Una reforma fiscal más centrada en las clases medias que en las empresas, y con «lagunas»

Muchas han sido las voces que han tildado la nueva reforma fiscal de Gipuzkoa y Euskadi de mera revisión o retoque. Pero más allá de debates semánticos, este anteproyecto de norma foral, cuya exposición pública para que los partidos en Juntas presenten alegaciones acaba mañana, incluye numerosas deducciones que pretenden aliviar a los colectivos más vulnerables y a las clases medias. Unas ventajas fiscales de las que se beneficiará el 80% de los contribuyentes del territorio, unos 330.000 guipuzcoanos.

Expertos en fiscalidad como el catedrático de Hacienda de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri; el expresidente de Eroski y analista económico, Agustín Markaide; la abogada asesora fiscal de Norgestión, Alicia Gallano; el socio y responsable del área fiscal de BSK Legal & Fiscal, David Hermo, y el presidente del colegio de agentes de la propiedad de Gipuzkoa, José Luis Polo, coinciden en ver una reforma con el foco más en las clases medias que las empresas, y con varias «lagunas». Y creen que Gipuzkoa tendrá uno de los Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con más bonificaciones de la Unión Europea.

Uno de los nombres de referencia en cuestiones de fiscalidad vasca, el catedrático de Hacienda Pública de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri, sostiene que las medidas propuestas «son pequeños retoques sin efectos recaudatorios significativos y que afectará poco a la mayoría de contribuyentes» En su opinión, las medidas «son un lavado de cara amable a una reforma fiscal silenciosa que se lleva desarrollando desde hace años y en la que, en base a supuestas ganancias de crecimiento económico, las empresas, los inversores y algunas rentas altas han obtenido beneficios fiscales sustanciales».

El catedrático tilda al nuevo texto de «mini reforma», con medidas de «apariencia progresista (que no progresiva) que intentan lograr objetivos no fiscales (medioambientales, acceso a la vivienda, conciliación, etc.)». Pero considera «poco realista creer que con medidas fiscales se van a lograr avances significativos en los objetivos señalados. Al final, sólo se desvirtúa la naturaleza del IRPF». Además, espera que esta «mini reforma no sea la antesala de nuevas medidas que, atendiendo a lo que piden diversos grupos de presión, den más ayudas a empresas, inversores y ciertas rentas altas».

La reforma aborda el gran problema de vivienda que hay e incluye numerosas deducciones dirigidas a los jóvenes, uno de los colectivos con mayores problemas de acceso a la vivienda. Pese a ello, «la efectividad de los incentivos en el IRPF para facilitar el acceso a la vivienda es limitada», afirma Zubiri, que no tiene claro que las ayudas a los menores de 36 años para alquiler y compra de vivienda permitan el acceso a la misma a una población con «problemas de empleo, salarios bajos y acceso a los créditos bancarios».

Sobre la bonificación a los arrendadores para estimular que haya más pisos en alquiler, el catedrático de la UPV/EHU sostiene que «mientras no se protejan de forma efectiva los derechos de los propietarios, es dudoso que un pequeño aumento del alquiler neto ponga muchas más viviendas en el mercado». También considera que limitar las ayudas a quienes tengan menos de 85.000 euros es «una buena idea» aunque no está bien formulada. «Tal y como está, ganar un poco más renta puede implicar perder toda la ayuda». Zubiri concluye que «avanzar en la vía del IRPF para facilitar el acceso a la vivienda es un error y los recursos públicos deben centrarse en otras medidas más efectivas».

En materia de previsión social voluntaria Zubiri cree que el nuevo texto intenta que se ahorre más en EPSV y que se realice el cobro en forma de renta vitalicia en vez de en forma de capital. «El primer objetivo es cuestionable y el segundo perjudica al trabajador porque le induce a cobrar su dinero poco a poco en vez de cobrarlo de una vez, que puede ser lo mejor para él porque, en general, la renta anual a cobrar será muy baja (en relación a la pensión pública) y es posible que fallezca antes de cobrar todo lo que le corresponde».

Zubiri también se muestra crítico con las medidas relacionadas con la conciliación y la mujer que, «son bienintencionadas y proyectan una buena imagen, pero son ineficaces». Pone como ejemplo si bonificar un 15% las rentas de las mujeres empresarias va a traducirse en un mayor número de las mismas, o si una bonificación de poco más de 1.000 euros va a estimular que las personas se tomen permisos no remunerados para el cuidado de hijos. «La respuesta es claramente 'no'. Parecen más premios a determinadas acciones que incentivos con efectividad significativa». Y lo mismo se puede decir de muchas de las bonificaciones medioambientales, señala.

