidos en la conferencia sectorial, celebrada el pasado día 17 de abril, dado que la cuantía destinada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, es mayor y alcanza la suma de 2.126,1 millones.