Bildu rechaza bajar los impuestos en Gipuzkoa

La propuesta del diputado general de Araba, Javier de Andrés, de plantear a Gipuzkoa y Bizkaia una rebaja fiscal al calor de la incipiente recuperación económica y del aumento que está registrando la recaudación cosechó ayer el rechazo del resto de instituciones, entre ellas de la Diputación guipuzcoana. La diputada foral de Hacienda, Helena Franco, fue tajante al respecto y la consideró «desfasada y trasnochada», al tiempo que destacó que «implicaría nuevos recortes sociales». Por lo tanto, un no rotundo en línea con la política del Gobierno foral de mantener unos buenos niveles de recaudación para «poder redistribuir mejor la riqueza».

No fue la única en pronunciarse respecto a la noticia adelantada ayer por este medio, ya que también lo hicieron el portavoz de la Diputación vizcaína, Unai Rementeria; el del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka; y el PSE, aunque con argumentos distintos. Así, mientras el primero tachó la iniciativa de «desleal» por plantearla públicamente sin llevarla al Órgano de Coordinación Tributaria, «que es donde se abordan estas cuestiones», el Ejecutivo vasco «no ve sensato promover nuevas reformas fiscales cuando la última no ha desplegado sus efectos, ya que se ha empezado a aplicar este año».

Por su parte, el PSE coincide en su argumentación con la diputada de Hacienda guipuzcoana, ya que cree que este tipo de medidas «casi siempre son el preludio de recortes sociales generales».

Los responsables de las instituciones vascas se han visto sorprendidos por una propuesta que no esperaban, ya que la última reforma fiscal, pactada entre el PNV, el PSE y el PP, entró en vigor en enero en los tres territorios. En cualquier caso, el aumento de la recaudación fiscal en los últimos meses, que se espera continúe con la recuperación económica, ha alimentado una propuesta por parte de la Diputación alavesa que coincide con el llamamiento realizado antes del verano por la patronal vasca Confebask, que se pronunció en dicho sentido; es decir, reclamó a las haciendas forales que se planteen una rebaja de impuestos una vez que empiece a consolidarse el aumento de la recaudación.

De Andrés ha tomado la delantera y ha planteado al resto de diputaciones una propuesta que contempla una rebaja fiscal a las familias con rentas inferiores a 31.000 euros, cuya aplicación sería progresiva en los dos próximos ejercicios y supondría un ahorro medio de 440 euros para 92.000 contribuyentes. La misma incluye, además, un aumento de hasta el 12% de la deducción por hijos y menos presión fiscal para el ahorrador. También plantea incentivar con 600 euros cada contrato laboral no indefinido. Unas medidas que tendrían un impacto negativo para las arcas forales de 300 millones de euros.

Una cifra nada desdeñable. Pero más allá del impacto concreto de las mismas, la propuesta choca de frente con la filosofía que defiende Bildu en la Diputación de Gipuzkoa: mantener un cierto nivel de recaudación para poder hacer frente a las necesidades del territorio y sobre todo «poder redistribuir el dinero entre los que más lo necesitan». Por ello, su diputada de Hacienda, no dudó en considerarla extemporánea y «no acorde con una economía avanzada, como las europeas, que tienen una presión fiscal más elevada que la nuestra».

Helena Franco, que compareció por primera vez en las Juntas Generales tras las vacaciones estivales, señaló, a preguntas de este medio, que la presión fiscal de Gipuzkoa se sitúa en el 30% frente al 40% de la media europea, con lo que una rebaja fiscal «nos alejaría aún más de una convergencia con los países más avanzados».

En este sentido, indicó que en tiempos de crisis «no se puede hacer una subida generalizada de impuestos, pero alejarse aún más de Europa está fuera de lugar». En su opinión, las consecuencias de una rebaja fiscal serían claras: nuevos recortes, con lo que se empeorarían las condiciones de bienestar social y se restarían recursos al sector público para poder apoyar a los más necesitados y relanzar el tejido productivo».

La diputada de Hacienda cree que en el fondo subyacen los diferentes modelos económicos y fiscales. «Habría que definir cómo queremos ayudar a las rentas más bajas y a los más necesitados, con una rebaja de impuestos o con más gasto». La postura de la Diputación de Gipuzkoa es clara al respecto.

«Deslealtad institucional»

Bizkaia también se desmarcó de la propuesta de Araba, aunque en este caso puso más el acento en la forma que en el contenido de la misma. Su portavoz, Unai Rementeria, indicó que esa Diputación desconoce la misma «más allá de lo publicado», aunque consideró «una deslealtad institucional que se comuniquen estas cuestiones a través de los medios» y recordó al diputado general de Araba que «el procedimiento correcto es plantear las propuestas en el Órgano de Coordinación Tributaria», organismo que reúne al Gobierno Vasco y a las tres diputaciones para tratar de cuestiones fiscales.

Rementeria tachó la propuesta de «electoralista» y de seguir los pasos propuestos por Rajoy. «Parece pretender aplicar la bajada de impuestos que impulsa el Gobierno central». Pero recordó, como también lo hizo el Gobierno Vasco, que en el País Vasco existe un acuerdo muy reciente firmado también por el PP, por lo que dio a entender que todavía no toca mover los impuestos y menos dar un giro a los mismos.

En cualquier caso, subrayó que la Diputación de Bizkaia «no actúa ni actuará» como lo ha hecho el diputado general de Araba y añadió que el Ejecutivo foral vizcaíno y el PNV «actúan con responsabilidad».

Al Gobierno Vasco tampoco le gustó la propuesta, máxime cuando aún no ha surtido efecto la última reforma fiscal. Su portavoz, Josu Erkoreka, indicó que el Gabinete de Urkullu«no es partidario de promover ahora reformas fiscales», aunque destacó que la soberanía fiscal corresponde a los territorios y «son libres para impulsar modificaciones».

Más tajante se mostró el PSE, que indicó que «la ciudadanía ha comprobado en sus carnes que la reducción de ingresos públicos por la bajada de impuestos a unos pocos se traduce luego en reducción del gasto social y recorte de los servicios públicos a la mayoría de la gente».

Los socialistas consideran que la propuesta de los populares no obedece a las necesidades de la sociedad vasca, sino que surge «a rebufo de los intereses electoralistas del PP en el resto de España». En este sentido, recordó también que la reforma fiscal aprobada en Euskadi buscaba obtener más recursos para impulsar la economía y el empleo y para sostener los servicios sociales. A su entender, dicha medida «está siendo exitosa, pero todavía está empezando a aplicarse y no ha desarrollado todos sus efectos». Además, recuerda que no se pueden estar modificando de forma continua los tributos y que todo cambio debe llevarse «con una visión global». El PSE instó a De Andrés a «afrontar con mayor decisión y eficacia la lucha contra el fraude fiscal».