Los empresarios discrepan sobre el efecto del cambio de plazos en su tributación

Juan Rosell, presidente de la CEOE./
Juan Rosell, presidente de la CEOE.

La CEOE dice que la medida que pretende el Gobierno les supondrá “menos y peor financiación”, pero el Círculo de Economía estima que “no tendrá un gran efecto”

JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El cambio en los plazos del pago anticipado del impuesto de sociedades, que el Gobierno ha ofrecido a sus socios de la UE para reducir al mínimo la probable sanción por no hacer lo suficiente para reducir el déficit público, ha generado inquietud entre los empresarios. Sin embargo, no todos piensan que el golpe a sus cuentas no se trata de pagar más, sino de hacerlo antes resulte al final tan negativo.

Entre los más críticos con la medida destaca el presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien dijo este miércoles que supondrá «menos y peor financiación», al reducir las posibilidades de las empresas de poder jugar con su volumen de ingresos a lo largo del año y paliar así los gastos sin tener que recurrir en exceso a ayuda externa.

Reconoció, no obstante, que el Ejecutivo «no puede mirar hacia otro sitio» para captar recursos porque la riqueza del país «sale de las empresas y los particulares». «No hay más», lamentó. Sin embargo, pidió que esa menor financiación para el sector privado también se traslade al público, por ejemplo, reduciendo su todavía elevado nivel de morosidad.

"Exceso de liquidez" aparente

Más conforme con la medida que planteó el martes el Gobierno, aún en funciones, se mostró el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, quien dijo incluso que buena parte de las compañías, sobre todo las grandes, tienen actualmente un «exceso de liquidez», derivado de unos «márgenes elevados» que no se han traducido en inversiones. Por eso, «en un escenario como éste», no cree que un mayor anticipo a cuenta «tenga un gran efecto en la dinámica empresarial».

El Ministerio de Economía estima que se pueden obtener 6.000 millones de euros, de los 10.000 que ha prometido ante Bruselas captar anualmente para cumplir con el tope déficit público que impone la Unión a España, adelantando el período de pago de impuestos e incluso subiendo el porcentaje de ese anticipo.

 

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