La reforma, según Zubiri, tiene «algunos elementos progresivos como el aumento de la deducción por rendimientos del trabajo para las rentas más bajas, la pequeña subida de los tipos sobre el capital para las más altas o el límite de renta para la deducción de vivienda, pero globalmente no es progresiva porque la mayoría de medidas (EPSV, fiscalidad verde, impulso del tejido productivo, conciliación, tipos sobre el ahorro, ...) beneficia a las rentas medias y altas»

Sobre qué falta en esta «mini reforma», avisa de que muchos empresarios argumentan que es necesario bajar los impuestos para estimular la actividad económica. «No es cierto. Ningún empresario contrata trabajadores, expande su producción o realiza inversiones porque le den un incentivo fiscal. Por eso casi siempre los incentivos acaban bonificando actividades que, incluso sin incentivo, se hubieran hecho y se traducen en más beneficios empresariales, no en más actividad o empleo. En países como Alemania o Suecia prácticamente no hay incentivos». El catedrático concluye señalando que «desde la perspectiva de tener un sistema fiscal equitativo y con capacidad recaudatoria, esta no es la reforma que necesita Gipuzkoa».

El socio del despacho BSK Legal & Fiscal, David Hermo, sostiene que esta reforma «va más allá de meras correcciones y actualizaciones, al introducirse mejoras relevantes para determinados colectivos de personas vulnerables y clases medias, y para temas de interés como la compra o el alquiler de una vivienda». Hermo apunta que en el «futuro recordaremos este texto como una reforma del IRPF, ya que la progresividad y la redistribución de la riqueza eran el leit motiv de la ponencia en Juntas, y está muy presente en esta reforma».

La promoción y estímulo de la oferta del parque de alquiler y compra de vivienda es uno de los ejes de la reforma. Unas medidas que, a su juicio, «son una apuesta clara por facilitar la emancipación de los jóvenes y un mejor tratamiento fiscal a los arrendadores de vivienda». La cara menos amable en este ámbito la presentan los contribuyentes de rentas altas. «Es la otra cara de la moneda puesto que no van a poder disfrutar de las deducciones por compra o alquiler de vivienda».

El capítulo III del anteproyecto de norma foral, dedicado a la Previsión Social, pone el foco en que las ganancias de las EPSV estarán exentas de tributación si se rescatan en renta mensual. Hermo cree que esta y otras medidas «están justificadas y tienen sentido: la tributación de los 'rescates' sigue siendo igual, si bien la rentabilidad obtenida se deja exenta cuando optas por el rescate en forma de renta, y tributa como un interés normal si te decantas por el rescate en forma de capital (de una sola vez). En materia de aportaciones, se introducen mejoras para fomentar las EPSV de empleo preferentes, y para permitir a los autónomos que gocen de incentivos similares a quienes trabajan por cuenta ajena».

En el reto que tiene la política fiscal de mejorar la competitividad empresarial, Hermo echa en falta «un mayor empuje a la mediana empresa en la inversión en bienes materiales (edificios, maquinaria...) o para la toma de participación o financiación de otras empresas. Y sin olvidarnos de las personas que arriesgan su capital en los proyectos empresariales, ya que se debe evitar al máximo la posible doble imposición a la que se enfrentan cuando entran en juego el IRPF por los dividendos, Patrimonio o Sucesiones».

Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y con un máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros (CEF), la abogada y asesora fiscal de Norgestión, Alicia Gallano, detecta que «a pesar de que el anteproyecto no lleva a cabo una revisión integral del sistema tributario guipuzcoano, el enfoque de la norma es innovador, ya que tiene como vocación adaptar nuestro sistema fiscal a los grandes desafíos de hoy, como la economía digital, los objetivos ambientales, las nuevas formas de trabajo o la conciliación, manteniendo la progresividad como eje central». A juicio de Gallano, los incentivos fiscales «son numerosos y algunos de calado. Es destacable la larga lista de deducciones que pretenden aliviar a las personas más vulnerables y a las clases medias», aunque deja en el aire si adaptarse al nuevo entorno a través de estas ayudas fiscales «es la mejor solución».

