Sánchez abre la mano y Urkullu invita a la industria a mantener la actividad

El mar de incertidumbres en el que sobreviven las empresas de Euskadi desde que, el pasado sábado, el Gobierno central apostara por el cierre casi total de las empresas en pro de la lucha contra el coronavirus -lo que provocó, también por las formas, un notable enfado en Confebask, sus asociados y hasta en el propio Gobierno Vasco- vivió este martes una intensa jornada que terminó con un giro sorprendente.

Y es que el Gobierno de Iñigo Urkullu -en este caso, el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras-, después de atender y analizar las explicaciones ofrecidas por la vicepresidenta tercera y responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, apostó por -con la seguridad de los trabajdores como premisa- recomendar a la industria que mantenga su actividad. No en términos absolutamente generales, pero casi.

El gabinete dirigido por Arantxa Tapia, envió a última hora de la tarde a las empresas de la comunidad autónoma (y también al propio Ministerio de Industria y al delegado del Gobierno, Denis Itxaso) una nota aclaratoria que, en pocas palabras, les invitaba a mantener una pequeña llama de actividad encendida en las plantas, las factorías y los talleres.

Una suerte de motor al ralentí con el que poder retomar la actividad con mayor solvencia y fortaleza cuando pase por completo la crisis sanitaria.

Ese mensaje trasladado al corpus empresarial vasco, al que tuvo acceso DV, aclara «la posibilidad que existe de mantener también la actividad de aquellas empresas que no siendo catalogadas como esenciales, pertenezcan a la cadena de suministro y que resulten imprescindibles para la correcta prestación de los servicios calificados como esenciales». Era, en definitiva, una interpretación extensiva de lo planteado por el Ejecutivo de Sánchez.

El detonante de este cambio de escenario hay que buscarlo, en primer lugar, en un escrito aclaratorio elaborado por el Ministerio de Industria y difundido a toda España por la mañana. Un texto con el que el equipo de la ministra Reyes Maroto trataba de despejar la incertidumbre reinante entre las empresas ante un real decreto-ley farragoso, poco clarificador y nada sencillo de interpretar. Una norma que dejaba a los pies de los caballos a multitud de firmas a las que en apenas 24 horas (las que mediaban entre la publicación de la norma en el BOE y el final de un mínimo periodo de gracia) se les obligaba a, en cierto modo, apagar sus plantas, en un movimiento sin sentido técnico o económico.

En esa matización inicial, Industria abría la primera puerta a la vuelta a la actividad al señalar que «la industria manufacturera se considera esencial en la medida en que su actividad sea necesaria y esté destinada a proveer de los bienes y materiales necesarios para el desarrollo delos sectores esenciales establecidos en el anexo del Real Decreto-ley».

Esto es, la manufactura, también la vasca, podía abrir si trabajaba para quienes estaban autorizados. Eso sí, apuntaban desde el gabinete de Maroto, se debería «emplear únicamente aquellos trabajadores que sean imprescindibles para garantizar esta actividad».

Para el resto, Industria apostaba por aplicar el artículo 4 del real decreto-ley que, básicamente, se ha convertido en la varita mágica con la que vencer el cerrojazo inicial. En apenas un párrafo, ese apartado indica que las empresas «podrán mantener una actividad mínima imprescindible». Este último es el verdadero concepto clave.

Esa mínima actividad, añadía el Ministerio, se llevaría a cabo «mediante turnos de trabajo o número mínimo de plantilla, teniendo como punto de referencia la actividad de fines de semana o festivos y, en los casos donde la actividad industrial no tenga esta referencia, tomando los periodos de más baja producción».

Una senda, como explicó después Nadia Calviño, tras el consejo de Ministros, concebida sobre todo para instalaciones electrointensivas (aquellas en las que la energía supone más del 50% de los costes fijos) o en las que una parada prolongada durante varios días causara daños que pudieran impedir la nueva puesta en marcha.

Lo que el Gobierno Vasco ha hecho, en realidad, es, ante la falta de claridad del real decreto-ley y en base a esa nota de Industria, interpretar por sí mismo aquel concepto de 'actividad mínima indispensable'.

¿Y qué entiende el equipo de Iñigo Urkullu por tal? Pues, «aquella que posibilite a la empresa mantener un estado interno óptimo y una actividad productiva suficiente, y que permita evitar situaciones traumáticas (pérdida de pedidos, sanciones por incumplimientos contractuales, ...), que puedan desembocar en el cierre de la actividad».

El Gobierno Vasco ha recomendado a las empresas la elaboración de un protocolo organizativo en el que se recojan las razones del mantenimiento de la 'actividad mínima indispensable' y en el que se haga referencia a las personas específicas que deben acudir a sus puestos de trabajo.

Otra de las vías abiertas desde Madrid y por la que el departamento de Arantxa Tapia entiende que se puede abordar una actividad más o menos amplia es el referido a la actividad exportadora. Y es que la nota aclaratoria de Industria daba por buena (y factible) la actividad en este campo «en la medida en que se configura como clave del abastecimiento o del cumplimiento de contratos internacionales».