Especialista en el ámbito del asesoramiento tributario a grandes patrimonios, altos directivos y grupos familiares nacionales e internacionales, Gallano califica con un «notable» al apartado dedicado a la vivienda. «Es notable el incremento en la deducción aplicable para los jóvenes que opten por acceder a una vivienda de alquiler, que ascenderá al 35%. También se valora como positiva la mejora del tratamiento fiscal para los arrendadores, que se beneficiarán de bonificaciones del 30% y de la consideración de renta del ahorro en los alquileres de vivienda permanente. Se apuesta así por un sistema que concilie los beneficios fiscales de los inquilinos y de los propietarios. Estos incentivos fiscales a la compra y alquiler serán sin duda bien recibidos por la población y cabe esperar que contribuyan a aumentar el parque de vivienda».

Sobre la escalada de los tipos del ahorro y la permanencia del Impuesto de Patrimonio, Gallano avisa de que «puede resultar en una presión fiscal excesiva sobre algunos ahorradores y empresarios. Este marco puede ser desincentivador para el esfuerzo y el ahorro, suponiendo también una barrera de entrada al talento de otros países». Recuerda además que la fiscalidad patrimonial de nuestro territorio «resulta muy gravosa» y que tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas «no existen en la mayoría de los países europeos».

Por otro lado, la asesora fiscal de Norgestión aplaude que la legislación guipuzcoana «viene esforzándose durante los últimos tiempos por ofrecer incentivos a la empresa familiar que son más amplios que los de la mayoría de los territorios. Es un gran logro y contribuye a la protección del tejido productivo, aunque quizás habría sido deseable una revisión del régimen de empresa familiar para alcanzar una mayor simplicidad de las reglas que facilite el cumplimiento normativo». Respecto a los requisitos para que la transmisión de la empresa familiar no genere una ganancia patrimonial, «es de agradecer la ampliación a dos años del plazo para que el empresario que transmite el negocio deje de ejercer funciones de dirección, lo que contribuirá a que los empresarios guipuzcoanos puedan afrontar los procesos de sucesión empresarial de manera más ordenada».

El expresidente de Eroski y analista económico, Agustín Markaide, entiende que esta reforma «no se corresponde con las expectativas generadas antes de comenzar con los trabajos. Se trata de un reforma 'suave', con muchos retoques, pero no se modifican cuestiones estructurales ni se emplazan cambios para el futuro. Son las clases medias el centro de atención de las medidas más notables».

Sobre unas de las cuestiones que más discrepancias ha generado el anteproyecto, Markaide considera que la «falta de progresividad» está muy condicionada por el importante peso de los impuestos indirectos que, en términos globales, son «regresivos», ya que las rentas más bajas soportan estos tributos en un porcentaje de su renta «mayor». Adicionalmente, a juicio del expresidente de Eroski, las rentas muy altas «tienen un menor grado de tributación al disponer de más mecanismos legales para transformar ingresos en incrementos de patrimonio o como rentas del capital».

Una de las medidas estrella en pos de esa progresividad es la elevación del mínimo exento para realizar la declaración de la Renta hasta los 19.000 euros anuales. «Hay que confiar en que esta medida se complete con un cambio o reducción en las tablas de retención para esas rentas inferiores a esa cantidad, ya que a día de hoy pueden estar teniendo retenciones de hasta un 9% de su salario bruto. Se trata de una medida incompleta que también debería haber reflejado una actualización de las tablas de tributación con la inflación».

Bajando al detalle de la reforma, Markaide entiende que las medidas destinadas a resolver el gran problema de la vivienda «no cambian sustancialmente las condiciones a la hora de comprar o alquilar una casa», y sostiene que la vivienda seguirá siendo «cara durante años». En materia de prestaciones, califica como «buena» la apuesta por incentivar estos modelos complementarios a la pensión, especialmente para los autónomos. Por último, cree que la sociedad debe «proteger a las empresas en su competitividad, también en la fiscal, mejorando si es posible a los territorios con los que competimos».

Como resumen, el analista cree que «hay muchas cuestiones que no se resuelven solo con la recaudación de impuestos (la escasez de vivienda, la conciliación familiar, la brecha de género,...)», aunque la legislación fiscal sí sirve para emitir señales a la sociedad sobre la dirección deseada, «pero hay que usar la palanca del gasto público».

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